José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Las reformas a la ley burocrática del estado
Sábado 29 de Septiembre de 2018
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El miércoles de la semana pasada entraron en vigor las reformas a la ley burocrática del estado, las que fueron publicadas el martes 18 de septiembre de la anualidad que transcurre, al haber sido publicado el decreto 561 en el Periódico Oficial del estado, mediante el cual la LXXIII legislatura del Congreso del Estado reformo veintisiete artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, esta ley regula las relaciones de trabajo entre la Administración Pública y sus empleados así como entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, por lo tanto regula el trabajo de los burócratas, fuerza de trabajo muy considerable, para el desarrollo de Michoacán.

Un poco de historia. En el año de 1960 se le adiciona al artículo 123 un apartado B regulando ahí las relaciones de trabajo entre los burócratas y el estado como patrón; reforma constitucional que tuvo su efecto para los estados hasta el año de 1983 en que las entidades federativas podrían legislar en materia de derecho burocrático, siendo Michoacán una de los primeros estados en darse una ley burocrática.

La ley burocrática de Michoacán fue promulgada hace 35 años un 30 de junio de 1983, norma jurídica que le da vida institucional al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia jurisdiccional que para ese entonces tenía naturaleza administrativa, es decir carecía de coercitividad -fuerza de ley para hacer valer en contra de la voluntad de las partes sus decisiones, que en materia de trabajo se llaman laudos-; el tribunal burocrático inicia sus labores como un juzgado vespertino en el año 1981.

"La LXXIII legislatura se distinguió por aprobar leyes en contra de la ciudadanía en general, de la Universidad Michoacana y al final en contra de los trabajadores al servicio del estado"
(Foto: Especial)


Durante tres décadas y media, nada pasaba con la ley burocrática, en este espacio de opinión me pronuncie sobre el desamparo en el que el Constituyente permanente dejo a las relaciones de trabajo burocrático al no pronunciarse sobre la pertinencia de colocar a ese tipo de conflictos bajo la tutela del poder judicial, pese a que en este Tribunal se dan los mismos vicios que en las juntas de conciliación, como la corrupción que puse de manifiesto en un artículo que intitule El Tribunal Burocrático, su presidente di cuenta en otra colaboración de cómo se acumulan salarios caídos en perjuicio de las entidades burocráticas por la ineficiencia del tribunal para hacer efectivos sus laudos, pero sobre todo en perjuicio de los trabajadores que pocas veces ven reflejadas en dinero las sentencias que obtiene de ahí que los laudos sean poquito menos que inejecutables.

Y de pronto aparece la reforma a la ley en comento sin estudios de reflexión, ni opiniones de doctrinarios, mucho menos consultas a los trabajadores que se les van a aplicar. A reserva de hacer un análisis minucioso de la reforma artículo por artículo, en esta ocasión abordare tres cuestiones que son en perjuicio de los trabajadores y que seguramente serán motivos de amparo.

Comenzare por el tema de la supletoriedad, recordando que esa institución jurídica está considerada en todas las leyes o códigos para remitir a un ordenamiento diverso todas aquellas situación que la ley originaria no contemple y sobre el particular el artículo 8° de la ley burocrática aparece que inicialmente es la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del estado la supletoria, cuando antes de la reforma la ley supletoria era la Ley Federal del Trabajo y aquí el retroceso se da en atención a que la Ley Burocrática Federal, tiene una protección más acotada que la que concedía el anterior ordenamiento; por lo anterior la reforma en esta parte viola los derechos humanos que se derivan del Artículo 1° Constitucional, porque ya no se podrán interpretar y aplicar en caso de conflicto la norma que brinde la protección más amplia.

Un segundo aspecto son los salarios caídos, estos quedaron reducidos a doce meses, es decir, que solo se pagara un año de salarios caídos, así como el pago de intereses de quince meses al dos por ciento mensual por lo que la reforma está considerando que los asuntos en trámite estarán durando dos años y medios cuando, la realidad es que el tiempo promedio es de cuatro a seis años para dictar laudo, buscando absolver al patrón, por lo que muchos asuntos como se dice en el argot de la litigada se tienen que enderezar en amparo con el aumento de tiempo que ello significa -en el más optimista de los plazos seis meses-.

El tercer aspecto es la falta de la figura de la conciliación como un medio preponderante para resolver conflictos individuales, el que debiera estar bien especificado e incluso sobre regulado, no sujeto a una interpretación como quedo apenas dibujado en el artículo 104 cuando el autor de la reforma -toda vez que es evidente que los diputados solo aprobaron (la LXXIII legislatura se distinguió por aprobar leyes en contra de la ciudadanía en general, de la Universidad Michoacana y al final en contra de los trabajadores al servicio del estado)- señala que “En el caso de no lograr el arreglo conciliatorio” es decir que el que asesoró para presentar la iniciativa de reforma no conoce la tramitación laboral burocrática, esos son los riesgos de no conocer la materia y presumir de conocedores ahí está el disparate legislativo en forma de ley.

Por lo anterior, cuando menos en estos temas lejos de legislar a favor de la clase trabajadora los representantes populares en materia de supletoriedad ponen en primer término una ley que protege menos que la anterior; por otra parte, en lugar de hacer del Tribunal un organismo autónomo con patrimonio propio y suficiente para atender la gran cantidad de asuntos, mismo que dé respuesta a la problemática social y jurídica, le cancelan prácticamente los salarios caídos al trabajador y que los asuntos duren lo que quieran, en este aspecto pareciera resolver una petición de los titulares de los tres poderes, así como de las empresas descentralizadas y los ayuntamientos, para que impunemente despidan a los trabajadores ¿y la carrera civil? bien gracias, la reforma en este aspecto ataca las consecuencias no el origen y finalmente que olvidó, con uno de los principios de la materia de trabajo, la conciliación, será que tendrá que retirarse el vocablo conciliación a la denominación del órgano jurisdiccional y dejarlo solo como un Tribunal de Arbitraje.

Corrupción e impunidad. En este apartado dos cuestiones en materia de corrupción; uno resulta grave que se suspenda una reunión de Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (jueves de esta semana) ante la falta de una de las obligaciones sustantivas del secretario técnico, al no tener una propuesta de presupuesto para el ejercicio del año 2019 situación por la que sigue navegando el Comité de Participación Ciudadana, ya que son los únicos del SEA que están de tiempo completo en esa encomienda y por ley están impedidos para obtener ingresos por otras actividades.

Y dos, la semana pasada en un twit el Ministro Saldívar reconoció que al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe corrupción, habrá que esperar a conocer más detalles.

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