Eduardo Nava Hernández
El núcleo de la corrupción en la Universidad Michoacana
Viernes 28 de Septiembre de 2018
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Por los 43 de Ayotzinapa, por nuestros nueve injustamente expulsados y por muchos más.

La crisis que hoy vive la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que llena las planas de los diarios y de los medios en general no es sólo financiera; no es siquiera principalmente financiera, sino moral y política.

Pocas veces antes, quizá sólo durante el rectorado de Alberto Lozano como producto de la intervención militar de 1966 en los recintos universitarios, mediante el encarcelamiento de decenas de profesores, la expulsión de alumnos y el control de la institución por medio del terror, la llamada Casa de Hidalgo había sido tan envilecida por sus autoridades como en las deplorables administraciones de Salvador Jara Guerrero y su sucesor Medardo Serna González. Nunca como ahora los propios responsables de conducirla habían diluido su espíritu popular, democrático y justiciero, y se había implantado una sutil dictadura que no se atreve a decir su nombre pero que invoca por doquier la tradición del llamado nicolaicismo, su falso academismo sin sustento social y sus lauros obtenidos mediante paga, como los otorgados por el Ceneval (Centro Nacional de Evaluación Educativa). Nunca como ahora se había evidenciado tanto su sometimiento político a los intereses externos, a las tecnocracias gobernantes y a las burocracias del mundillo académico.

Por los 43 de Ayotzinapa, por nuestros nueve injustamente expulsados y por muchos más.
Por los 43 de Ayotzinapa, por nuestros nueve injustamente expulsados y por muchos más.
(Foto: Cuartoscuro)

De nada sirve que en cada ceremonia, discurso cívico o académico se evoquen los nombres de las figuras históricas del nicolaicismo como Quiroga, Hidalgo, Morelos, Ocampo y otros, si el pensamiento y las acciones transformadoras de éstos —siempre marcadas por su orientación eminentemente popular— son traicionados día a día por quienes debieran actualizarlos, y cuando su legado educativo, histórico y cultural se ha sumergido en la corrupción, el patrimonialismo, el nepotismo y sobre todo la marginación de la inmensa mayoría de los universitarios de las decisiones que les atañen de manera directa.

Todos estos problemas, de carácter ético y político-universitario, no se resolverán con que simplemente se incrementen las asignaciones presupuestales para sacar a la institución del atolladero de su insolvencia. El verdadero rescate de la institución universitaria tendría que ser aquel que parta de la acción reformadora de la comunidad universitaria para demandar castigo a los responsables de la bancarrota, modificar una normativa obsoleta y autoritaria y, sobre todo, arrancarla de las manos de las opacas burocracias que se han adueñado de ella, para recuperarla como un proyecto de raíz y destino popular y como patrimonio de todo el pueblo michoacano y del país.

¿Cómo se ha llegado a esta situación de postración de una institución de por sí noble y comprometida con el saber y con el pueblo? La raíz hay que buscarla mucho antes, a hace 32 años, cuando se resolvió autoritariamente y en contra de la comunidad la lucha que ésta había dado desde 1984 para sacudir a la institución de la ley orgánica que la intervención militar promovida por el gobernador Agustín Arriaga Rivera le impuso en 1966. Durante el año mencionado de 1984, y durante 1985, gran parte de la comunidad se movilizó para debatir una profunda reforma a la ley orgánica, de hecho, una nueva ley, que superara históricamente a la del arriaguismo. El producto fue la nueva Ley Orgánica de febrero de 1986, impregnada de un espíritu democrático hacia su interior y de compromiso para con la sociedad michoacana y nacional. Su logro mayor: la supresión de la antigua Junta de Gobierno como un poder casi omnipotente que designaba a rectores y directores de las dependencias y controlaba las finanzas de la propia institución.

Pero, emitida la nueva norma, la obstinación del historiador Raúl Arreola Cortés quien era rector interino, por permanecer en el cargo de manera definitiva, condujo a la institución a un conflicto interno que la empantanó por varios meses. Quien debía haber sido el árbitro entre los grupos que aspiraban a la Rectoría y el garante del cumplimiento de la nueva normatividad emanada de los consensos universitarios y de la voluntad del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas y la del Congreso, se vio a sí mismo como un candidato a continuar en la representación legal de la Universidad Michoacana. De ahí derivó entre junio y septiembre de 1986 el periodo conocido como de los dos rectores: uno reconocido por el gobierno estatal y el federal y otro “sostenido” por un juicio de amparo ante la justicia federal contra la legislación que él mismo había tratado inicialmente de cumplir.

A esa aciaga etapa de la vida universitaria el nuevo gobernador Luis Martínez Villicaña y su secretario general de gobierno, Genovevo Figueroa Zamudio, le dieron una salida antidemocrática y que negaba el espíritu del resto de la Ley, con la reforma del 18 de septiembre a la fracción VI del artículo 8°, reimponiendo a la antigua Junta de Gobierno bajo la modalidad de una Comisión de Rectoría. Si bien este poderoso órgano ya no designa a los directores ni detenta el control financiero, sí designa a los rectores, virtualmente sin transparencia y menos aún tomando en cuenta al resto de la comunidad.

¿Quiénes son estos ilustrísimos que hablan y hacen designaciones en nombre de una comunidad de más de 60 mil universitarios? Sólo ocho personas; cinco de ellos ex rectores más el director con mayor antigüedad en el Consejo Universitario, el profesor decano de la institución y un estudiante, el de mayor promedio, dentro del propio Consejo Universitario. Parece un órgano académico; la Comisión de Rectoría no lo es. La clave está en la mayoría de los cinco ex rectores que la integran; y en esa clave radica el eje de la corrupción universitaria, entendida ésta en su sentido literal como descomposición o degradación material y moral.

El mecanismo es fácil de entender. Cada ex rector, activo o jubilado, tiene la opción de participar en la Comisión de Rectoría si cubre los requisitos formales que la mencionada fracción establece, y a través de esa participación seguir teniendo incidencia en la vida universitaria. El nepotismo ha sido uno de los resultados más directos de esa perversa lógica. El caso más visible en la actualidad es el del secretario de la Universidad, Salvador García Espinosa, quien es yerno de Marco Antonio Aguilar Cortés, uno de los ex rectores que participaron en la designación de Medardo Serna, y de quien se dice que aspira a ser el sucesor de éste. El rector en turno tiene que pagar a sus factores incorporando a su equipo de trabajo a familiares y allegados de éstos. Así, en tiempos recientes vimos a un hijo de Leonel Muñoz Muñoz a cargo del Departamento de Compras, a tesoreros que repiten en el cargo de un periodo a otro y varios etcéteras. No en balde, por ejemplo, en el acta levantada tras la designación de Silvia Figueroa Zamudio se asienta que los miembros de la Comisión la llamaron para anunciarle su decisión y a continuación “le hicieron algunas recomendaciones”.

De los ex rectores miembros de la Comisión de Rectoría recientemente, por ejemplo, el Lic. Fernando Juárez Aranda —que la preside— llegó al cargo cuando su antecesor, Genovevo Figueroa Zamudio pasó a ocupar una diputación federal. Leonel Muñoz fue designado rector cuando el propio Figueroa era secretario general de Gobierno y como producto de la reforma del 18 de septiembre. Daniel Trujillo Mesina recibió la designación cuando Figueroa Zamudio era gobernador interino. Luego pasaron a ser miembros de la Comisión, seguramente con estrechos vínculos políticos con quien los había impulsado o facilitado su acceso a la representación legal de la Universidad. ¿A alguien habrá extrañado que esa Comisión de Rectoría nombrara a Silvia Figueroa Zamudio, la hermana menor del médico Genovevo, como rectora en el año 2007?

Normalmente, por tanto, cada nuevo rector ha surgido del equipo administrativo del anterior o de alguno de los anteriores. En cada designación de rector hay, por tanto, una serie de implicaciones de orden político y administrativo, más que académico. El grupo de ex rectores se ha constituido como un sistema de complicidades, una verdadera camarilla política con intereses personales y de grupo que tiene en sus manos a la Universidad Michoacana y para la que los más de 60 mil universitarios que integran la comunidad no cuentan. La supuesta “academia” es su coartada para marginar de cualquier intervención a esta comunidad a la que, en el propio artículo 8° ya mencionado —y acorde con el original espíritu democrático de la Ley— se hace depositaria de la autonomía universitaria. La reforma villicañista es la negación total del contenido democrático de la Ley de febrero de 1986.

El problema es que, si no se modifica la normatividad del 18 de septiembre de 1986, el mecanismo de burla a la autonomía y a la comunidad universitaria en su conjunto seguirá operando. De hecho, la camarilla ya se prepara para dar un nuevo zarpazo este fin de año haciendo la designación —seguramente durante el periodo vacacional, con la comunidad ausente— de quien pasará a ocupar la oficina principal del edificio de Rectoría a partir de enero de 2019.

Urge, por tanto, que la comunidad universitaria se dinamice en contra de esa posibilidad y presente alternativas acordes con la democracia, con una universidad del siglo XXI y con la nueva etapa que se está abriendo en el país. La era de los cónclaves y la política palaciega debe quedar definitivamente atrás. Y urge que los nuevos legisladores también discutan con nuestra comunidad las alternativas para impedir que un nuevo golpe de una pandilla de patrimonialistas que se ha adueñando de una institución centenaria y con una historia sin paralelo en nuestro país.

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