José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
15 de septiembre y Ayotzinapa
Sábado 22 de Septiembre de 2018
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El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la seguridad pública es una función de los tres niveles de gobierno, por tanto, estará a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios y comprende la prevención de los delitos, pero cuando estos se han perpetrado habrán de ser investigados para establecer una sanción a los responsables. Para (Orellana Wiarco, 2010) “La seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección al ejercicio y disfrute de sus garantías constitucionales y derechos, tarea que el estado lleva a cabo por medio de los cuerpos de seguridad pública, en especial de la policía preventiva”.

La anterior cita la traigo a cuento para hablar del primer ataque terrorista ocurrido en nuestro país, el 15 de septiembre del año 2008 el que sucedió en Morelia, Michoacán previo al grito de Independencia, siendo gobernador del estado Leonel Godoy Rangel y el otro la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa suceso que aconteció el 26 de septiembre del año 2014 en el vecino estado de Guerrero; estos dos hechos a todas luces reprobables e injustificados han tenido un manejo mediato y judicial diferente, mismos que tienen condenando prácticamente a un presidente y exonerado a un exgobernador.

La seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección al ejercicio y disfrute de sus garantías constitucionales y derechos
La seguridad pública consiste en brindar al ciudadano la protección al ejercicio y disfrute de sus garantías constitucionales y derechos
(Foto: Cuartoscuro)

Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre del año 2008. Ese día aciago para la capital del estado, según las crónicas de los medios de comunicación y los videos existentes, estando en la arenga del grito de independencia y teniendo todos los reflectores el gobernador del estado, se escucha un estruendo hueco y se ve una luz que por un instante casi llega al balcón central del Palacio de Gobierno lo que hace distraer brevemente al gobernador y a la dama que lo acompañaba -la que parece que sabía algo porque estaba tensa y a distancia en la medida de lo posible y con un gesto de hasta para allá- así como a los invitados de honor sin embargo la conmemoración del grito de independencia se escenifica y en la calle por primera vez a la gente del pueblo le lanzaron la primera granada habría una segunda se concluye que para que Godoy Rangel entendiera que con la delincuencia organizada “no se juega” eran las épocas en que el estado estaba dominado por los grupos delincuenciales, se entiende cuando menos tres, con los que al parecer había tratos y uno de ellos inconforme, no se sabe cuál, le mando ese mensaje; pero el proposito de esta colaboración nos es adentrarme en los porqués de los grupos criminales; sino en la consecuencias del acto terrorista y la impunidad en la que esta Leonel Godoy Rangel ya que en este 15 de septiembre del 2018 se cumplen los primeros diez años y no hay detenidos por esos hechos delictuosos y quien fungía como gobernador de Michoacán está a punto de subirse al tren presidencial llamado AMLO sin que pesen cargos sobre él.

La prestigiada periodista, Patricia Monreal, señala en un artículo escrito la semana pasada en su portal electrónico Revolución 3.0 que intituló Cobertura del 15-S, “fue una situación que nos rebasó”, señala que el periodista Ignacio Martínez sabia de rumores sobre disturbios el día del grito de ese quince de septiembre del año dos mil ocho, luego entonces sí sabía Nacho (como se le conoce al Dr. Martínez en el medio), no es posible que las áreas de seguridad del gobierno de Michoacán de ese entonces lo ignoraran, en consecuencia, no hicieron las labores de prevención a que se refiere el mandato Constitucional y por ello son responsable por omisión y ningún funcionario de esa administración fue consignado.

Pero, sobre todo, aquí cabe una pregunta ¿que hicieron los grupos sociales de esa época? ¿que hicieron los medios? ¿Qué hicieron los grupos de la universidad que abanderan causas sociales? y la respuesta es nada que tenga una consecuencia jurídica.

Iguala, Guerrero, 26 de septiembre del año 2014. La desaparición forzada de los estudiantes de la Normal rural “Ignacio Burgos” de Ayotzinapa, Municipio de Tixtla,

Guerrero, es otro acontecimiento que tiene como hilo conductor la delincuencia organizada, pero que al igual que el anterior asunto la pretensión es hablar de las consecuencias, en este caso el Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, en ejercicio de la seguridad publica dio la orden a la policía municipal de detener al grupos de jóvenes que habían secuestrado dos autobuses que se dirigían a protestar a Chilpancingo la capital de aquel estado, al parecer la orden tenia implícito entregarlos a las autoridades de facto y que lo era la delincuencia organizada porque el gobierno municipal de los Abarca tenían un jefe superior el grupo delincuencial que los había llevado al poder y que, después nos enteramos, ellos formaban parte de ese grupo hegemónico; en este caso el Munícipe y su esposa están detenidos.

A pesar de ser un asunto municipal o en todo caso estatal por el homicidio de 43 jóvenes estudiantes, sin duda ominoso y deleznable; este era un caso que si dejaba dividendos para políticos de la oposición y grupos sociales y el que permitía vender portadas de periódicos y proporcionaba la nota principal de contenidos de radio y televisión por lo que ha estado en la agenda pública desde entonces, lo que obligó al estado mexicano a atraer la investigación por medio de la Procuraduría General de la Republica y esa decisión marco la administración de Enrique Peña Nieto y pasara a la historia como el responsable de esas muertes porque ahora dicen los normalistas que es un crimen de Estado, cuando fue la delincuencia organizada la que los desapareció y mandó matar, pero como la seguridad pública es una obligación de los tres niveles de gobierno, pareciera que Peña Nieto los ejecutó, lo que resulta equivocado, el actual presidente de la Republica no es santo de mi devoción y no soy quién para defenderlo, para eso tiene una oficina de prensa, pero lo que no hizo tampoco se le debe imputar.

Pero los grupos disidentes del gobierno, los partidos políticos de oposición, los grupos anarquistas y muchos periodistas que le han dado vuelo a esa mentira, hasta llegar a convencer a quienes no están informados que fue el estado por conducto de los militares quienes mataron a los normalistas, lo que es una mentira que parece verdad.

Expediente de varios. Se agrega otra impugnación a la designacion del Fiscal Anticorrupción ya que el Tercer Tribunal Colegiado al resolver la queja 96/2018, le ordeno al Juzgado Cuarto de Distrito que admita a trámite el amparo del maestro en derecho Salvador Sandoval, ya que sí acredita el interes jurídico al haber participado en el proceso de selección por lo que tiene expedito su derecho a cuestionar la forma de la elaboración del dictamen de las Comisiones de Justicia y Gobernación y la determinación del pleno, con lo que aumenta la posibilidad de que se quede sin efecto la designacion de Alejandro Carrillo Ochoa, al no sustentar porqué él, y no otro, fue el designado.

Como una de las últimas disposiciones del Sistema Estatal Anticorrupción por parte de la LXXIII legislatura está el haber realizado reformas al Código de Justicia Administrativa para la designacion del titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa de esa instancia jurisdiccional.

El Comité de Participación Ciudadana, sigue implementando las políticas públicas en materia anticorrupción y como parte de estas hace una invitación a la población en general a una consulta ciudadana en línea sobre la política anticorrupción para participar visita #PolíticaAnticorrupción!

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