Ernesto Hernández Doblas
Nueve expulsados de la UMSNH esperan resolución de segundo amparo
Viernes 21 de Septiembre de 2018
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Morelia, Michoacán.- Del 29 de agosto al dos de noviembre del 2016 estuvo tomada Ciudad Universitaria (CU) y, con algunos intervalos, unidades académicas como la de Medicina, Leyes, Enfermería y el Colegio de San Nicolás y espacios administrativos como Tesorería entre otros.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) vivió meses álgidos no exentos de polarización, violencia e intentos de diálogo que no dieron fruto hasta la fecha en que se celebra el Día de Muertos.

Joel Caro Ruiz, abogado defensor
Joel Caro Ruiz, abogado defensor
(Foto: Ernesto Hernández Doblas)

El Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR), la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) y el Frente Estudiantil Indígena y Popular de Michoacán (FEIPM) demandaban como cada año lugares de manera automática para nuevo ingreso.

El objetivo: apoyar a estudiantes de bajos recursos, principalmente de zonas marginadas, indígenas y campesinas no únicamente de la entidad sino de varias otras del país.

Tanto el gobierno de la entidad como la propia Casa de Hidalgo proveían de recursos para que los jóvenes de la CUL hicieran un recorrido por varios municipios informando sobre las fechas del proceso para inscribirse.

Sin embargo, hace dos años la política de ingreso nicolaita determinó dar un giro a toda esta serie de formas de actuar tanto de la autoridad como de los jóvenes demandantes y ahí comenzó el conflicto referido.

Estalla conflicto interno

Así entonces fue el 29 de agosto luego de varias conversaciones previas, tres meses antes, especialmente entre el secretario general de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa con integrantes de la CUL, que éstos tomaron la determinación de cerrar las puertas de CU e instalarse en toma en demanda de mil 500 espacios para el MAR.

La primera postura del rector Medardo Serna González fue la de no aceptar "chantajes" mediante una toma que calificó de ilegal para exigir así el retorno a la normalidad de manera inmediata.

A partir de ahí se dieron hechos de violencia, con la irrupción por lo menos en tres ocasiones de estudiantes sobre todo de la Facultad de Medicina y el Colegio de San Nicolás que armados con palos, piedras y gritos de agresiones clasistas y de racismo pretendieron liberar las instalaciones de CU, Medicina, Leyes y el Alma Mater de la institución benemérita y centenaria.

Desde adentro de los espacios referidos también se hizo uso de proyectiles para responder a las agresiones dándose batallas campales que en un par de ocasiones fueron detenidas por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) vía gases lacrimógenos, toletes y escudos.

Es de apuntar que asimismo dos veces hubo la intervención activa de funcionarios y empleados de la máxima casa de estudios de la entidad rompiendo candados con extinguidores en la entrada al pasillo rumbo al edificio de Rectoría y forcejeando con los paristas derribando finalmente rejas en la entrada principal de CU.

El 22 de septiembre sin dejar de lado la calificación de la toma como ilegal, el Consejo Universitario tomó la decisión de ofertar una segunda convocatoria de ingreso por medio de la cual se abrían mil 50 espacios más, distribuidos entre Ciencias Sociales, Administración, Ingenierías y en el área de Biológico Agropecuario dejando fuera la Facultad de Medicina que era una de las unidades académicas más solicitadas por los paristas.

Sin embargo, esto no lo hizo para los inconformes de manera especial sino de forma abierta y por medio de otro de los motivos de enojo del MAR: el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por lo tanto, fue rechazado.

Hay que decir que solamente 372 personas se acercaron a la convocatoria del Consejo Universitario.

El dos de noviembre fue levantada la toma con dos compromisos por parte de la autoridad de la Universidad Michoacana; no ejercer represalias contra los jóvenes participantes y abrir un curso de nivelación y el matricularse en la Escuela de Idiomas y de Educación Continua.

Lo primero no sería cumplido ya que comenzaron procesos de sanción con efectos de un año de suspensión en algunos casos y dada de baja definitiva en otros.

Es de apuntar que algunas de las declaraciones reiteradas del rector de la Casa de Hidalgo, durante la mayor parte del conflicto, fueron en el sentido de manos ocultas detrás del mismo, sin nunca especificar o ponerle nombre y rostro a sus dichos.

Nueve expulsados esperan resolución de segundo amparo

Después de los hechos narrados en términos generales, ocho jóvenes del albergue estudiantil Casa Nicolaita y uno del Isaac Arriaga no aceptaron ser suspendidos de manera definitiva, por lo cual junto a su abogado Joel Caro Ruiz interpusieron un amparo por la "ilegalidad" de todo el proceso, el 13 de marzo del año en curso.

En una segunda etapa, Serna González se acercó a ellos, según palabras de los afectados, para solicitarles el retiro de la medida de resguardo a cambio de otorgarles la suspensión por un año.

Es así como la Comisión Permanente del máximo órgano nicolaita emite un documento dirigido al rector firmado por Héctor Chávez Gutiérrez como presidente del Tribunal Universitario, Tannya Verona Rivera Gutiérrez y Flor de María Mora Magallanes, consejeras, alumnas vocales del Consejo Universitario, así como Karla Barragán Díaz y Miguel Ángeles Hernández, consejeros profesores.

Mediante el texto mencionado, se anexa la propuesta y acuerdo conciliatorio celebrado para resolver la revisión del dictamen por medio del cual fueron expulsados los nueve estudiantes.

Parte de la defensa de éstos, consistió en aducir que fueron obligados a participar en la toma del 2016 por determinación de la base del albergue estudiantil al que pertenecían, ya que de lo contrario serían expulsados de ahí.

Con ello además aceptaron entre otras cosas haber ocupado de manera ilegal CU, suspendiendo las labores sustantivas de la Casa, de Hidalgo, "prohibiendo que se realizaran las actividades académicas, de investigación, administrativas y de difusión de la cultura", actuando así de manera indisciplinada.

Cada uno de los nueve expulsados se comprometió a partir de este convenio a no participar en ninguna actividad de daño a la universidad, incluyendo de manera especial la ocupación de las instalaciones.

En el tercer punto del texto se dice: "Por lo aquí analizado y determinado en la parte in fine de la consideración segunda, se propone revocar la aprobada sanción de expulsión definitiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que se le impuso y ejecutó al C. (nombre del imputado respectivo), para que ahora se le imponga la sanción de suspensión de un año de sus derechos escolares".

Líneas más abajo se hace mención de que una vez que sea aprobado el convenio por el Consejo Universitario se giren los oficios correspondientes a varias direcciones como la de control escolar.

Sin embargo una vez que el documento fue discutido en sesión del máximo órgano de la Universidad Michoacana, por votación mayoritaria éste decidió ratificar la suspensión definitiva y los jóvenes interpusieron un segundo amparo en instancias federales.

En recientes declaraciones, Caro Ruiz, abogado defensor, comentó que "una vez que está este convenio, el rector lo que hace es presentar ante el Consejo Universitario ese convenio que él celebró sin ninguna condición, y entonces el secretario del Consejo (Salvador García Espinosa) en esa sesión hace un planteamiento, con el derecho a voz que tiene, donde les convoca a los consejeros a que voten en contra de ese convenio celebrado".

Posteriormente, los nueve expulsados acudieron nuevamente con el rector para demandarle el cumplimiento de lo acordado, con la negativa del representante legal de la Universidad Michoacana.

Caro Ruiz explicó que frente a esa circunstancia lo siguiente es demandar el cumplimiento del documento mencionado ante los tribunales competentes.

De la misma forma dio a conocer que otros siete participantes del albergue estudiantil Issac Arriaga que también fueron retirados de manera definitiva, ganaron finalmente su amparo por "múltiples irregularidades en el proceso", por lo cual tendrá que ser llevado a cabo de nueva cuenta en cuanto a su situación refiere.

Entre las irregularidades del caso referido, estuvo el hecho de que no se permitió a los acusados presentar sus alegatos.

"Conozco el expediente de los nueve expulsados y está lleno de estupideces procesales", remató Caro Ruiz.

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