Proyectos contra la vida

Alma Gloria Chávez

“Ante los proyectos de las élites financieras, necesitamos idear un nuevo modo de producir y de organizar la vida en todo el planeta, que respete la naturaleza, que establezca la convivencia de los seres humanos con todas las formas de vida. Recuperar en la agricultura la producción de alimentos saludables con técnicas de la agroecología, que consiguen aumentar la productividad de la tierra y del trabajo sin destruir, como los campesinos practicaron a lo largo de los siglos”.

Es el planteamiento que hace Vía Campesina en voz de Joao Pedro Stédile, economista y activista social brasileño, líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y puede ser la voz que represente a miles de personas y pequeñas comunidades de medios rurales, que hoy se encuentran enfrentando en América sobre todo, a los grandes proyectos que amenazan con expulsarlos de sus propias tierras: la minería a cielo abierto; los monocultivos que emplean agroquímicos contaminantes de tierra y agua; consorcios hoteleros, campos de golf y grandes centros comerciales o aeropuertos, entre otros.

“La ecología y el cambio climático deben estar en el centro de las preocupaciones humanas. O defendemos la comunidad humana, no como la comunidad primitiva, sino como la comunidad que somos hoy -que cuenta con tecnologías respetuosas del medio ambiente-, o defendemos el dinero, que no piensa en la comunidad”, afirmó Adolfo Gilly, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el foro conmemorativo de los 50 años del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en abril del presente año.

Desde hace más de un lustro, organismos internacionales (como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo) han venido alertando que en el caso particular de México, los llamados “proyectos de desarrollo” representan una gran amenaza para los pueblos indígenas, sobre todo, en vista de que en el país, el derecho a que se les consulte de manera previa, libre e informada, no se cumple. Y en la mayoría de las ocasiones, la consulta se realiza después de que se han iniciado los procesos de devastación, de extracción, de construcción o de cambio de uso de suelo.

Once años después de la adopción en la ONU de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, una de las principales fallas de los Estados firmantes, es reconocer cabalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho (no de “atención”, como sucede en México) y resulta imperativo que los estados busquen la armonización de sus normas internas con las internacionales, sobre todo ante los “proyectos de desarrollo” del gran capital, que amenazan la cultura, los derechos y el estilo de vida de los pueblos indígenas, orillándolos a asumir acciones de defensa que luego el mismo Estado criminaliza.
En el caso de Michoacán, vemos con preocupación la ausencia de propuestas concretas en torno al cuidado y la preservación de los recursos naturales en los últimos diez años, por lo menos. Durante el Foro Estatal de Forestería Comunitaria, realizado en 2008 en la capital michoacana y convocado por diversos organismos, académicos e investigadores de la UNAM, del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada (GIRA) y de las Universidades de California Santa Cruz y Don Vasco, además de comuneros indígenas, se dio la voz de alarma ante el crecimiento irregular e invasivo de la plantación del llamado “oro verde”, que desde aquellos años era utilizada para el lavado de dinero y que no ha dejado de representar, hasta la fecha, la “manzana de la discordia” política en comunidades indígenas. En noviembre de 2008, fecha de la realización del Foro, se ofreció una cifra alarmante: “El cultivo del aguacate se está convirtiendo en el principal enemigo de los bosques michoacanos, a tal grado que ha venido a suplantar alrededor de 500 mil hectáreas que antes eran bosques”.

“Los aguacateros y sus abogados aprovechan cualquier desconocimiento de las leyes y sorprenden a representantes de Bienes Ejidales o Comunales y llegan a enfrentar a los comuneros entre sí”, fue uno de los testimonios vertidos en aquel Foro, además del que ofreció un funcionario estatal, mencionando que “el problema no radica en el fruto en sí, sino de la falta de políticas estatales y federales de ordenamiento territorial y del manejo del suelo”. Situación que, al parecer, no se ha podido o no se ha querido corregir por parte de gobernantes de cualquier partido y por el contrario, en los últimos cinco años han soslayado o permitido, además, el cultivo extensivo de otras especies (como los frutos rojos) que emplean agroquímicos que están contaminando manantiales y mantos freáticos, además de alterar la vocación agrícola de los suelos.

Y para quienes seguimos con atención el curso de los recientes comicios en el Estado, resultó sorprendente advertir que a todos los candidatos les tuvo sin cuidado el cambio de uso del suelo en la entidad, pese a que (según datos de especialistas) anualmente se pierden 60 mil hectáreas de bosque por este delito. Y ni hablar de alguna propuesta clara para el manejo de residuos sólidos municipales, los drenajes vertidos a cuerpos de agua (como el lago de Pátzcuaro), la constante tala clandestina y los incendios forestales.

Ante todos esos anti-proyectos que atentan contra la vida misma, hoy saludamos el inicio de audiencias que el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos se encuentra realizando en cuatro entidades del país. Conformado por entre 20 y 25 jueces expertos en derecho internacional, en las audiencias recibirán y analizarán delitos considerados de “lesa humanidad” en los que ha prevalecido la impunidad por parte del gobierno mexicano, entre ellos los megaproyectos que afectan a comunidades, las hidroeléctricas, las autopistas, el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, la defensa del agua (concesionada a empresas trasnacionales para su embotellamiento o para la minería); la represión contra las normales rurales, los feminicidios y la criminalización de la protesta social.

Representantes del Tribunal expusieron que “una vez que concluyan las audiencias y mesas de trabajo, cabe la posibilidad de que se presenten los resolutivos al nuevo gobierno federal y confiaron en que haya respuesta. Aunque esa no es la finalidad de estos encuentros, sino más bien tratar de incidir en búsqueda de la justicia… que estos temas no sólo queden en el papel y en la discusión”.

Ciertamente, los tiempos que corren nos exigen tomar partido: por el ser humano y todo lo que hace posible su existencia plena, o por quienes en aras de la acumulación y el poder económico corrompen, degradan y contaminan todo a su paso, sin pensar que es vida lo que matan. “Somos naturaleza, y la naturaleza es nuestra condición de vida” (A. Gilly).