Sábado 11 de Agosto de 2018
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Alienta saber que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se propone mirar de frente al país que va a gobernar formalmente a partir del primer día de diciembre. Un país desgarrado, invadido por la barbarie y la impunidad, por la corrupción y la violencia, con enormes desigualdades sociales y un índice de marginación y pobreza que alcanza a la mitad de la población. Los gobiernos anteriores sólo miraban el país que les inventaban y le daban la espalda a la trágica realidad que hoy nos tiene en el rincón más oscuro de nuestra propia desesperación.

Uno de los problemas más graves que tenemos es, por cierto, el de la violencia extrema. Los mexicanos vivimos con la sensación permanente de inseguridad. Una gran herida se ha abierto a lo largo del territorio nacional. Hemos llegado al punto en que todos hemos sufrido de manera directa o indirecta el zarpazo de la violencia, la pérdida de algún ser querido, de algún amigo o conocido. Las víctimas son ya incuantificables, inconcebibles en un país que no enfrenta una invasión o una guerra civil. Nos da la impresión de que el país ha sido despojado de sus valores más preciados y trascendentes y que sólo ha quedado el desprecio absoluto por la vida.

López Obrador y Javier Corral.
López Obrador y Javier Corral.
(Foto: Cuartoscuro)

López Obrador inauguró el pasado 7 de agosto en Ciudad Juárez el primero de los 18 foros para la pacificación y reconciliación nacional que tendrán lugar en varias ciudades, hasta culminar el 24 de octubre en la Ciudad de México. El evento tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, espacio que no fue suficiente para darles lugar a todas las víctimas que deseaban estar presentes. Tanto él como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, escucharon reclamos de quienes han tenido que recorrer un viacrucis interminable para buscar a sus seres queridos y encontrar justicia. Son apenas una muestra de la realidad dolorosa y terrible que prevalece en el país.

Hay que reconocer la voluntad que ha mostrado el gobierno entrante por escuchar a las víctimas. Hasta ahora, las víctimas de esta ola de violencia que no cesa han sido invisibles para el Estado. No han encontrado eco ni respuesta a su clamor de justicia por ningún lado. A veces la tragedia es individual, pero se dan casos en que comunidades enteras se consumen en el sufrimiento colectivo. López Obrador ha puesto nuevamente el asunto en la atención nacional y, desde el poder que está a punto de asumir, se propone llevar a cabo acciones concretas para darle la cara a este problema. De ahí los foros.

Como con otras decisiones que ha tomado en esta etapa de transición, su propuesta con respecto a la pacificación del país ha generado críticas airadas, sobre todo por lo que se refiere al punto del perdón y la amnistía. Es en este punto, precisamente, que su criterio tendría que ser condicionado por el sentir de las víctimas, por la experiencia que han tenido ya en el largo y penoso camino que no han dejado de recorrer. Como sea, el consenso parece ser que primero, antes que cualquier otra medida, se imponga la justicia. Es verdad que el Estado ha sido rebasado por esta tragedia nacional, como lo ha afirmado quien será la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; pero ello obliga, precisamente, al diseño de una estrategia que contemple la inclusión y el compromiso de todos los componentes que conforman el Estado para enfrentar el problema.

Como se vio en Ciudad Juárez, los auditorios no serán suficientes para dar espacio a todas las víctimas que deseen acudir a los foros a exponer su testimonio. Es necesario cambiar la medida. Habría que retomar experiencias que se han dado en el país sobre movimientos de víctimas, como la Marcha por la Paz que encabezó Javier Sicilia en 2011. Fue un espacio en movimiento en donde todas las víctimas que lo deseaban encontraron un lugar para expresar su dolor y su coraje y, a la postre, para construir propuestas concretas de atención. Quizá sea lo que se requiera: impulsar un amplio movimiento para que los encuentros y las consultas se lleven a cabo también en las plazas públicas y en los recorridos que de por sí hacen las víctimas en busca de sus seres queridos.

El de la violencia y la inseguridad es quizá el problema más urgente. No es posible pensar en ningún tipo de desarrollo y bienestar si no se crean las condiciones para que la gente se sienta segura y tranquila, para que el país salga por fin de esta zona de barbarie y dé el salto a otros niveles de convivencia civilizada. Habría que conocer, desde luego, la experiencia de otros países y otros lugares de nuestro propio país donde se han enfrentado a este problema y han podido encontrarle alternativas viables.

Las víctimas no pueden ser vistas como el objeto de la nueva estrategia que el próximo gobierno se proponga implementar. Han de ser sujeto de su propio accionar. Si no es con ellas, trabajando con ellas a ras de piso, aprovechando la experiencia que ya tienen, el empecinamiento irrenunciable, su capacidad de sacrificio, ninguna estrategia va a funcionar. Es necesario reunirlas, organizarlas, construir redes de las organizaciones que ya existen, recoger y sistematizar su experiencia. Pero el Estado debe verse también a sí mismo, reconstituirse, limpiarse. De modo que el compromiso que adquieran sus nuevos componentes sea auténtico y se convierta en un acto permanente al lado del pueblo y de las víctimas.

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