Ismael Acosta García
El tsunami del 2018
Sábado 14 de Julio de 2018
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Nadie, en su sano juicio, esperaba un resultado tan arrollador a favor de Morena en el proceso electoral del 1 de julio. Las olas cardenista del 88 y azul del 2000 quedarán para la historia como medianos referentes del movimiento ciudadano pero, la ola obradorista del 2018, simplemente es un tsunami que arrasó con todo el espectro político que se había previsto en cada uno de los cuarteles partidistas en contienda. Vamos, pues, hasta en el propio del mismo Andrés Manuel y sus correligionarios.

La ciudadanía estaba verdaderamente hastiada de tanta corrupción gubernamental prianista, y estoicamente esperó el momento oportuno para restregarles en su cara el voto ciudadano contra sus atrocidades. Desde luego también cuenta la generalizada inconformidad contra la guerra no declarada que ha hecho de nuestro país el lugar de muerte más espantoso de la tierra aún frente a zonas que sufren este flagelo en el mundo. Más de 230 mil muertos y 70 mil desaparecidos en los últimos 12 años tienen viviendo en el terror a los 120 millones de mexicanos en toda la geografía de nuestra nación.

Del robo y saqueo que impunemente venimos siendo víctimas hay responsables y nombres, verdaderas joyas de la corrupción en México. En los últimos cinco años, los casos que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. Tal son los de La Casa Blanca, Malinalco y Odebretch que tuvieron como actores centrales a la pareja presidencial Gaviota-EPN, a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya Thalmann. La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos del PRI, PAN y PRD han hecho de la corrupción una práctica normal y cotidiana mediante el robo directo de miles de millones de pesos en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental. Los hechos más recordados por los electores del 1 de julio, fueron los de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rosario Robles Berlanga, titular de SEDATU; así como los de 20 ex gobernadores representantes del nuevo PRI del que en su momento presumieron EPN y José Antonio Meade, candidato derrotado estrepitosamente y a quien quisieron pintarlo de inmaculado de ese partido político a la presidencia de la República, y cuatro o cinco panistas y perredistas. Estos ex gobernantes han sido acusados por diversos delitos como peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y lavado de dinero, entre otros.

Pero veamos casos, delitos y cantidades aproximadas por las que han sido acusados: Roberto Sandoval Castañeda, (Nayarit, PRI), 2 mil 700 millones de pesos; César Duarte, (Chihuahua, PRI), 6 mil millones de pesos; Jorge Torres López, (Coahuila, PRI), se encuentra en la lista de los “fugitivos más buscados” de Estados Unidos desde febrero de 2016; Eugenio Hernández, (Tamaulipas, PRI), lavado de dinero y transacciones financieras para Los Zetas; Roberto Borge, (Quintana Roo, PRI), 300 millones de pesos; Tomás Yarrington, (Tamaulipas, PRI), acusado por delitos contra la salud y operación con recursos de procedencia ilícita; Javier Duarte, (Veracruz, PRI), responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público; Guillermo Padrés Elías, (Sonora, PAN), enjuiciado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por más de 200 millones de pesos; Andrés Granier, (Tabasco, PRI), delitos de peculado, defraudación fiscal y desvío de 2 mil 600 millones de pesos; Mario Villanueva Madrid, (Quintana Roo, PRI), acusado por lavado de dinero en EU, y por fomento al narcotráfico y lavado de dinero en México; Flavino Ríos Alvarado, (Veracruz, PRI), acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar a su predecesor Javier Duarte; Luis Armando Reynoso Femat, (Aguascalientes, PAN), por delito de peculado; Rodrigo Medina de la Cruz, (Nuevo León, PRI), por los delitos de peculado, daño patrimonial y ejercicio indebido de funciones públicas; Fidel Herrera Beltrán, (Veracruz, PRI), por la presunta adquisición de medicamentos falsos durante su gobierno, aplicados a niños con cáncer. (Lo mismo que Javier Duarte); Miguel Alonso Reyes, (Zacatecas, PRI), por usar supuestamente una red de 24 empresas para desviar casi 400 millones de pesos; Gabino Cué, (Oaxaca, PRI), actualmente existen unos 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios contra él y colaboradores por el orden de 4 mil 399 millones de pesos; Humberto Moreira, (Coahuila, PRI), detenido en España para ser investigado por lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho, sin embargo fue exonerado por la justicia de ese país, tras recibir informes de la PGR. Hoy se alista para reforzar la alicaída campaña del Meade; Juan Sabines, (Chiapas, PRD), ha sido señalado de desfalco y endeudamiento de la entidad que podría ascender a unos 40 mil millones de pesos, sin embargo, Sabines Guerrero no reconoce ningún adeudo más allá de los 15 mil millones de pesos. En otras palabras: “robé, pero tantito”; Pablo Salazar Mendiguchía, (Chiapas, PAN-PRD) fue detenido y procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y homicidio doloso; Narciso Agúndez Montaño, (Baja California Sur, PRD), acusado del delito de peculado por el presunto desfalco al erario por más de 55 millones de pesos.

El tsunami del 2018
El tsunami del 2018
(Foto: Especial)

En el caso de Michoacán no cantamos mal las rancheras, pues tenemos verdaderas joyas de la impunidad que se han presentado en la Secretaría de Salud y en la de Obras Públicas, por decir lo menos, en donde siguen teniendo metidas las manos el Virrey Alfredo Castillo y sus hordas del Estado de México, y se ven involucrados los gobiernos de Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Salvador Jara y Silvano Aureoles. Anuncio que en próximas entregas he de dar cuenta de un multimillonario desfalco que existe en la Secretaria de Salud por el orden aproximado de 7 mil millones de pesos, donde han enviado a una nueva titular para desvanecer el caso. Esta investigación de que iremos dando cuenta de manera progresiva es si algo raro no me pasa, pues, sin ánimo protagónico, he de denunciar que ya he tenido amagos y amenazas telefónicas y por redes sociales, incluso directamente de un sujeto incrustado en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza el chacal de Arantepacua de cuyo nombre no quiero acordarme.

Es tiempo ya de que el señor Silvano Aureoles y sus huestes le bajen dos rayitas a su soberbia y ofensas públicas. El pueblo de Michoacán reclama verdadero talante para gobernar, reclama dotes de estadista a quienes llevan las riendas de la entidad, más ahora que han quedado verdaderamente aislados en el contexto político local y nacional. El señor no puede llamar “locos” al 54 por ciento de los votantes que acudieron a las urnas para evidenciarle que están hartos de sus veleidades, de sus trapacerías, de su conducta irracional en el manejo de medios que tienen sumida a la prensa michoacana como la más domesticada en los últimos cincuenta años de que yo tenga memoria. Reconozco que en el área de comunicación social hay una verdadera astucia, tanta como la medida misma de la intolerancia y la perversidad. Michoacán y México son otros a partir del 1 de julio. ¡Reaccionen, señores!

De ahí que no creamos ni un ápice en las declaraciones del ejecutivo estatal publicadas el día de ayer donde se ofrece colaboración con AMLO a quien hace unos días nos y le llamaron loco.
La lumbre les ha llegado a los aparejos. Es cuanto.

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