Eduardo Nava Hernández
Elecciones: el bloque de poder en disputa
Jueves 28 de Junio de 2018
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Más allá, pero no con independencia del resultado de la inminente elección del 1 de julio, el régimen político en México, y quizás el aparato económico, no serán ya los mismos.

Muchos cambios están ya a la vista, particularmente en el sistema de partidos que ha venido operando durante las recientes décadas, las del capitalismo ultraliberal transnacionalizado. Es claro que Morena apunta a colocarse, a sólo cuatros años de su constitución como partido, en la primera fuerza política del país, ganando la presidencia y muy posiblemente la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. También conquistaría la mayoría de los gobiernos y legislaturas estatales que hoy están en disputa: Veracruz, Nayarit, Puebla, Chiapas, Morelos, Tabasco y, la joya de la corona, la Ciudad de México. Como segunda fuerza quedaría un PAN debilitado por sus contradicciones internas y su proverbial alianza con el PRI para fortalecer el régimen político y económico. Un PRI desvencijado, cuya crisis se agudizará por la derrota, seguramente quedará en un bajísimo tercer lugar en las cámaras y sin la capacidad de operación que le ha dado el controlar la presidencia de la República. El PVEM, el PRD, el MC y el Panal, si bien alcanzarán algunas posiciones legislativas, se encuentran en riesgo de perder sus registros en diversas entidades y sobre todo de desaparecer en las próximas elecciones. El 2 de julio emergerá una configuración partidaria muy distinta de la que hasta hoy hemos conocido.

Otro cambio, menos visible, pero seguramente más trascendente, es el que se ha venido operando a lo largo de la presente campaña, e incluso antes de que ésta comenzara formalmente. La conformación del Morena como partido, y sobre todo el incansable trabajo de López Obrador recorriendo el país y convirtiéndose en un polo de atracción política, ha sido ya por sí una transformación en la subjetividad política del pueblo. Éste ha recuperado la confianza en un cambio posible, moderado pero viable, como antídoto a la corrupción, el saqueo público-privado al país, la ineficacia en la conducción gubernamental y el hartazgo que todo ello produce. Adicionalmente, está la esperanza en superar la era de violencia exacerbada y terror que la delincuencia organizada ha producido en muchísimas regiones del país.

Junto con el PRI y el PAN, se ha desmoronado, en sustancia, el bloque de poder que ha venido operando con gran éxito por casi tres décadas, desde su gestación bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como el gran hacedor de las alianzas que han permitido gestionar el sistema capitalista mexicano en este periodo. En el análisis político, un bloque de poder es la conformación concreta del conjunto de clases, fracciones de clase y grupos de interés que en una etapa determinada comparten jerarquizadamente el ejercicio del poder económico y político, siempre bajo la hegemonía de uno o algunos de ellos. Es el orden particular en que esas fuerzas se articulan para ejercer la función estatal por excelencia: el dominio de los gobernantes sobre los gobernados.

El bloque hasta hoy vigente se configuró, como queda dicho, a lo largo del sexenio salinista y se reafirmó en los subsiguientes —Zedillo, Fox y Calderón, en un ejercicio de sucesiones interpartidarias— como resultado de la crisis económica de los años ochenta (la llamada década perdida) y, con ella, la del desarrollismo conducido por la tecnoburocracia estatal. Ya la crisis de 1976 había evidenciado el agotamiento de esa modalidad de acumulación del capital, que sin embargo logró subsistir coyunturalmente hasta 1981 gracias al efímero auge petrolero, cuya debacle advino en el segundo semestre de ese año con el desplome de los precios internacionales del crudo.

Como se sabe, el gobierno de Miguel de la Madrid, elegido en medio de la crisis, sólo pudo, sin lograr superarla, administrar una crisis multifacética: financiera, de deuda externa, de la balanza de pagos (como resultado de los desequilibrios y compromisos generados durante el boom del petróleo), y en consecuencia, social. A partir de entonces, el desempleo, las restricciones al gasto público, la inflación, el declive imparable de los salarios reales, se cebaron en las clases trabajadoras deteriorando las condiciones de vida de casi todos sus sectores, y también el orden político vigente. Por el flanco derecho de éste emergió como una alternativa política el PAN, que por primera vez ganó simultáneamente elecciones importantes en Chihuahua, Durango, Baja California y otras entidades.

Pero también fue en ese periodo, 1982-1988, que se ensayaron las primeras transformaciones estructurales al sistema económico vigente: la apertura económica que eliminó de tajo el proteccionismo en que se había sustentado el crecimiento en la etapa anterior, el ingreso de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio, antecedente de la actual Organización Mundial de Comercio) y los llamados pactos de estabilización económica, que sometían aún más al sindicalismo y organizaciones corporativas en general a los intereses inmediatos del capital.

El gran viraje vino, empero, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cuestionado en su legitimidad política por el fraude electoral de 1988 y enfrentado por un movimiento popular en formación, bajo la conducción del Partido de la Revolución Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y sus aliados, Salinas inició una serie de alianzas que iban más allá del aparato corporativo tradicional en manos del priismo. Apenas asumió el gobierno, se reunió con los dirigentes del PAN; pactó con ellos el pliego de demandas que le presentaron: reforma electoral y un nuevo padrón inviolable; un nuevo organismo electoral ciudadano y autónomo del gobierno; apertura económica y reforma al artículo 27 para elevar la productividad en el sector ejidal; reprivatización de la banca nacionalizada en el ocaso del gobierno de López Portillo; una defensoría de los ciudadanos (la futura Comisión Nacional de Derechos Humanos); y, finalmente, la apertura a las iglesias y su reconocimiento, lo que implicaba reformar el artículo 130 de la Constitución.

Salinas cumplió en su gobierno ese pliego petitorio presentado por Acción Nacional; pero fue mucho más allá. Con la reprivatización de la banca y la venta de las empresas paraestatales, reconfiguró a la clase capitalista, generando una nueva fracción dominante del capital financiero; con la reforma al 130 y al artículo 3° incorporó a las iglesias, principalmente a la jerarquía católica, a la que parcialmente se le reconocieron derechos políticos; con la reforma al artículo 27 promovió el mercado de tierras para fortalecer a la burguesía agrícola y pecuaria; removió a Carlos Jonguitud Barrios, cacique sindical del magisterio, sustituyéndolo por Elba Esther Gordillo, y encarceló Joaquín Hernández, La Quina, en el sindicato petrolero, para refuncionalizar el aparato corporativo del PRI y enfrentar a las disidencias sindicales; colocó a sus amigos cercanos como Hugo Andrés Araujo en la CNC, para operar en el sector campesino. Al PAN le reconoció, mediante las llamadas concertacesiones, sus primeros triunfos electorales en Baja California y Guanajuato, hasta hoy sus bastiones políticos en el plano nacional. Finalmente, asumió el llamado Consenso de Washington recomendado por el Fondo Monetario Internacional para orientar las reformas macroeconómicas y financieras; y pactó con el presidente George Bush y el gobierno de Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, renegociando así nuestra dependencia comercial y financiera con el poder imperial.

Esa nueva configuración política y económica no era sin la adaptación completa de nuestro país a los requerimientos de la acumulación del capital en su etapa oligárquica globalizadora; pero por su ubicación temporal y la audacia del titular del Ejecutivo para ejecutarla, quedó identificada como salinismo. Desde 1988 a la actualidad, ese bloque dominante ha operado eficazmente, a pesar, o quizá gracias a la alternancia PRI-PAN en el gobierno federal, en la gestión del sistema capitalista y el proceso de acumulación en México.

Resulta una paradoja histórica que, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, al operarse y profundizarse las últimas reformas estructurales pendientes (laboral, educativa, financiera, fiscal, energética, de telecomunicaciones, etc.), esa alianza de fuerzas en el poder haya llegado a su límite. La exacerbación de las contradicciones sociales con la concentración del ingreso y la diferenciación social, el ambiente represivo para imponer a toda costa los intereses del gran capital, y de manera muy evidente la corrupción e ineficiencia del grupo en la conducción del Estado, han terminado por erosionar profundamente el pacto de dominación y restarle casi por completo el apoyo popular.

¿Era la desarticulación del bloque salinista una condición para operar cambios más profundos en lo social y económico que modernicen nuevamente al capitalismo mexicano? Una hipótesis plausible estriba en la respuesta afirmativa. Y el obradorismo de hoy, y su auge, son la expresión concreta de la descomposición del pacto en retirada. La atracción de diversos componentes de ese bloque hegemónico por el hoy candidato puntero, incluidos algunos elementos del gran capital, hastiados con la corrupción del peñismo y del PRI, es la forma que esa descomposición asume.

Está por verse si la muy heterogénea e incluso contradictoria composición del frente de fuerzas sociales emergente logra en el mediano plazo consolidarse como una nueva configuración de poder estable y duradera; pero no hay duda de que en ese frente hay un componente popular y democrático liberado de los controles corporativos subsistentes del viejo régimen, componente que puede modular el nuevo pacto de dominación que pugna por abrirse paso a pesar del fraude electoral y las resistencias de los segmentos más conservadores del gran capital financiero, la tecnoburocracia priista y panista y la derecha tradicional. Y no hay duda tampoco del impulso que el movimiento electoral le dará durante toda una etapa como una sólida base social.

Por lo pronto, aun sin saber lo que ocurra en la etapa poselectoral, podemos decir adiós al bloque de poder estructurado en el salinismo. Como lo escribió el analista Alberto Betancourt (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243284&titular=la-formaci%F3n-de-una-nueva-voluntad-nacional-), se ha formado ya una nueva voluntad nacional en favor del cambio, que se expresa en la variopinta alianza en torno a López Obrador y su partido. Es de esperarse que un nuevo grupo en el poder del Estado y sus políticas, y a pesar de los lastres que aún arrastrará, den en el periodo por venir un marco más favorable al desarrollo de la alternativa democrática y popular que se encuentra en su seno.

Eduardo Nava Hernández
Politólogo – UMSNH

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