Eduardo Nava Hernández
La recta final, elecciones al borde del riesgo
Jueves 21 de Junio de 2018
A- A A+

En varias ocasiones durante su campaña, José Antonio Meade ha dicho que en la elección su partido seguirá el ejemplo del Estado de México y Coahuila. No se trata de un mero discurso de consumo interno para reconfortar a los priistas, sino de un lineamiento y consigna política para orientar la acción de sus militantes y aliados. Basta con ver cómo en la primera de esas entidades el priismo se impuso mediante la compra masiva de votos y cómo en la segunda la elección no quedó satisfecho ninguno de sus opositores, que incluso hicieron frente común para defender el voto y denunciar las anomalías en las que había incurrido el partido oficial. Es decir, Meade ha estado dando la orientación de recurrir al trampeo de siempre, actualizado como en esas dos elecciones de 2017, para obtener un triunfo a costa de lo que sea.

La maquinaria del fraude ya está en marcha y operando a nivel de la calle; pero también se ha asegurado suficientes apoyos entre las instancias arbitrales y de sanción en materia electoral, el INE, el Tribunal Electoral y la Fepade. Ya desde hace varios meses se ha sabido cómo el TEPJF revirtió una decisión reglamentaria del INE de excluir por completo la circulación de tarjetas y monederos electrónicos por los partidos políticos, de manera que en la presente contienda se sigue traficando con las hoy muy famosas tarjetas rosas, como medio “legalizado” de comisión de un delito electoral tipificado: la compra de votos. Otra decisión arbitraria lo fue el dar, por razones de procedimiento, el registro como candidato a Jaime Rodríguez Calderón, El Dócil, quien se ha mantenido en la contienda presidencial a pesar de no haber reunido el número de firmas suficientes para participar como independiente y de estar señalado y denunciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales por coaccionar las firmas y por un gran número de suscripciones de apoyo dudosas.

¿Pero qué esperar de la misma Fepade? De ella se expulsó a quien era un titular honesto y confiable, Santiago Nieto Castillo, cuando éste avanzaba en la investigación de los sobornos Odebrecht a Emilio Lozoya durante la campaña de 2012 y el probable uso de los mismos para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, la Fiscalía navega sin rumbo ni timón y ha dejado hacer en una serie de irregularidades que están ya a la vista de todos. Bsta con leer el ilustrativo artículo de Luis Hernández Navarro “Doña Luz y el fraude” (La Jornada, http://www.jornada.com.mx/2018/06/19/opinion/017a2pol) para aquilatar la operación de manipulación del sufragio mediante los programas sociales y el simple mercadeo de credenciales para votar.

Y el INE, por su parte ya falló en aspecto que pueden ser graves en caso de un resultado dudoso durante la jornada electoral; se ha podido constatar que los plumones a utilizar para cruzar las boletas son borrables; y también que un gran número de funcionarios de casilla están vinculados a partidos, especialmente al PRI.

Y la honestidad misma de los candidatos de dos de las coaliciones se encuentra en entredicho. No olvidemos el cochinito de 12 mil millones de pesos de José Antonio Meade en la Sedeso, escamoteados de los apoyos a adultos mayores o de la “estafa maestra” que él no vio cuando era titular de Hacienda. Y tampoco omitamos la venta fraudulenta de Ricardo Anaya de una nave industrial al chofer de Luis Alberto López, chofer de su amigo Manuel Barreiro.

La recta final, elecciones al borde del riesgo
La recta final, elecciones al borde del riesgo
(Foto: Especial)

La cuestión a debatir es si ese conjunto de irregularidades les serán suficientes a las coaliciones en disputa, particularmente al priismo, para revertir la enorme desventaja en que se encuentran en los sondeos serios sus candidatos a la Presidencia, a los gobiernos estatales y a los congresos federal y locales.
Ya ha fracasado el PRI en lo que era una parte fundamental de su estrategia: sacar a Ricardo Anaya de la contienda, recurriendo incluso a investigarlo por parte de la PGR, o quizá presionarlo para aliarse a Meade y formar un solo frente contra el candidato puntero López Obrador. Lejos de ello, Meade se ha estancado en el tercer lugar y Anaya ha retomado su beligerancia discursiva contra el priismo y particularmente contra el presidente Peña Nieto. Tampoco está claro que al candidato frentista ese discurso agresivo le sea suficiente para acercarse al cimero en un nivel realmente competitivo.

Porque más allá de las encuestas conocidas, o mejor, adicionalmente a ellas, el fortalecimiento del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ha sido notorio en el tejido de una red de alianzas incluso inverosímiles o impensadas hasta hace muy poco, y en la adhesión pública de una gran cantidad de fuerzas políticas y sociales, dirigentes y personajes públicos. No hay elementos visibles para pensar que en una elección limpia y transparente pueda ser derrotado ni por Anaya ni menos aún por Meade.

Por ello, por la consolidación de un candidato como favorito a medida que la campaña se acerca a su fin, es que las elecciones se han venido haciendo más riesgosas. A los antilopezobradoristas no les han funcionado sus distintas tácticas de desprestigio, como equipararlo con Hugo Chávez, Nicolás Maduro o el mismo Luis Echeverría. Han tratado de desacreditar también a algunos de sus aliados reales o supuestos y a determinados candidatos de Morena, sin que eso haga mella en la popularidad del mismo López Obrador. El mejor promotor del hoy candidato opositor ha sido el gobierno de Peña Nieto, con sus inacabables escándalos de corrupción, su ineficacia ante el fenómeno de la inseguridad, su entreguismo ante el gobierno antimexicano de los Estados Unidos y su errante manejo de la economía que, pese a todo y a sus reformas, no crece.

Lo cierto es que el presente proceso electoral no se ha desarrollado de ninguna manera en normalidad y que, además de las irregularidades del mismo, se ha visto rodeado de amenazas y hechos ominosos. Más de 120 candidatos o agentes de los partidos en contienda han sido asesinados; y un millar, al menos, han abandonado sus postulaciones, en su mayoría, según se sabe, por amenazas contra su vida o su seguridad. Estos hechos han alcanzado a los postulados por prácticamente todos los partidos, sin exceptuar al PRI, al PAN, a Morena o al PRD. Eso significa que el fenómeno de la delincuencia organizada sigue desbordado frente a las autoridades gubernamentales y desafiante frente a la sociedad en su conjunto. Hace unos días el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ha tenido que reconocerlo pública aunque tardíamente al anunciar que se dará protección personal —particularmente a los presidenciables— aun cuando ellos o sus partidos no lo estén solicitando.

Durante una parte de la campaña, algunos de los candidatos han llegado a plantear que una de las opciones de la elección representa al miedo, o que el triunfo de cierta candidatura se constituye en una amenaza. Es lo que en redes sociales, spots y llamadas telefónicas se ha llegado a difundir muy ampliamente. Ahora vemos que la amenaza real no está en el triunfo de alguna de las posturas electorales sino que en el proceso mismo de competencia se ciernen ya elementos funestos.

En ese ambiente, el proceso electoral en sí enfrenta al menos una doble amenaza: las irregularidades toleradas o insuficientemente combatidas y la amenaza peor aún de la violencia política, ya muy presente durante las campañas. Lo ominoso es que la respuesta de los gobiernos federal y locales, de las instituciones encargadas de conducir y vigilar el proceso, de los partidos políticos en disputa y de la sociedad no ha sido tampoco oportuna ni en la medida que sería de esperarse. No se trata de crear entre los ciudadanos una alarma que podría inhibir el ejercicio del sufragio, pero sí de concientizar acerca de los riesgos de una elección que, pese al decir de las autoridades electorales y de las gubernamentales, dista de desarrollarse en calma y normalidad. Sería de esperarse que los resultados de la jornada del 1 de julio nos desmientan y que en ese día y los siguientes se restablezca la convivencia política y social, y que México transite en paz hacia una nueva etapa de su vida institucional. Desafortunadamente, los signos, hasta ahora, nos indican otra cosa.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

Universidad Michoacana: marchas, opacidad y fraude a la nación

La primera insurrección socialista en la historia de México

Donald Trump ante López Obrador

Elecciones: el bloque de poder en disputa

La recta final, elecciones al borde del riesgo

Presea de ignominia y afrenta a la universidad

La Universidad, el Congreso y la memoria

Lo que el debate no se llevó

La sombra del fascismo en la Universidad Michoacana

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción

Mercedes Sosa: una voz al servicio de la conciencia

Yo también hablo de Juanito

La nueva Legislatura: hacia la poliarquía no democrática