Ismael Acosta García
Política educativa. Una visión desde la izquierda
Sábado 19 de Mayo de 2018
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La actual crisis del sistema y de los programas educativos en México se inició en 1992, cuando Carlos Salinas impulsó una “modernización educativa” basada en la descentralización, la apertura a la privatización, la conversión de la educación en negocio y la adopción de la visión empresarial como principio y fundamento de la acción educativa.

En veinticinco años se han llevado a cabo reformas legales (en 1993, 2008 y 2012) y ajustes en los programas y planes de estudio que han profundizado la distancia entre una política que da prioridad a la inversión privada y establece controles en todos los niveles, y la realidad de un sistema educativo en situación de abandono y de franco deterioro. La llamada reforma educativa impuesta por el gobierno de Peña Nieto afectó los derechos laborales de los docentes y creó una fractura en la gratuidad de la educación pública al atribuir a las familias la responsabilidad de administrar los planteles; año con año, el Legislativo y el Ejecutivo reducen el valor real de los presupuestos destinados a la educación y asignan recursos insuficientes para conseguir una infraestructura escolar decorosa y una planta de maestros con condiciones laborales y de enseñanza dignas; además, la situación de pobreza de amplios sectores de la población hacen prácticamente imposible el que los niños y jóvenes asistan a clases.

Durante más de una década los gobernantes en turno se han interesado más por alentar la construcción de cárceles –algunas de ellas, con inversión privada– que por fundar nuevas universidades o reparar las escuelas primarias, muchas de las cuales se encuentran en condiciones ruinosas; las administraciones posteriores al sexenio cardenista han puesto su empeño en denigrar, criminalizar, reprimir y cerrar las escuelas normales rurales, las cuales no sólo constituyen un invaluable legado histórico de la Revolución Mexicana y un importantísimo mecanismo de movilidad social sino que representan hoy en día un ejemplo de formación educativa democrática y comprometida con la solución de las necesidades sociales, y un instrumento fundamental para la reactivación y dignificación del agro. Los gobiernos del ciclo neoliberal, en fin, han propiciado la asfixia presupuestal de las instituciones públicas de educación superior y han permitido la proliferación de universidades privadas de muy dudosa calidad, en un afán por convertir la educación en un mercado y a los educandos en consumidores de servicios.

Estas razones, obligan a reorganizar la educación de manera que sirva verdaderamente a las necesidades y aspiraciones del pueblo de México partiendo de los siguientes principios:

Educación para la justicia



La búsqueda de la equidad es impensable sin la educación y, para ello, hay que disponer de espacios de enseñanza en los que todos estén incluidos. La escuela debe convertirse en el centro desde el cual personas de todas las edades y condiciones se apropien del espacio público y encuentren las respuestas a sus preguntas, preocupaciones y necesidades, así como la orientación para formar parte de la sociedad con pleno derecho.

Educación para la reconstitución de la memoria y la identidad



El primer derecho de los habitantes de nuestro país es el de construir y reconstruir su memoria y su identidad. En los últimos años, las élites se han obsesionado con imponer modelos copiados del exterior y han intentado erradicar de los planes y programas de estudio a la historia, la geografía, la filosofía y el conocimiento de nuestra sociedad, a pesar de que tales asignaturas son la base de la formación de todo conocimiento. Sobre ella ejercemos el derecho a aprender de nuestra experiencia como colectividades, reconocer nuestras necesidades y formular propuestas de presente y futuro. Esta orientación deberá ser elemento fundamental desde el que se reorganicen los planes y programas de estudio, las razones y orientaciones de todos los niveles educativos y el sentido de todo esfuerzo de formación que emprenda el Estado.

Educación para la libertad



La exclusión es uno de factores decisivos del rezago educativo que afecta en mayor medida a los más pobres pero también a las mujeres, por los obstáculos adicionales que deben sortear para acceder a la escuela y a los estudios superiores; a los pueblos originarios que se encuentran alejados y ausentes de las escuelas y los planes de estudio, con espacios educativos deficientes y mínimos recursos necesarios para su funcionamiento, y sin materiales de estudio en su propia lengua; a las personas cuya condición física o intelectual tiende a inhabilitar o reducir su autonomía y que son segregados en sus hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo y, desde luego, en las calles de nuestras ciudades y pueblos. La pobreza conlleva factores extraescolares que dificultan o hacen imposible estudiar, como la necesidad de los jóvenes y niños de incorporarse al mercado laboral, la falta de recursos para pagar el transporte y la precariedad de las condiciones alimentarias y habitacionales.

La fuerza cultural y social primigenia del país reside en sus comunidades.
La fuerza cultural y social primigenia del país reside en sus comunidades.
(Foto: Cuartoscuro)



Valorar la libertad y el respeto, así como proteger y recrear la diversidad, constituyen una inagotable fuente de riqueza necesaria para reanimar una sociedad sumida en la desesperanza.

Educación para la soberanía



La fuerza cultural y social primigenia del país reside en sus comunidades. La reconstitución de colectividades, su expresión y reconocimiento en todos los ámbitos de la vida pública y, principalmente, desde la escuela, debe ser la inspiración fundamental de la reconstrucción de nuestro espacio y territorio: tierra, agua, recursos naturales. Una población educada y organizada será elemento vital para salvaguardar la soberanía nacional frente a quienes pretendan someterla o destruirla.

Educación para el bien común


El poder público y una parte significativa de la economía se han edificado a expensas del abuso, el enriquecimiento ilícito, la corrupción y en connivencia con la delincuencia organizada. Si aspiramos a cambiar esta ruinosa circunstancia del poder público que ha llevado al desastre al resto del país, estamos obligados a reconstruir el espacio colectivo y el sentido original de lo público, es decir, lo común. El conocimiento y la práctica de la solidaridad, la convivencia armónica, la tolerancia, el respeto a sí mismo y a los demás, así como la responsabilidad de buscar una vida digna, en paz y en libertad, deben convertirse en elementos fundamentales de la conquista del bien común.

La justicia, la libertad, la soberanía y el bien común son resultado de las luchas de nuestro pueblo a lo largo de nuestra historia. Deben construirse desde la sociedad y con las instituciones. El Estado deberá ser el instrumento de su protección como fuente e impulso de los derechos sociales.

Este es el reto de un nuevo gobierno de izquierda para el país en el próximo sexenio y en el futuro. Es cuanto.

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