Ramón Guzmán Ramos
Las comunidades indígenas y el voto a fuerzas
Sábado 12 de Mayo de 2018
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No hace mucho, uno de los temas que más se discutían en el país era el alto grado de desprestigio que han alcanzado los partidos políticos. Todo mundo estaba de acuerdo en que los partidos no nos representan y que sólo han servido para crear una clase llena de privilegios que se aprovecha del poder para enriquecerse y reproducirse como tal. Aun cuando el asunto no se ha replanteado en esta coyuntura electoral, es obvio que los partidos tradicionales están resintiendo este rechazo de parte de la sociedad.

Esto explicaría por qué la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña, que es apoyada por el PRI, el PANAL y el PVEM, no remonta la distancia enorme que lo separa de sus otros dos contendientes. Los gobiernos del PRI le impusieron al país durante décadas el régimen de una dictadura simulada, y el de este sexenio no ha hecho sino tratar de sobrellevar el caos y la ingobernabilidad que tenemos. Los otros dos partidos siempre han sido satélites del PRI y han logrado sobrevivir gracias a esta extraña y perversa simbiosis electoral.

Los partidos que alguna vez se propusieron asumir la postura de una oposición consecuente y democrática sucumbieron también al pragmatismo más puro, sin principios. Cuando han tenido la oportunidad de ser gobierno tampoco han demostrado que sea distinto. Tanto el PAN como el PRD, que enarbolan la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, junto con MC, se han movido desde posiciones ideológicas contrarias, que alguna vez se antojaban irreconciliables, para encontrarse en un punto donde lo único que les importa es el poder por el poder. Es por ello que Anaya se mantiene en un segundo lugar lejano del puntero y, por más que se esfuerza en demostrar lo contrario, su candidatura no da para más. Los gobiernos del PAN y del PRD no se han distinguido sustancialmente de los que ha encabezado el PRI en los distintos ámbitos y niveles. La realidad de violencia extrema, desamparo y desigualdad social que sufre la sociedad mexicana no hace sino agudizarse. También a estos partidos los ciudadanos les están cobrando la factura.

Morena es una organización política nueva. Andrés Manuel López Obrador la trabajó a ras de piso y la levantó de abajo hacia arriba. En sus orígenes tenía más bien las características de un movimiento. El objetivo con que fue creada, sin embargo, estaba sellado desde antes de su nacimiento. Sería el instrumento político de AMLO para volver a disputar la Presidencia de la República en este 2018, lo cual, por cierto, es legítimo. Morena tuvo que asumir una estructura de partido para estar en condiciones de establecer una disciplina y una organización centralizadas en espacios específicos de dirección. Lo contrario de un movimiento, precisamente, donde existe una mayor libertad en los espacios de acción. El problema ahora es que la organización y el objetivo de Morena se reducen a los comicios. Le haría falta darle también una orientación de movimiento para que Morena pudiera insertarse en las entrañas del pueblo e impulsar desde ahí proyectos de autogestión popular y ciudadana. El caso es que un gran porcentaje de la sociedad mexicana ve la candidatura de AMLO como una salida aceptable a esta crisis de sobrevivencia en que nos han metido los otros partidos y sus gobiernos. Sería terrible que el pueblo sufriera otra decepción. Quedaría en entredicho la misma vía electoral para canalizar por ahí las disputas entre las distintas fuerzas políticas por el poder.

Por cierto que la vía electoral no es la única. En México hemos tenido experiencias que podrían mostrar un camino alterno. Es verdad que se encuentran en un estado larvario, reducidas a comunidades pequeñas, sobre todo de origen indígena, y que no se han extendido debido a las dificultades enormes que les han puesto los gobiernos emanados de partidos políticos; pero constituyen un ejemplo emblemático que podría adquirir una importancia inusitada ante el derrumbe de nuestra falsa democracia y el hueco que dejaría en la vida política del país. Hablamos de una democracia de base combinada con un carácter representativo auténtico. Es la democracia que se practica de una manera directa, en la plaza pública, como en el ágora de la antigua Grecia, de donde emana la representación de quienes son elegidos para desempeñarse en el gobierno comunitario. A diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema político tradicional, aquí la democracia de base no concluye: se mantiene viva y se extiende a los espacios de consulta, de vigilancia, de participación activa, de discusión y seguimiento, de valoración constante del gobierno en turno y aplicación de la revocación de mandato cuando alguno o todos los encargados del gobierno se desvíen de su función original.

Cherán logró que se le reconociera, jurídicamente incluso, su derecho a gobernarse por lo que ellos llaman sus usos y costumbres
Cherán logró que se le reconociera, jurídicamente incluso, su derecho a gobernarse por lo que ellos llaman sus usos y costumbres
(Foto: Cuartoscuro)



En algunos casos, como Cherán, llegar a una experiencia así ha costado sangre y sufrimiento. Pero la comunidad logró que se le reconociera, jurídicamente incluso, su derecho a gobernarse por lo que ellos llaman sus usos y costumbres, que no es sino una versión más elevada del tipo de democracia que se construye de abajo y rige todos los espacios de convivencia comunitaria.
No sólo se enfrentaron al crimen de una manera colectiva y organizada, sino que decidieron desterrar a los partidos políticos. Los partidos, han argumentado, dividen y confrontan a la comunidad, la engañan, la manipulan; acuden a ella en tiempos electorales pero la desprecian y se olvidan de ella cuando están en el gobierno. En esa experiencia se ha demostrado que los partidos políticos no son necesarios. La vida pública se puede enriquecer y alcanzar a todos los miembros de la sociedad cuando ésta construye desde sus propios espacios de convivencia los mecanismos de decisión y participación activa. No faltará quien diga que una experiencia se concibe sólo en comunidades pequeñas, que se aíslan del resto de la sociedad. Pero es una experiencia que, con sus propias modalidades, se podría extender al resto de la sociedad si se produjera un cambio de sistema político. La democracia representativa, que es la modalidad –deformada- que ahora tenemos, en combinación interactiva con otras expresiones de participación: la democracia de base, la democracia directa, la intervención de la sociedad –a través de sus organizaciones propias- en los asuntos públicos y en la vigilancia de los gobiernos, con la capacidad de revocarle el mandato a quienes se corrompan en el poder y lo usen, como ocurre ahora, para enriquecerse y entregar las riquezas nacionales a intereses privados.

Otras comunidades han expresado más recientemente su decisión –por asamblea- de rechazar la instalación de urnas en sus territorios para los comicios del 1 de julio. Son al menos ocho comunidades que pertenecen al Consejo Supremo Indígena del Estado: Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito y Cocucho. Tanto el IEM como el INE se han negado a reconocerlos este derecho. El gobierno del estado, por su parte, amaga con usar la fuerza para obligarlos. Pero son comunidades que no están dispuestas a revertir sus decisiones y que tienen el derecho de decidir por ellas mismas el modo como quieren gobernarse.

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