Eduardo Nava Hernández
La Universidad, el Congreso y la memoria
Viernes 11 de Mayo de 2018
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Lo que los diputados locales michoacanos intentaron -y parcialmente consumaron- entre el 7 y el 9 de mayo fue un golpe de mano contra la Universidad Michoacana. No el primero, ya con anterioridad lo habían intentado con la obsequiosidad, en particular, del rector Medardo Serna González y del secretario general del SPUM Gaudencio Anaya Sánchez.

El lunes 7 se conoció públicamente que habían sesionado las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, para elaborar o sancionar un dictamen con proyecto de reforma al artículo 143 de la Constitución estatal, a fin de garantizar a la Universidad la no regresividad presupuestal, es decir que no pueda haber en lo sucesivo recortes a las partidas que le son asignadas anualmente. Pero a este beneficio, sin embargo insuficiente, se le agregaban tres artículos transitorios que de diferentes maneras condicionaban el mencionado mandato constitucional. Se exigía que en 45 días la institución educativa presentara un proyecto de reingeniería administrativa y de reforma integral, poniendo el énfasis en la revisión del sistema de jubilaciones y pensiones, y las casas del estudiante, así como las prestaciones contractuales, el departamento de Control Escolar y otras áreas. También estableciendo una correlación entre la asignación presupuestal anual y el crecimiento o disminución de la matrícula universitaria. De no cumplir la institución con el emplazamiento, el propio Congreso operaría la reforma, se planteaba en el proyecto.

Un evidente atentado contra la autonomía universitaria. Atentado que quizás a la mayoría de los representantes populares involucrados en el proyecto no les habrá parecido tal; varios de ellos son egresados de universidades privadas como La Salle y Vasco de Quiroga; otros no tienen estudios universitarios. Pocos han egresado o han sido docentes de la Universidad Michoacana. De manera que “en uso de sus facultades” se les hace natural imponer su voluntad a la institución centenaria, así sea pisoteando uno de sus aspectos sustantivos y timbre de orgullo histórico sólo en los discursos: la autonomía de la que está investida desde su fundación en 1917. No vale la pena hacer señalamientos personales, pues, según consta, fueron todos los integrantes de las tres comisiones los que avalaron el dictamen autonomicida.

El dictamen votado por las comisiones unidas encendió entre los universitarios los focos rojos. El Consejo General del Sindicato de Profesores se reunió de urgencia, al igual que el Consejo de Delegados del SUEUM y el mismo Consejo Universitario, prácticamente interrumpiendo la conmemoración del Natalicio de Miguel Hidalgo, la fecha cívica más importante del calendario nicolaita. Aunque cada instancia tomó acuerdos en relación a las acciones a realizar, al final se resolvió por los directivos de cada una actuar conjuntamente y convocar a los universitarios a manifestarse ante el Congreso del Estado en protesta por el intento de violentar la autonomía e imponer los malhadados artículos transitorios.

El resultado resultó asombroso. El 9 de mayo, al sesionar en pleno el órgano legislativo del estado, miles de universitarios -incluida la multigalardonada Banda de Guerra Nicolaita- realizaron una breve marcha en el centro de la ciudad de Morelia, inundando la Avenida Madero para llegar frente a la sede legislativa. Ahora sí, al rector Serna, al secretario general académico Gaudencio Anaya y al líder de los trabajadores administrativos Eduardo Tena se les vio marchar codo a codo acompañados también por el eterno presidente de la Comisión de Rectoría, Fernando Juárez Aranda y los ex rectores Jaime Hernández Díaz y Napoleón Guzmán Ávila, entre muchos otros.

La imponente manifestación, organizada en horas, no en días, tuvo dos efectos notorios: por un lado, fue celebrada por tirios y troyanos como una expresión de la unidad al fin lograda en una institución cuya comunidad ha vivido múltiples divisiones y conflictos, particularmente durante la gestión de Serna González; por el otro, hizo recular parcialmente al Congreso de su intento golpista contra la Universidad Michoacana. En la sesión plenaria se eliminaron el artículo 1 transitorio del citado dictamen, así como un párrafo del segundo transitorio, suprimiendo así la amenaza contra las jubilaciones, eliminando el renglón de la reingeniería administrativa y también el emplazamiento para la reforma integral.

La imponente manifestación, organizada en horas, no en días, tuvo dos efectos notorios
La imponente manifestación, organizada en horas, no en días, tuvo dos efectos notorios
(Foto: Héctor Sánchez)



Algo tenía, sin embargo, que subsistir de la intentona. Se conservó el Tercero Transitorio que facultaría -en evidente contravención al espíritu y a la letra de la reforma al artículo 143- al Congreso a incrementar o reducir los presupuestos anuales según crezca o decrezca la matrícula de la institución universitaria. Menudo problema: en el presente ciclo las autoridades universitarias se están quejando precisamente de que se ha desplomado la demanda para el bachillerato nicolaita y sobran lugares para estudiantes que no quieren ya llegar a sus aulas. Son las mismas autoridades que en el 2016 cerraron la puerta a cientos de jóvenes que aspiraban precisamente a uno de esos espacios, originando y prolongando una toma de las instalaciones universitarias por más de 60 días. Las mismas, también, que por incapacidad de gestión suspendieron el pago de salarios en octubre de 2017, originando el paro de brazos caídos de académicos y administrativos, que se extendió hasta enero de 2018. Son las autoridades que por razones administrativas han reducido drásticamente y mantenido congelada por muchos años la inscripción en el área de la Salud, particularmente en medicina. Y quienes, asimismo, han negado a los moradores de las casas estudiantiles -a las que además tienen amenazadas con un reglamento que, de aplicarse, las reduciría o desaparecería parcialmente- recursos para desplazarse a promover el ingreso a la universidad en poblados lejanos, como tradicionalmente lo habían hecho.

Es decir, la administración de Medardo Serna ha hecho todo a su alcance para lograr de lo que ahora se lamenta: reducir la matrícula, lo que ahora se revertirá contra la institución reflejándose en el presupuesto anual para la institución.

Sin embargo, el 9 de mayo el rector y los dirigentes sindicales vivieron su momento de gloria. Pocos recordamos, creo, que lo que ahora Serna señaló como un atentado a la autonomía es exactamente lo mismo que en 2015 firmó ante esos mismos diputados para negociar el presupuesto de 2016: la reingeniería administrativa y la modificación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, a lo cual le puso una fecha: el 31 de marzo de 2016. En esa ocasión no convocó a nadie ni se llamó a escándalo por lo que él mismo estaba consintiendo. Para cumplir con lo ofrecido, en conjunción con su dócil Consejo Universitario, organizó la pantomima de unos foros de reforma al sistema jubilatorio cuyos resultados para nada sirvieron, pues presentó finalmente un proyecto comprado al despacho actuarial de Francisco Aguirre Farías, de Saltillo, Coahuila.

Casi nadie recordó, tampoco, que los órganos superiores de ambos sindicatos mandataron a sus respectivos dirigentes desconocer al rector Medardo Serna y que, inclusive, demandaron ante el presidente de la Comisión de Rectoría su remoción por causa grave. Tampoco vino al caso que el propio Gaudencio Anaya fue reconvenido en 2017 por haber entregado a los diputados, a espaldas del Congreso General del Representantes y del Consejo General, y durante un periodo vacacional, una síntesis de los foros para la reforma integral que el SPUM había realizado, la cual ni siquiera había sido aprobada por esos órganos. Los legisladores, a quienes ahora se señaló como villanos antiuniversitarios, son los mismos a los que el dirigente académico lisonjeaba de esa manera y con quienes quería quedar bien apenas un año atrás.

No surgió de la nada, entonces, el intento de golpe del Congreso contra la Universidad Michoacana. Son los propios actores que hoy lo combatieron los que lo propiciaron por un largo tiempo. Se ha tratado, en síntesis de una auténtica comedia nicolaita de errores y simulaciones que, empero, su huella ha dejado para el futuro de la institución, una reforma constitucional que en modo alguno le garantiza un financiamiento suficiente aunque sí la someterá a una modalidad adicional de verificación y control, la medición de la matrícula.

Pero hoy, en esa efímera lucha por defender la autonomía, el rector Serna ha encontrado la ocasión para reposicionarse y reconciliarse ante los sectores de la comunidad Universidad Michoacana, a los que de muchas maneras ha agraviado, y el líder del SPUM, para desviar la atención de los múltiples conflictos que enfrenta al interior de su sindicato por corrupción y nepotismo y que tienen dividido al organismo desde su propio comité ejecutivo.

En breve se verá, pues, que la institución no saldrá de su crisis financiera ni carente de verdaderos liderazgos comprometidos con su comunidad, de la política y administrativa. No una reingeniería, ni el atentar contra las prestaciones ya conquistadas, sino una profunda democratización y la participación efectiva de los universitarios en los asuntos de su institución es lo que puede sacar a ésta del marasmo en que se encuentra. Pero eso pasa por otro proceso muy distinto, el de la organización de los no organizados y el de la depuración de los órganos falsamente representativos. Sólo entonces recuperará la Universidad Michoacana una posición a la altura de su historia, su cultura y su potencialidad.

Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2018.

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