José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Presunción de inocencia y derecho a la información
Sábado 5 de Mayo de 2018
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Los medios de comunicación, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal en el segundo semestre del año 2016, vieron restringido su ejercicio en la forma de presentar la nota roja ya que a partir de esa fecha no es permitido mostrar el rostro de las personas relacionadas con alguna investigación o detención y las notas que se refieren a los hechos que se les imputan no deben contener aseveraciones que los hagan aparecer como culpables ante la opinión pública; lo anterior presenta un problema ya que por un lado los profesionales de las comunicaciones ejercen su libertad de expresión para comunicar los acontecimientos de importancia para una sociedad pero por el otro lado las personas relacionadas con algún hecho delictivo tienen a su favor la presunción de inocencia, es decir durante todo el procedimiento se les debe tratar como inocentes hasta que sean declarados culpables y eso aplica no solo para los juzgadores sino también para los medios.

Y es que en los extremos de la vida como se manejan muchas cosas en nuestro país, anteriormente por la forma en que daba a conocer una detención y la nota que acompañaba a la misma, la persona aparecía como responsable aún sin haber iniciado un procedimiento situación que desde luego perjudicaba su imagen, estigma con el que cargaba toda su vida, aunque lograra probar su inocencia, para la población en general era culpable y todavía más grave sin derecho de réplica o sin derecho al olvido, ya que la información del desagravio o comunicación de la inocencia no tenía la misma cobertura o espacio en el que fue dada a conocer la noticia criminal y más difícil aún lo es el hecho de borrar la nota del periódico, desaparecer el video de la televisora o suprimir del aire la información en el radio.

Pero llego el sistema acusatorio y el péndulo de la historia se fue al extremo y desde el dos mil dieciséis los medios de comunicación no pueden difundir el rostro de los detenidos, por lo que se les difuminaba la cara para presentarla sin sus verdaderos rasgos faciales y aunque estamos en un sistema -acusatorio y oral- de audiencias públicas, a las mismas los periodistas no pueden asistir con herramientas de trabajo de tal suerte que no pueden reproducir imagen del desarrollo de las audiencias, haciendo nugatorio el derecho a la información toda vez que no es posible reproducir en detalle lo que sucedió en la audiencia lo anterior en perjuicio del resto de la población al tener restringidos los periodistas su actividad, afectando la objetividad de la información que es una de las premisas del periodismo ahora solo lo que se logre recordar para intentar la crónica es lo que podrá conocer el resto de la población de sus formas de comunicación.

Ahora voy a referirme a dos asuntos que ilustran el vaivén de la historia sobre el particular.

Dos asuntos. El primero es el de Florence Cassez detenida en el año 2005 -tres años antes de la reforma penal, es decir durante la vigencia el sistema inquisitivo- casi a finales de la administración de Vicente Fox Quesada en el que fue detenida la mencionada ciudadana de origen francés junto con otros cómplices de secuestro en un operativo espectacular en el que parecía que los reporteros de guardia que cubrían la fuente habían tenido un día de suerte al presenciar quizás la detención más espectacular en nuestro país, un día soñado para cualquier reportero y de manera providencial para los camarógrafos de televisión ante tal primicia en la que se filmó momento a momento la llegada de la policía a la guarida, el rescate y detención de la tristemente célebre ciudadana francesa y su novio así como otros cómplices, pues bien lo que parecía normal y mediáticamente permitido cuatro años después ya en la administración de Felipe Calderón y en medio de un conflicto diplomático la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que la detención de Cassez había sido un montaje -principalmente- televisivo, que en realidad la detención había sido un día antes, pero para explicarle a la ciudadanía cómo se hacían las cosas de manera diferente, con un cambio democrático de presidente, muy locuaz por cierto, se decidió por el montaje, lo que posteriormente le permitió la libertad a Florance, pero sobre todo como lo apuntan Javier Mijangos y Beatriz Jaimes en su proyecto «el efecto corruptor» -el montaje de la policía como una conducta ilegal e inconstitucional que afecto todo el procedimiento de manera especial el derecho a la defensa colocando a la acusada en un estado total de indefensión- he ahí el abuzo del derecho a la información principalmente las televisoras, lo que dio lugar a la libertad, lo que impidió conocer la verdad histórica de la participación de la francesa en los ilícitos, cabe aclarar que no fue la única razón por la que le concedieron la libertad, existen cuando menos otras dos pero como no son materia de esta colaboración no me pronunciare sobre ellas.

Florence Cassez detenida en el año 2005 -tres años antes de la reforma penal
Florence Cassez detenida en el año 2005 -tres años antes de la reforma penal
(Foto: Cuartoscuro)


El segundo, es el asunto del asesinato de Maribel Barajas Cortes, aspirante a la diputación local por el distrito con cabecera en Nueva Italia, Michoacán, por el Partido Verde Ecologista de México ocurrido el 11 de abril del presente año en un paraje rural al Poniente del Municipio de Morelia por al menos ocho lesiones de arma blanca y habiéndole estallado la cabeza posteriormente con una piedra, esta noticia hubiera ocupado una nota de regular tamaño en la sección correspondiente; pero como se trataba de una candidata a diputada y por estar en proceso electoral alcanzo «la de ocho» como se le dice en el argot del periodismo a la nota principal de un periódico; entre otros diarios, este rotativo y muchas opiniones de políticos condenando el asesinato y «curándose en salud» al hacer señalamientos del crimen organizado en dicho homicidio, sin embargo y como resultado de las primeras investigaciones del homicidio fue requerida una fémina por la muerte de Maribel la que habría sido contratada por la propia candidata para dar muerte a una ex pareja de su novio, según se supo de los indicios de prueba aportados por la Fiscalía en la audiencia inicial celebrada el lunes 16 de abril de este año, por tratarse de una audiencia pública en la que se definiría la situación jurídica de la imputada -libertad bajo las reservas de ley o prisión preventiva- a la que asistieron varios periodistas los que pudieron enterarse de ese y otros datos comunicando a la opinión publica el vuelco que había tomado la investigación, audiencia en la que se reservó el derecho a declarar la imputada y dentro de la misma sus defensores solicitaron la ampliación del término constitucional por lo que se suspendió en su estado la referida audiencia señalándose su continuación y culminación para el sábado 21 de ese mismo mes de abril a la que ya no fue posible que asistieran los medios porque el juez, a petición de la imputada, solicitó que fuera privada la audiencia -vinculación a proceso- derecho con que cuenta la imputada, pero que desde luego no está justificada dado el interés mediático.

Por eso sostengo que el péndulo de la historia va de extremo a extremo en el caso de la francesa con un derroche de producción al colocar las cámaras de televisión en lugares que permitieran captar hasta los detalles más insignificantes y en el asunto de la mexicana donde el umbral del conocimiento debe ser más amplio -sobre el particular ya se ha pronunciado la Corte- sin embargo por una petición se impide conocer los datos de prueba que en descargo haría valer la defensa así como los detalles de la imputación y la definición de la situación jurídica de la persona detenida, si bien trascendió que se le vinculo a proceso, pero estimo que si la audiencia hubiere sido publica en su continuación en nada afectaría la presunción de inocencia de la detenida y por el contrario se vio restringido el derecho a la información con que cuenta los periodistas.

Corrupción e impunidad. En contra de la decisión del pleno del Congreso del estado del 28 de marzo del año en curso al designar al Fiscal y Magistrados anticorrupción fueron interpuestas dos demandas de amparo impugnado las determinaciones de la septuagésima tercera legislatura, vamos a ver cuánto tiempo toma que resuelvan las mismas y cuál es el sentido de las resoluciones es decir si se concede el amparo o se niega, considerando la importancia del Sistema Anticorrupción en el Estado. Además, parece propicia la ocasión para que jurídicamente se manifieste el Comité de Participación Ciudadana en los dos expedientes con escritos amicus curiae -opiniones técnico jurídicas en pro o en contra de los procedimientos, pero sobre todo en las cuestiones de fondo para que sean tomados en cuenta por el Juez de Distrito al momento de resolver los juicios de derechos fundamentales- lo que sería consecuente con su comunicado de prensa emitida a propósito de la designación de los funcionarios hoy impugnados cuando señalaban la necesidad de transparentar los procesos de selección, no hacerlo será convalidar la designación y dejar pasar la oportunidad de ejercer a cabalidad su función de establecer políticas públicas mediante la enmienda vía amparo en lo que las condiciones legislativas lo permiten y envían una iniciativa de ley para asegurar la ciudadanización, la transparencia y profesionalización de los funcionarios que harán posible la implementación del sistema anticorrupción.

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