Ismael Acosta García
Procuración de justicia en la propuesta de la izquierda.
Sábado 5 de Mayo de 2018
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Punto de partida para corregir las condiciones que imperan en la procuración de justicia en las entidades de la República y en el ámbito de la federación es, sin duda, la profesionalización, dignificación y cero tolerancia a la corrupción en el Ministerio Público. Ese ha sido el talón de Aquiles histórico de esta institución en México.

La propuesta del candidato puntero en las encuestas en la carrera presidencial observa como primera tarea la de aplicar una capacitación única, obligatoria y permanente, con fines de especialización para los servidores públicos del orden local y federal involucrados en la procuración de justicia. Para el efecto se requiere crear la carrera del servicio público que procure la homologación de las condiciones intelectuales y materiales de todas las personas que en el país estén involucradas en la procuración de justicia, así como la equidad de condiciones de aquellos que aspiren a ocupar cargos de Ministerio Público. Unificar las aptitudes y actitudes de esos servidores públicos se traducirá en organización y permitirá hacer más eficientes los recursos humanos propiciando la equidad en el empleo para los servidores públicos de carrera. Lograda la estabilidad laboral, se inhibirán conductas de corrupción.

Se requiere que los ministerios públicos y policías ministeriales sean especialistas en determinados ilícitos, por ejemplo: fraude, peculado, homicidio o secuestro, cuya investigación requiere ciertos conocimientos y destrezas específicas.
Se requiere que los ministerios públicos y policías ministeriales sean especialistas en determinados ilícitos, por ejemplo: fraude, peculado, homicidio o secuestro, cuya investigación requiere ciertos conocimientos y destrezas específicas.
(Foto: TAVO)



Se requiere que los ministerios públicos y policías ministeriales sean especialistas en determinados ilícitos, por ejemplo: fraude, peculado, homicidio o secuestro, cuya investigación requiere ciertos conocimientos y destrezas específicas. Como cadena de eficiencia, habrá que capacitar a los servidores públicos en cada etapa de actuación procesal a efecto de obtener pulcritud y eficiencia en la integración de una investigación o en la presentación y defensa judicial de éstos. Muchos de los juicios se “caen” por debilidades en la integración de la investigación y fallas procesales ministeriales, ahí tenemos casos dramáticos para la justicia mexicana como el de la francesa Florence Cassez a quien, luego de 18 meses en prisión por hallarla culpable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego, le fue otorgado un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dictó su liberación “al encontrar inconsistencias en las declaraciones de los testigos”, y considerar que, “se violaron sus derechos humanos al momento de su arresto y en su proceso judicial”. Los ministros de la Corte nunca fallaron respecto a su inocencia o culpabilidad ni mencionaron su solidaridad con las víctimas del secuestro. Tal ha sido el caso también de muchos connotados miembros del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco, como los célebres políticos prianistas mexicanos.

También se ha de pensar en instrumentar programas de dignificación y revaloración del personal de las fiscalías, así como inculcarles vocación de servicio en el cumplimiento de sus responsabilidades, pues su cargo precisa de honestidad en todo momento.

El área de atención temprana de las fiscalías debe ser una instancia eficiente que permita determinar la clase de delito, y si hay o no mérito suficiente para seguir una investigación, a fin de abatir el volumen de trabajo innecesario. No se trata de no atender, sino que de manera fundada y motivada, en determinados delitos, se resuelva sobre el mérito o posibilidades de una investigación, con relación a los cuales incluso el nuevo sistema de justicia penal establece la posibilidad de no ejercer acción penal, aplicando lo que se llama “criterio de oportunidad”. Todo lo anterior, con el objeto de optimizar la calidad de la procuración de justicia, privilegiando, desde luego, el derecho al recurrente para controvertir cualquier determinación tomada en esta instancia.

Es necesario que el Ejecutivo cree políticas públicas con programas de aplicación obligatoria para la prevención de delitos de mayor impacto. A partir de un diagnóstico, se debe fomentar una cultura nacional de respeto a la legalidad. Sólo en la medida en que la sociedad se involucre en el conocimiento de las causas y las consecuencias de los delitos, podrá adoptar medidas para tratar de evitarlos o la comisión de ellos.

Una área álgida en la investigación del delito son los servicios periciales. Con mucha frecuencia se dan casos de inducción en los dictámenes que ella emite; por lo tanto, se le debe dotar de autonomía respecto del Ministerio Público con el objeto de garantizar la objetividad e imparcialidad de las investigaciones. La idea es que los peritos puedan emitir sus opiniones con toda libertad en la investigación, sin sujetarse a las expectativas, presiones o intereses de las partes en conflicto; a veces, y con mucha frecuencia, hasta del propio Ministerio Público y su línea de mando superior.

Como en todas las áreas de la administración pública, en la procuración de justicia también es urgente iniciar un combate eficaz a la corrupción como medida primordialmente preventiva. Si aspiramos a una fiscalía digna y confiable, como decíamos en las primeras líneas de esta colaboración, es necesario implementar un mecanismo eficaz para la investigación, persecución y sanción de actos de corrupción en todos los niveles de servicio del personal involucrado en esta área. Así se ganarían la confianza y reconocimiento hoy perdidos por una sociedad verdaderamente abatida por el crimen y la impunidad apocalíptica galopante. Es cuanto.

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