Julio Santoyo Guerrero
Opinión
Que arda la corrupción, no los bosques
Lunes 9 de Mayo de 2016
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Debieron arder 250 hectáreas de bosque en el Cerro de la Cruz ante los ojos de más de 350 mil uruapenses para que se desatara la crítica en las redes sociales y las instituciones de gobierno, con atribuciones en el tema, salieran a dar la cara. Al explicar las causas del ecocidio señalaron a los aguacateros como los responsables de la barbarie, cosa que todo mundo ya sabía.

Han tenido que reconocer, por ejemplo, que la mayoría de las huertas aguacateras operan en la ilegalidad
Han tenido que reconocer, por ejemplo, que la mayoría de las huertas aguacateras operan en la ilegalidad
(Foto: TAVO)

Es una fortuna que el incendio en el Cerro de la Cruz y junto a él las quemas en otros cerros hayan colocado el tema de la conservación de nuestros bosques y de los ecosistemas en la agenda pública de Michoacán. Han tenido que dar su versión los titulares de la Semarnacc, Semarnat, Profepa, Cofom, Coeeco, ProAm, el Congreso del Estado y el gobernador Aureoles, y han tenido que acogerse al discurso ambientalista. La batalla discursiva la está ganando la ecología, aunque la realidad siga yendo por otro lado.

Han tenido que reconocer, por ejemplo, que la mayoría de las huertas aguacateras operan en la ilegalidad, es decir que las plantaciones fueron hechas en predios forestales, que con toda seguridad siguieron el método ecocida de siempre: incendiar, tumbar, limpiar y plantar aguacate; que anualmente se pierden miles de hectáreas de bosque ante el testimonio estéril y complaciente de las instituciones creadas para proteger al medio ambiente y sus recursos. Han tenido que reconocer que el ritmo abrasivo de la deforestación liquidará en no más de 40 años los bosques michoacanos y los recursos de vida como el agua, flora y fauna que se generan en ellos.

Sin embargo, hablan del fenómeno como una novedad, como una realidad caótica fuera del alcance de los controles institucionales. Lo cierto es que esta tragedia ecológica tiene un origen preciso, vulgar, identificable, abominable: la corrupción. Quien se acerque al conocimiento de este fenómeno encontrará invariablemente que atrás de cada plantación aguacatera instalada en predios forestales hay una historia de corrupción donde son figuras protagónicas los inspectores o visitantes de instituciones como la Semarnat, Semarnacc, la Profepa y las policías municipales.

Es un secreto a voces en las regiones aguacateras y entre quienes con mayor capital desean expandirse, que comprar la complacencia de las autoridades puede costar desde 50 mil hasta 150 mil pesos y hasta un poco más. La cuota implica una protección bien definida: el cobijo de la Policía Municipal, la ausencia de operativos para detectar predios quemados y plantados y hacerse de la vista gorda en la aplicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Las irregularidades que todo ciudadano puede ver cuando transita por las zonas aguacateras, que ya no están ocultas atrás de los cerros sino a bordo de carreteras, brechas y caminos, no son fortuitas, no son excepciones, son la regla, son el resultado de todo un sistema de corrupción que lubrica un sistema podrido que ha permitido en pocos años la devastación de coníferas. No es para nada extraño que hasta la fecha no haya un solo consignado por el incendio del Cerro de la Cruz ni de otros tantos que no tuvieron la suerte de ser mirados por tantos cientos de miles. Y puede no pasar nada porque muchos poderosos aguacateros, arrasadores de bosques, financiaron las campañas de diversos políticos que hoy tienen funciones públicas.

La veda contra quienes queman pastizales no servirá de nada, ahí no está el problema central; prohibir el cambio de uso de suelo es sólo un enunciado porque eso ya está en las leyes, como está la obligación de que toda huerta que haya sido plantada en predio forestal debe ser tirada para recuperarla a su naturaleza forestal. Lo primero que debe hacerse es dar un combate frontal contra todas las prácticas de corrupción que han permitido este desastre y llevar a la cárcel a los servidores públicos involucrados, lo que debe hacerse es generar un sistema de transparencia en todas las instituciones que tienen responsabilidades ambientales y que hasta ahora actúan en la oscuridad, lo que debe hacerse es un inventario de todas las huertas que están en la ilegalidad para reconvertirlas en áreas forestales, lo que debe hacerse es construir y actualizar una base de datos con todas las operaciones de compra-venta de predios forestales pues es casi seguro que su destino será hacerles cambio de uso de suelo, lo que debe hacerse es precisar las atribuciones legales de los municipios para intervenir ante los delitos forestales y amarrarles las manos a los policías corruptos que han hecho de la protección ecocida una fuente generosa de ingresos, lo que debe hacerse es que un consejo ciudadano otorgue constancias de Huerta Aguacatera Amigable a los productores que cumplan con las leyes y que se expida una norma que prohíba el mercadeo de aguacate cultivado en condiciones de ecocidio.

Es decir, tenemos que quemar la corrupción a la misma temperatura calcinadora con la que servidores públicos y aguacateros han quemado los bosques que son patrimonio de la vida, a la cual todos nosotros pertenecemos. Si no se toman acciones en ese terreno lo demás es sólo discurso y simulación.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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