Claudia Aguilar
Morelia
Desaparecen bosques... y empieza a escasear el agua
Lunes 23 de Abril de 2018
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La vasta extensión de bosques en Michoacán ha disminuido paulatinamente durante las últimas décadas y, por consecuencia, los suelos, el agua, la flora y la fauna son hoy más vulnerables a los embates de un cambio climático que está en marcha.

Según cifras oficiales, (Cofom, Semaccdet, 2018) cada año Michoacán pierde unas 66 mil hectáreas de bosque, debido principalmente al cambio de uso de suelo ilegal, los incendios y la tala clandestina, entre otras causas.

Se trata de una problemática multifactorial donde el interés económico pesa tanto o más que el interés medioambiental. Pero la cuestión, dice el secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semaccdet) en la entidad, Ricardo Luna García, es que debe prevalecer el interés común:

«Creo que no nos debe ganar la ambición por encima del bienestar colectivo. Al final, el bosque es patrimonio de todas y todos los michoacanos, y mexicanas y mexicanos, y necesitamos seguir preservándolo» para sostener nuestras condiciones de existencia.

En Michoacán hay una búsqueda por concretar ese punto medio en que los recursos naturales puedan ser explotados racionalmente, asegurando su perdurabilidad y el reparto «más generalizado» de sus productos y ganancias, apunta Luna García.

Cada año Michoacán pierde unas 66 mil hectáreas de bosque.
Cada año Michoacán pierde unas 66 mil hectáreas de bosque.
(Foto: Especial)

Ley de bosques



En México el tema forestal se ha considerado jurídicamente desde el siglo XIX (en 1854 se emitió un «Decreto que prohíbe la exportación de maderas de construcción»), si bien el énfasis en su conservación no apareció hasta mucho tiempo después.

En 2008, se adicionó un párrafo a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, de 1958, según el cual debe promoverse «el desarrollo sustentable» de las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales, conforme criterios de protección, restauración y conservación de los ecosistemas.

Cinco años antes, había sido publicada la primer Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual, por cierto, fue abrogada hace unos días por el Senado de la República para expedir una nueva ley, cuyo fin es regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, con base en un principio de concurrencia entre los niveles de gobierno.

Independientemente de si la Cámara de Diputados aprueba o no esta propuesta, el hecho es que los bosques son ahora parte visible de la discusión legislativa, debido a la importancia estratégica y el valor económico que guardan. Pero quizá la ley no sea suficiente para protegerlos.

«La ley es eficiente en la medida que se aplique», señala el fiscal de Atención Personalizada a Delitos de Alto Impacto, Alfredo Becerril Almazán, quien se encarga de los delitos ambientales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

«Si la ley no responde a la necesidad que se tiene –prosigue– le diría, como abogado, que estamos en presencia de una cosa que se conoce como derecho vigente, pero carente de positividad; significa que la ley existe, pero es insuficiente para hacerse valer por sí sola del objetivo que pretende».

Para el fiscal, hay que subrayar el ejercicio de una ley no necesariamente punitiva en todos los casos, que atienda a los medios alternos de solución, como la reparación del daño, para resarcir el impacto ambiental. Y en ese proceso se encuentra la administración estatal.


Actores diferenciados



Con base en el Decreto para la Recuperación de los Bosques y los Recursos Naturales, emitido por el Ejecutivo en el Estado en agosto de 2016 (que considera como «emergencia ecológica y de interés público» la tala y quema de bosques), la administración estatal puede intervenir predios con cambio de uso de suelo ilegal, como una medida para impedir el deterioro forestal.
La mayoría de estos predios cambiaron de uso de suelo sin permiso oficial para plantar aguacate, que de acuerdo con la Semaccdet, ocupa unas 200 mil hectáreas del territorio actualmente, cuyo cultivo deja una derrama anual de alrededor de 17,000 millones de pesos.

Por tanto, la medida, que ha implicado incluso desmontar cultivos incipientes en zonas de bosque, ha sido controvertida para algunos productores de aguacate. Pero continuará, adelanta Luna García, pues «estos operativos son un recurso para que el estado puede detener, desincentivar que se esté tumbando bosque para cambiarlo por otros sistemas productivos como el aguacate, que es el principal cultivo que lo está presionando».

Hasta ahora, los operativos han reportado la recuperación de más de 320 hectáreas, pero lo más importante es que han resultado en convenios con aproximadamente 300 productores para que reforesten y disminuyan el impacto ambiental de sus cultivos.

«Ya sólo nos falta que se acerquen 35 mil 700 productores, pero no vamos a cejar», señala, sin ironía, el secretario Luna, consciente de que la labor no se puede lograr sólo desde el gobierno, sino que «es conjunta, de los productores, de los gobiernos federal, estatal y municipal, etcétera, de forma que no se frene el desarrollo económico, sino por el contrario, se incentive, pero no a costa de nuestros recursos naturales».

La presencia de este cultivo en Michoacán no puede revertirse. «Pensar en tumbar esas hectáreas con aguacate sería retrógrada. Lo que buscamos es diseñar un convenio que les permitan el resarcimiento del daño, cómo:

«Primero, no pueden establecer o ampliar huertas de aguacate sin el permiso correspondiente; y, dos, deben reconvertir un porcentaje de esas huertas a parte forestal», pues sólo de esta manera conservaremos nuestra agua y la calidad de nuestro suelo.

El tercer punto es más complicado aún, y está en proceso. Es la puesta en marcha de un «fondo verde» que implica una aportación por servicios ambientales de parte de los agro-productores que han afectado al ecosistema. Esos recursos serían ejercidos para restaurar las áreas afectadas, según decisiones compartidas entre ambos sectores.

Hasta ahora, los operativos en favor de los bosques han reportado la recuperación de más de 320 hectáreas.
Hasta ahora, los operativos en favor de los bosques han reportado la recuperación de más de 320 hectáreas.
(Foto: Especial)

El cambio en marcha



Según datos de la Cofom, de 1990 a 2010 desaparecieron alrededor de 1 millón 335 mil hectáreas con superficie arbolada en el estado (47.1% de bosques, el restante de selvas). Para contrarrestarlo, la administración estatal tiene como meta plantar 30 millones de árboles en 30 mil hectáreas.

Pero aun cuando los programas de reforestación son permanentes, y que «últimamente se están logrando tasas de supervivencia hasta de un 80 por ciento», informa Jaime Díaz Vázquez, la restauración del bosque es complicada.

Para hacernos una idea del impacto económico, la recuperación de las 66 mil hectáreas que, escribimos antes, se pierden anualmente, costaría unos mil 500 millones de pesos (PRODEFOS, 2030). Y, además, está el impacto ambiental.

El cambio climático ya es una realidad», dice el titular de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), Jaime Díaz Vázquez.

Actualmente, el gobierno estatal tiene identificados 40 municipios de la Meseta Purépecha y la Región Oriente, con mayor vulnerabilidad a incendios por cambio de uso de suelo.

Además, ha comenzado a escasear el agua, incluso en sitios como el Pico de Tancítaro, que es el punto con mayor altitud en el estado y, por ende, una zona de captación hídrica muy importante, que alimenta a toda la Región de Tierra Caliente.

Por largo tiempo hemos sido «privilegiados por tener unos suelos forestales muy fértiles…, pero ese paraíso está en riesgo de perder su calificativo por la deforestación, que ha sido un problema grave, y es algo en lo que debemos aplicarnos todos los que estamos involucrados en la actividad forestal», indica el titular de Cofom.

En nuestro estado «no ha sido sencillo aplicar la ley»; sin embargo, debemos encontrar una solución porque «perder nuestra vocación forestal es perder nuestras oportunidades de desarrollo», concluye.

Desde 2001, el rubro forestal es considerado como asunto de seguridad nacional en México.
Desde 2001, el rubro forestal es considerado como asunto de seguridad nacional en México.
(Foto: Especial)

¿Cómo recuperamos el bosque?



La pérdida de la cubierta forestal también obedece al cambio climático. Con el aumento de la temperatura, los árboles almacenan menos humedad para sobrevivir en la temporada de sequía; así, son cada vez más vulnerables a los incendios y plagas. «Los árboles están muriendo» ya en zonas como la Biósfera de la Mariposa Monarca, donde, por cierto, una tormenta invernal atípica derribó aproximadamente 20 mil árboles durante una sola noche en marzo de 2016.

Esto lo explica, grosso modo, el doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, miembro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana, quien informa de un aumento de temperatura de un grado desde 1961 en Michoacán, el cual seguirá hasta grado y medio para 2030.

Dado este incremento, es probable «que, en algún momento de los próximos años, tras un invierno seguido por una primavera muy seca y más caliente de lo normal, como ha estado sucediendo, exista un pulso de mortalidad, o sea: Un incremento substancial de árboles defoliados» que mueran a causa de las plagas.

Por ello, Sáenz Romero propone una medida alternativa, no sólo para contrarrestar la deforestación, sino incluso para adelantarse a catástrofes futuras: «Debemos mover el bosque hacia arriba», para adaptarlo a las condiciones climáticas que se avecinan.

«Estoy hablando de un movimiento de 300 metros y no es casual… Cada 100 metros de altitud hay una diferencia de medio grado de temperatura», sostiene, y, dado el calentamiento que está en marcha, esta sería una solución para que los árboles sobrevivan.


DATOS EN CORTO



- Nuestra superficie arbolada es de 2.2 millones de hectáreas, entre bosques y selvas.

- Actualmente, el bosque michoacano genera más de 60 mil empleos y una derrama económica de 1 millón 250 mil pesos anuales.

- Se estima que el 70% de los bosques son de propiedad ejidal y comunal; el 30% restante tiene dueños particulares.

- Desde 2001, el rubro forestal es considerado como asunto de seguridad nacional en México.