Ismael Acosta García
Los graves costos de la corrupción en México
Sábado 14 de Abril de 2018
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Hay dos percepciones de México: la de los spots políticos previos al informe presidencial divulgados por la Presidencia de la República y la del México real. La primera es la de los que piensan que estamos muy bien y se preguntan para qué necesitamos cambiar. Esta visión la defienden algunos políticos, empresarios, intelectuales y analistas. Sin embargo, la realidad contrasta con esa percepción idílica y muestra un México muy distinto, el real.

Pero ¿cómo está verdaderamente México? Para describirlo, se hace un análisis de la situación del país en los temas que más preocupan a la ciudadanía, como son la corrupción, el crecimiento económico, pobreza, precariedad laboral, autosuficiencia alimentaria y energética, educación y salud, en comparación con otros países. Los datos derivados del análisis de la situación actual resaltan la urgencia de emprender un nuevo rumbo hacia un México más justo, más educado, más seguro, más saludable y más competitivo, para darle un mejor legado a las siguientes generaciones.
Hemos venido señalando que uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es, sin duda, la corrupción, que tiene varias vertientes.

La primera de ellas es la corrupción materializada en el robo directo a las arcas públicas, o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos en la asignación de obra pública y en las licitaciones de compras públicas. Tal es el caso del momento con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), cuyo solo impacto de dolo y desaseo merece artículo aparte.

En los últimos cinco años, los casos de corrupción que se han hecho públicos han crecido de manera preocupante. Tal son los de La Casa Blanca, Malinalco y Odebretch, que tuvieron como actores centrales a la pareja presidencial Gaviota-EPN, a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya Thalmann. La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos del PRI, PAN y PRD han hecho de la corrupción una práctica normal y cotidiana mediante el robo directo de miles de millones de pesos, donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental. Los hechos más recientes son los de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, así como los de 20 ex gobernadores representantes del nuevo PRI del que en su momento presumieron EPN y José Antonio Meade, hoy candidato “inmaculado” de ese partido político a la Presidencia de la República, y cuatro o cinco panistas y perredistas. Estos ex gobernantes han sido acusados por diversos delitos como peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y lavado de dinero, entre otros.

Pero veamos casos, delitos y cantidades aproximadas por las que han sido acusados: Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit, PRI), dos mil 700 millones de pesos; César Duarte (Chihuahua, PRI), seis mil millones de pesos; Jorge Torres López (Coahuila, PRI) se encuentra en la lista de los “fugitivos más buscados” de Estados Unidos desde febrero de 2016; Eugenio Hernández (Tamaulipas, PRI), lavado de dinero y transacciones financieras para Los Zetas; Roberto Borge (Quintana Roo, PRI), 300 millones de pesos; Tomás Yarrington (Tamaulipas, PRI), acusado por delitos contra la salud y operación con recursos de procedencia ilícita; Javier Duarte (Veracruz, PRI), responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público; Guillermo Padrés Elías (Sonora, PAN), enjuiciado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por más de 200 millones de pesos; Andrés Granier (Tabasco, PRI), delitos de peculado, defraudación fiscal y desvío de dos mil 600 millones de pesos; Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo, PRI), acusado por lavado de dinero en Estados Unidos y por fomento al narcotráfico y lavado de dinero en México; Flavino Ríos Alvarado (Veracruz, PRI), acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por encubrir y ayudar a escapar a su predecesor Javier Duarte; Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes, PAN), por el delito de peculado; Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León, PRI), por los delitos de peculado, daño patrimonial y ejercicio indebido de funciones públicas; Fidel Herrera Beltrán (Veracruz, PRI), por la presunta adquisición de medicamentos falsos durante su gobierno aplicados a niños con cáncer (lo mismo que Javier Duarte); Miguel Alonso Reyes (Zacatecas, PRI), por usar supuestamente una red de 24 empresas para desviar casi 400 millones de pesos; Gabino Cué (Oaxaca, PRI), actualmente existen unos 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios contra él y colaboradores por el orden de cuatro mil 399 millones de pesos; Humberto Moreira (Coahuila, PRI), detenido en España para ser investigado por lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho; sin embargo, fue exonerado por la justicia de ese país tras recibir informes de la PGR y hoy se alista para reforzar la alicaída campaña del Meade; Juan Sabines (Chiapas, PRD), señalado de desfalco y endeudamiento de la entidad que podría ascender a unos 40 mil millones de pesos; sin embargo, Sabines Guerrero no reconoce ningún adeudo más allá de los quince mil millones de pesos. En otras palabras: “Robé, pero tantito”. Pablo Salazar Mendiguchía (Chiapas, PAN-PRD), fue detenido y procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y homicidio doloso; Narciso Agúndez Montaño (Baja California Sur, PRD), acusado del delito de peculado por el presunto desfalco al erario por más de 55 millones de pesos.

En el caso de Michoacán no cantamos mal las rancheras pues tenemos verdaderas joyas de la impunidad que se dan en la Secretaría de Salud y en la de Obras Públicas, por decir lo menos, donde siguen teniendo metidas las manos El Virrey Alfredo Castillo y sus hordas del Estado de México, y se ven involucrados los gobiernos de Fausto Vallejo, Jesús Reyna, Salvador Jara y Silvano Aureoles. Esta semana hemos sido testigos de las graves anomalías de que dan cuenta la prensa y televisión nacional respecto a lo que acontece en el Sector Salud en la entidad.

Otra vertiente de la corrupción se da cuando las autoridades, en todos los niveles de gobierno, fomentan la sobrerregulación de las actividades públicas más simples, lo que lleva a que los ciudadanos tengan que recurrir al soborno para agilizar sus trámites. Más de la mitad de los mexicanos admite que ha sobornado a las autoridades en el último año para acceder a servicios públicos, según lo constata el Barómetro Global de la Corrupción, instancia dependiente de Transparencia Internacional, en el artículo de C. Pring. (2017) disponible en Internet.

El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este reporte nos ubica en el lugar 127 y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios
El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este reporte nos ubica en el lugar 127 y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios
(Foto: Cuartoscuro)



Según ese estudio, las personas encuestadas en México constituyen el mayor porcentaje de América Latina, entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en 2017 (el 51 por ciento). A la vez, de acuerdo con cifras de transparencia mexicana, el catorce por ciento del ingreso promedio anual de los hogares se destina a pagos extraoficiales.

La corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía. El World Economic Forum lo estima en un 2.0 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); Banco de México, Banco Mundial y Forbes lo ubican en un nueve por ciento, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en diez por ciento. Información disponible en http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/.

El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este reporte nos ubica en el lugar 127 y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

Bien lo dice el candidato de Morena a la Presidencia de la República cuando afirma que “si abatimos la corrupción estaríamos recuperando más de 530 mil millones de pesos por año, que servirían para impulsar políticas públicas en favor de las clases sociales más desposeídas y tendríamos la inversión suficiente para iniciar los grandes proyectos de infraestructura energética, hidráulica, agrícola, educativa y de salud”, apreciación que ha venido delineando en su discurso de precampaña a la Presidencia de México. Este dato es muy importante para aquellos críticos de AMLO que afirman que López Obrador sólo evidencia las carencias pero no ofrece soluciones. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 asciende a cinco billones 279 mil 667 millones de pesos. El diez por ciento se va en actos de corrupción “oficializada”.

Y que quede claro: en materia de corrupción la solución somos todos. Es cuánto.

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