Julio Santoyo Guerrero
El agua, ¿asunto de seguridad nacional?
Lunes 26 de Marzo de 2018
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La Ley de Aguas Nacionales establece que `el agua es un bien de dominio público federal, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional´. Es decir, no es cualquier cosa, no es el agua algo con lo que se pueda actuar irresponsablemente y en torno a la cual se puedan tomar decisiones irreflexivas.

Las implicaciones por la administración irresponsable del agua suponen una problemática grave, se pueden poner en riesgo la integridad, la estabilidad y la permanencia de los intereses fundamentales del país. Es un asunto de seguridad nacional porque implica `el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales, lo que se traduce en un deber a cargo de las autoridades e instituciones, que de manera directa o indirecta auxilian al presidente de la República en la preservación de la seguridad nacional´.

Sin embargo, el camino que han seguido algunas instituciones que tienen como competencia el cuidado del medio ambiente, y de manera especial del agua, es francamente cuestionable porque ejercitan la violación rutinaria de la propia ley en la cual deberían sustentar su actuación. Han desviado el sentido de las instituciones para ponerlas a disposición de los intereses económicos que ven en la destrucción del medio ambiente una oportunidad de negocio.

Tomar a las instituciones como instrumentos patrimoniales de quienes las dirigen y con ellas construirse o ayudar a construir fortunas económicas es un agravio al Estado de Derecho y es un desvío que le está costando a México un severo retraso en el desarrollo de su democracia. El hartazgo de los mexicanos por ese actuar ha llevado a la pérdida de la confiabilidad en los gobiernos y ocasiona un serio daño a la gobernabilidad del país, situación que propicia riesgos para nuestra seguridad nacional.

La autorización irregular y masiva de permisos para perforar pozos y extraer agua para huertas aguacateras y demás en la zona sur de Morelia y en la parte norte de Madero, que, como si fueran bagatelas, ha aprobado la Delegación de la Conagua, es un ejemplo de cómo desde adentro de las instituciones se puede atentar contra la seguridad nacional, los derechos humanos y la gobernabilidad de una región.

La Conagua se ha doblegado al poder económico de los inversionistas de la zona, a quienes el medio ambiente y los derechos humanos de los pobladores es lo último que les importa
La Conagua se ha doblegado al poder económico de los inversionistas de la zona, a quienes el medio ambiente y los derechos humanos de los pobladores es lo último que les importa
(Foto: TAVO)



La Conagua se ha doblegado al poder económico de los inversionistas de la zona, a quienes el medio ambiente y los derechos humanos de los pobladores es lo último que les importa. Es un escándalo que sea la propia Conagua, sus funcionarios, quienes violen la ley a la que están obligados a respetar y hacer cumplir. La tragedia ambiental que vive Michoacán tiene en estos comportamientos una explicación muy clara. Que en 25 años hayamos perdido 1.3 millones de hectáreas sólo se puede explicar por la corrupción que domina algunas de estas instituciones; la crisis por el agua, que ya estamos viviendo y que se recrudece al paso del tiempo, se explica diáfanamente con el entreguismo de Conagua a los intereses económicos de particulares.

Cómo explicarse que la Conagua haya aprobado concesiones sin ton ni son en la zona de Nieves y Umécuaro, de Morelia, y en el norte de Madero, San Pedro y Los Ziparapios, a ecocidas que han talado decenas de hectáreas de bosque y han hecho cambio ilegal de uso de suelo para instalar huertas; que habiendo destruido los bosques y la capa vegetal que permitía la recarga de mantos acuíferos subterráneos y superficiales les premie criminalmente con autorizaciones para extraer el agua, mantos de agua que ellos mismos destruyen al tumbar los bosques y erosionar las tierras.

La Ley de Aguas Nacionales establece con precisión que para autorizar una concesión se debe respetar "el uso ambiental o de conservación ecológica", se debe verificar la disponibilidad del agua, se tiene que tener un estudio de impacto ambiental, se deben considerar los derechos humanos de las personas, es decir, el agua es primero para uso doméstico. Sin embargo, la Conagua ha autorizado pozos en huertas ilegales que hasta hace cinco años eran bosques de pino y encino.

No tarda la Conagua en salir y decir que todos los pozos aprobados son "legales", que cuentan con documentos. Pero de lo que se trata es de demostrar para cada pozo aprobado que se cuenta con el estudio de impacto ambiental y verificar en el terreno y con los pobladores que es cierto lo que sus papeles dicen; vaya, verificar que se cumple estrictamente con la ley.

El gobierno de Michoacán y el federal deben proceder a la revisión de los expedientes de cada pozo y transparentar la información: quiénes son los dueños, en qué condiciones fueron aprobados, qué volumen de agua tienen autorizado, quién les hizo los estudios de impacto ambiental, en qué predios están los pozos y si tienen permiso de cambio de uso de suelo, el estudio técnico de disponibilidad de agua y quién se los hizo.

Dado que en la zona sur de Morelia y en el norte de Madero, donde se está cometiendo esta infamia ambiental, está a la vista la pérdida de aguas superficiales y la sobreexplotación de mantos acuíferos subterráneos y el cambio de uso de suelo, que ya es una amenaza efectiva a la sustentabilidad, es urgente que las instituciones ambientales, en apego al artículo 41 de la Ley General de Aguas, promuevan ante el Ejecutivo federal declarar mediante decreto como "reserva de las aguas para uso doméstico y público urbano" y para "garantizar la protección ecológica y la conservación y la restauración de los ecosistemas" estas zonas de recarga hídrica vitales para las cuencas de Cuitzeo y el Balsas.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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