Eduardo Nava Hernández
La sombra del fascismo en la Universidad Michoacana
Jueves 22 de Marzo de 2018
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Un fantasma recorre las aulas y los campus de la Universidad Michoacana, el fantasma de la fascistización. Sus oscuros heraldos, el autoritarismo, la arbitrariedad en el uso del poder y la intolerancia lo llaman ya para que se adueñe de la escena y elimine historia, naturaleza e idiosincrasia del llamado nicolaicismo.

Cuando, el 9 de marzo pasado, el Consejo Universitario aprobó la expulsión de nueve estudiantes, esa tendencia se afirmó y ganó terreno a la justicia, el sentido del bien común, la tolerancia y el diálogo como formas deseables de trato entre los miembros de una comunidad como lo es la universitaria. La manipulación y las argucias, en cambio, operaron para consumar un acto que huele más a venganza que a justicia. Un juicio sumario en contravención del dictamen presentado por la comisión encargada de investigar y evaluar los hechos y de proponer sanciones, pretende acabar de tajo con los estudios realizados por un grupo de alumnos y con el proyecto de vida que éstos se han trazado a través de ellos. Es decir, pese a que el Tribunal Universitario, presidido por el director de la Facultad de Derecho, Héctor Chávez Gutiérrez, propuso en su veredicto como sanción la suspensión de los indiciados por el lapso de un año, una mayoría de consejeros, sesionando a propuesta del rector Medardo Serna a puerta cerrada y sin la presencia de aquellos, determinó arbitrariamente una expulsión que se ha aplicado fulminantemente.

Teresa Da Cunha Lopes ha comentado: “¿Cuál es la rationale, la lógica de un Consejo Universitario que va contra la recomendación del propio Tribunal Universitario en aras de ‘asesinar’ el futuro de nueve jóvenes?
Teresa Da Cunha Lopes ha comentado: “¿Cuál es la rationale, la lógica de un Consejo Universitario que va contra la recomendación del propio Tribunal Universitario en aras de ‘asesinar’ el futuro de nueve jóvenes?
(Foto: ACG)



¿Quiénes son los expulsados y de qué se les acusa? Nueve moradores de dos casas estudiantiles, la Nicolaita y la Isaac Arriaga, que participaron en 2016 en un movimiento en apoyo a aspirantes y rechazados a los que la Universidad no les dio cabida. Se les acusa, sin que se haya probado en modo alguno, de que este pequeño grupo causó daños materiales o robó parte del patrimonio de la institución, a pesar de que durante los 66 días cientos de jóvenes participaron en la movilización. La presunción de inocencia no tuvo lugar, y, más como escarmiento que como una sanción justa, se aplicó la separación definitiva a aquellos a quienes no se les probó nada ni se dio oportunidad de defensa frente a sus jueces.

El antecedente inmediato es que este grupo de indiciados había sostenido pláticas conciliatorias con autoridades de la Universidad, encabezadas por el secretario Salvador García Espinosa y el presidente del Tribunal, con quienes habían acordado aceptar la sanción de suspensión por un año y retirar los juicios de amparo que habían promovido en su defensa. El ofrecimiento de las autoridades era que no serían expulsados, lo que no se cumplió, en parte porque el propio García Espinosa se convirtió, ya en la sesión del Consejo, en uno de los acusadores y promovió la controvertida medida.

A propósito de esta determinación del Consejo Universitario, la destacada jurista Teresa Da Cunha Lopes ha comentado: “¿Cuál es la rationale, la lógica de un Consejo Universitario que va contra la recomendación del propio Tribunal Universitario (que era una decisión sensata y jurídicamente fundamentada) en aras de ‘asesinar’ el futuro de nueve jóvenes? Existe un principio fundamental, la proporcionalidad, que el Tribunal Universitario presidido por el director de Derecho ponderó y que los consejeros en su voto final desconocieron. Me pregunto si lo hicieron por supina ignorancia de los principios de derecho o por simple ejercicio de crueldad. Valdría la pena obligar a los 121 (consejeros) a leer la opino iuris del ministro Zaldívar sobre el principio de proporcionalidad que tiene como función, precisamente, restringir el uso de la arbitrariedad (interdicción del exceso) (….) Esta gente da miedo”.

Por añadidura, los daños alegados por los acusadores-jueces (algunos miembros del Consejo Universitario asumieron ese doble papel) ya habían sido reparados. La Tesorería de la Universidad ya había hecho descuentos con ese fin al subsidio que entrega a los albergues estudiantiles. De manera que se operó una doble sanción: la primera, económica, no acordada por el Consejo Universitario, y la segunda, la mencionada expulsión. En contraste, el secretario García Espinosa, de quien existen videograbaciones derribando un tramo de la barda del campus universitario, dice haber pagado los daños que ocasionó, aunque de ello no se han mostrado pruebas, pero no recibió ninguna otra sanción y se le ha mantenido en su puesto.

¿Sobre qué fundamento jurídico se sustentan las expulsiones? Se desconoce. La videograbación de la sesión del Consejo difundida en la página web de la Universidad omite todo el debate dado en este punto. Las notificaciones recibidas por los alumnos expulsados no invocan ningún reglamento o disposición normativa para fundamentar la medida. Al rechazar el dictamen del Tribunal Universitario, y sin un fundamento jurídico claro, se resolvió sólo a mano alzada la sanción.

La represión llega al seno del mismo Consejo Universitario. En la sesión del 16 de marzo la representante de las casas del estudiante intenta leer un documento cuando el equipo de sonido es apagado para acallar su voz.

¿Cómo se ha llegado a estos niveles de iniquidad y despotismo? Hay un germen de odio social silenciosamente (no siempre, a veces manifiestamente) incubado contra los grupos, sobre todo estudiantiles, que se movilicen en defensa de algún derecho. Ese embrión, auténtico huevo de serpiente, se expresó con crudeza a través de las redes sociales, de otros medios y en los ataques directos de grupos violentos, justamente durante la ocupación de instalaciones de 2016. Contra los participantes fueron comunes las expresiones “lacras”, “indios”, “muertos de hambre”, “pseudoestudiantes” y otras semejantes que traslucen un profundo clasismo y racismo por parte de quienes suponen que una institución de carácter popular como la Universidad Michoacana debe dejar de lado su compromiso social y convertirse en un castillo de pureza académica manejado sólo en beneficio de quienes con más facilidad llegan a su seno. Nunca el rector Medardo Serna ni el Consejo Universitario han hecho un pronunciamiento público contra ese tipo de expresiones que dividen a la comunidad y agreden a los sectores más desfavorecidos.

Pero a este clasismo gestado desde las bases se añade el de la cúpula. En la ceremonia del 14 de marzo, conmemorativa del fallecimiento del fundador del Colegio de San Nicolás, fue el mismo rector Medardo Serna quien se atrevió a afirmar que “don Vasco de Quiroga estuvo lejos de esas políticas asistencialistas que hacen esclavos a los hombres y las mujeres. Él trató de hacer responsables a hombres y mujeres y creo que sigue siendo uno de sus grandes legados” (Cambio de Michoacán, 15 de marzo, página 4). En la visión del funcionario nicolaita, el asistencialismo promovido en su momento por don Vasco está reñido con la responsabilidad. No un humanista inspirado en los principios del catolicismo renacentista, sino un neoliberal del siglo XXI, es como aparece Quiroga en la peregrina y falaz versión que Serna pretende ahora divulgar.

Sobre el verdadero legado de don Vasco, escribe el historiador Benedict Warren —doctor Honoris Causa por la propia Universidad—: “El propósito y naturaleza de Santa Fe de la Laguna, como llegó a llamarse la fundación en Michoacán (…) debería ser un lugar donde pudieran encontrar refugio los que anduvieran errantes, a donde pudiera ir el pobre, donde los huérfanos recibieran protección y donde se practicaran los divinos oficios. El indio Alonso de Ávalos, importante intérprete tarasco, atestiguó en la residencia de Quiroga, que en aquel lugar el pobre recibía asilo, vestido y alimento”. Y en particular sobre el Colegio de San Nicolás, el propio Quiroga estableció en su testamento: “Por cuanto lo hicieron todo los indios de esta ciudad de Michoacán por mi ruego y mandado, sin habérseles pagado bien como debiera (…) que en recompensa y satisfacción de lo que allí los indios de esta ciudad de Michoacán y barrios de la Laguna trabajaron, pues ellos lo hicieron a su costa, sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios, vecinos y moradores de esta ciudad de Michoacán, y de los dichos barrios de la Laguna, que también ayudaron en los dichos edificios, que quisieren y sus padres enviaren allí a estudiar y ser allí enseñados en todo lo que allí se enseñare y leyere, y esto gratis como es dicho (…)”.

¿Qué sentido puede tener la burda falsificación de la historia y de la vida de Quiroga que el rector Serna construye y quiere difundir? Sin duda preparar un terreno social favorable para la desaparición del aspecto asistencial que la Universidad Michoacana conserva, las casas del estudiante; atacar la gratuidad en la educación y quizá también el tan manido tema del derecho a la jubilación.

El hecho real es que, como pocas veces antes, la comunidad universitaria se encuentra en proceso de división y estratificación. El reglamento de casas del estudiante aprobado por el Consejo Universitario en otra de sus ignominiosas actuaciones y confundiendo los términos, ya prevé sustituir la asistencia social por becas de rendimiento escolar sólo para quienes tengan un promedio de 8. El propósito es, evidentemente, reducir las dimensiones de o desaparecer los albergues que hoy brindan la oportunidad de estudiar a varios miles de jóvenes de escasos recursos.

Lejos de todo valor auténticamente humanista, permitir el desarrollo del odio y el desprecio social, el clasismo y el racismo ya presentes al seno de la Casa de Hidalgo, sólo puede conducir a políticas de exclusión como las que hoy vemos, con vergüenza, se fomentan con las vengativas e infundadas expulsiones que nada abonan a la conciliación y la concordia. Pero es seguro que el derecho y la cordura se impondrán y la represiva medida será revertida por el movimiento universitario y las instancias de administración de la justicia, como una barrera a la ilegalidad y el absurdo que hoy atentan contra la historia y el ser de la centenaria institución.

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