Julio Santoyo Guerrero
A quien corresponda: SOS, prevaricación ambiental
Martes 20 de Marzo de 2018
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La experiencia más indignante que le puede ocurrir a la ciudadanía es que la institución responsable de hacer cumplir la ley sea la principal promotora de su violación. Inaceptable que la condición que le impongan al ciudadano sea la de paria del Estado. Esto ocurre con una de las instituciones más torcidas y entregadas a los intereses económicos de quienes han devastado los ecosistemas michoacanos, está ocurriendo con la institución que está incitando el conflicto social por el agua en nuestro estado: la Conagua.

En la Delegación de la Conagua sus actuales funcionarios deben ser retirados para garantizar el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, relativo al derecho humano a un ambiente sano.
En la Delegación de la Conagua sus actuales funcionarios deben ser retirados para garantizar el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, relativo al derecho humano a un ambiente sano.
(Foto: TAVO)



Desde hace más de medio año las comunidades de Nieves, Umécuaro y Tirio, del municipio de Morelia; de San Pedro, y múltiples ejidos, pequeños propietarios de bosques y comunidad indígena de Madero, han denunciado y, en su caso, solicitado a la Delegación de la Conagua que pare la fiebre de perforación de pozos y construcción de gigantescas hoyas que en estas áreas se han permitido, destruyendo las zonas hídricas de recarga, secando los manantiales que alimentan a las poblaciones y matando la vida de la flora y la fauna ahí existentes, amén de hacer imposible la actividad productiva de los campesinos que sin disponibilidad de agua son empujados a la emigración y a una mayor pobreza.

La actuación torcida y contraria a la Ley de Aguas Nacionales de los inspectores de la Conagua dieron como resultado que en el mes de febrero, en visita a la zona de Nieves y Loma Caliente, en lugar de aplicar la muy precisa Ley de Aguas, extendieron presurosos los permisos para `regularizar´ a quienes, a contrapelo de las normas ambientales, están secando los mantos acuíferos de la región, para regar aguacates y otros frutos. A pesar de la protesta de los pobladores y la decisión de impugnar, la respuesta cínica de los inspectores fue `si los de Antorcha Campesina, que son más duros, no pudieron, menos ustedes´.
Tanto en la región de Nieves (Morelia) como en San Pedro (Madero) la perforación de pozos es una fiebre que se ha alimentado de la destrucción de bosques para hacerles cambio de uso de suelo y plantar aguacate. El crecimiento de las plantaciones aguacateras ha secado manantiales y arroyos superficiales, que no han sido suficientes para regar tales huertas, ya que por cada hectárea de aguacate se necesitan de otras tres de bosque para proveerlas de agua.

Los sistemas hídricos de Nieves, Umécuaro, Loma Caliente, Hojas Anchas y Tirio, de Morelia, y los de San Pedro, Porúas, Villa Madero y los Ziparapios, de Madero, son esenciales para la vida de los ecosistemas de vastas regiones. El de Nieves es vital para la recarga de los mantos acuíferos que alimentan a la propia población de Morelia a través del sistema Tirio-Cointzio, y son esenciales para la continuidad de la vida vegetal y de fauna de esta área. El agua que se genera en San Pedro, Porúas y Villa Madero, determina la vida del Río Etúcuaro, que luego toma el nombre de Curucupaseo para terminar siendo el Río Carácuaro, y tiene impacto ambiental y productivo para gran parte del territorio y población de Tierra Caliente.

No se explica, entonces, cómo es que la Conagua ha expedido permisos de perforación de una veintena de pozos, violando los preceptos de la Ley de Aguas Nacionales, que pone como límite para dichas autorizaciones la disponibilidad de agua, la sustentabilidad ambiental, la no afectación a terceros, el derecho humano al agua, la realización de estudios de impacto ambiental, el interés público, la participación social y, por si fuera poco, la consideración del agua como asunto de seguridad nacional.

La complicidad ecocida de la Delegación de la Conagua, su contribución a la ingobernabilidad en estos municipios y su apuesta, por incompetencia o corrupción, para atentar contra la seguridad nacional, deben necesariamente llevar tanto al gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, como al gobierno federal, a realizar una revisión a fondo de todos los permisos que se han otorgado y contrastarlos con lo que la ley dispone. En la Delegación de la Conagua sus actuales funcionarios deben ser retirados para garantizar el cumplimiento del artículo 4 de la Constitución, relativo al derecho humano a un ambiente sano. No puede ser digno de confianza social quien desde la institución que debe proteger las aguas nacionales, como asunto de seguridad nacional, sea el caballo de Troya de los ecocidas.

En promedio, para cada pozo, la Conagua les autoriza la extracción entre 80 y 100 mil metros cúbicos por año, algo así como 219 y 273 metros cúbicos diarios, lo que representa 219 y 273 mil litros por día. Aún más torcida la Conagua cuando la mayoría de esos pozos están autorizados en predios donde han deforestado y hecho cambio de uso de suelo, en algunos ha habido apenas hace meses operativos para desmantelar huertas y hoyas ilegales. No les ha bastado talar y con ello anular la capacidad de recarga de mantos, sino que ahora los premian para robarse el agua que es de interés público y que han cuidado los pobladores originarios de estos pueblos.

La fiebre de la perforación de pozos, como la de construcción de hoyas gigantes para retener agua, es la consecuencia de la fiebre aguacatera que conlleva, en su vertiente ilegal, la tala y el cambio de uso de suelo. Estos hechos, que se generalizan por todo el estado, son una evidencia de que las políticas ambientales tanto federales como estatales están fracasando en Michoacán. Mientras unos se cruzan de brazos aduciendo que no es su competencia, otros francamente y cometiendo prevaricación (violar la ley siendo representantes de la propia ley) `legalizan´ el ecocidio y pisotean el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano.

¿Quién, desde el gobierno, debiera escuchar o leer esto? Necesariamente el gobernador Aureoles, quien en su discurso ha asumido compromisos y acciones con el medio ambiente y quien ha reiterado su determinación de que debe parar el ecocidio estatal. Sin embargo, lo que vemos no refleja el ejercicio de una política ambiental eficaz, algunas instituciones están fallando, o de plano se han ido del lado del poder económico de los ecocidas. Por sentido común, el fracaso de la política ambiental es el fracaso de toda la política, porque sin vida para la especie humana, lo demás no tiene sentido.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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