José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano
Sábado 17 de Febrero de 2018
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A propósito de los procesos internos de los partidos políticos a cargos de elección popular, donde estamos observando que existen amenazas de militantes de las principales fuerzas políticas de abandonar sus filas para incorporarse a otro que sí les permita cumplir con sus aspiraciones (derecho a ser votados), es decir, convertirse en candidatos, se impone la pregunta: ¿se trata de una cerrazón política de los institutos políticos o es la incapacidad de los militantes inconformes para hacer valer los recursos con los que cuentan los estatutos de sus partidos y eventualmente de la ley de justicia electoral?

La muestra más visible de que no se ha entendido que hoy los problemas de designaciones no se resuelven con tomas de edificios la dieron militantes inconformes del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo a presidencias municipales, ya que los seguidores de una veintena de aspirantes a candidatos por ese partido ordenaron a sus seguidores a ocupar las oficinas para impedir el desarrollo del proceso interno de selección y con ello obligar al órgano auxiliar en Michoacán de la Comisión Nacional de Proceso Internos, que es la encargada del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido de sacar adelante las candidaturas, pretendiendo con ello “negociar” situación que no sucedió; cuando sus estatutos tienen un capítulo de justicia partidaria, la que prevé medios alternos de solución a controversias en caso de inconformidades en procesos internos, así como todo un sistema de impugnaciones (recurso de inconformidad, juicio de nulidad y el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante) y su correspondiente procedimiento en sede partidista para resolver posibles decisiones equivocadas o con falta de legalidad o cuando el militante partidista se sienta vulnerado en sus derechos de participación en el ejercicio de la democracia, por lo que estimo que con esas acciones se están perjudicando y propiciando la convalidación de algunas decisiones que pudieran estar en la ilegalidad al no transitar en este caso a través del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, que sirve para que todos aquellos ciudadanos que militen en ese partido hagan valer sus derechos en un proceso de elección como en el que estamos, éste como las otras formas de inconformidad estarán protegidas por el debido proceso, ya que se trata de un procedimiento sumarísimo tomando en cuenta que se resuelve en setenta y dos horas.

Ignacio Hurtado Gómez, magistrado presidente del TEEM
Ignacio Hurtado Gómez, magistrado presidente del TEEM
(Foto: Archivo)

Si persistiera la insatisfacción del militante priista, está la instancia jurisdiccional, ya que las resoluciones de referencia pueden ser combatidas ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por medio del juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. Este procedimiento que se ventila en sede judicial como lo es un Tribunal también protege el derecho a ser votado a través de revisar los actos de legalidad en este caso del partido político al que me vengo refiriendo, pero tiene el requisito o condición de agotar la justicia partidaria, por lo tanto no se puede acudir al Tribunal sin haber intentado la enmienda por conducto del procedimiento de ese instituto político.

Esta reflexión la comparto, amable lector, ya que por las páginas de este periódico en su edición del jueves de esta semana, en una nota de Gabriel Envila Fischer, nos enteraba que la inconformidad priista por la imposición de candidatos fue impugnada por seis aspirantes no tomados en cuenta, siendo dos de diputación y cuatro de presidencias municipales, y con una nota de Rafael Rivera Millán está el caso de Judith Carrillo Chacón, que hizo valer su inconformidad ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y al mismo tiempo un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral al no permitirle participar como aspirante a la convención para presidente municipal de Lázaro Cárdenas; misma situación que hizo valer Domingo García Salce, de Nuevo Urecho, pero este último inicialmente hizo valer el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano por estar tomadas las oficinas del PRI, que es donde funciona la comisión de justicia partidaria y una vez que liberaron el funcionamiento de su partido acudió al juicio para la protección de los derechos partidarios del militante ante su partido, le estaremos dando seguimiento a estos últimos cuenta habida de que son los que habrían agotado el principio de definitividad o requisito a que me referí en el párrafo anterior; desde luego y en una interpretación progresiva o garantista deberán prosperar las acciones que les asista la razón de su derecho a ser votados como una de las manifestaciones de la democracia, aquí el dato es que de 20 o más inconformes, sólo siete están en la ruta del Estado de Derecho, lo que resulta loable por existir los procedimientos jurídicos y superar en Michoacán la toma de edificios para tratar de resolver todos los problemas con eso.

Eexpedienté de varios. El nepotismo es un acto reprobable por quien lo realice, pero si so pretexto del mismo se quiere socavar una lucha sindical, resulta autoritario; me estoy refiriendo a la noticia de ocho columnas a que se refiere este periódico el miércoles de esta semana intitulado “Chocan secretario de Salud y la lideresa sindical”. Con esta nota se da cuenta de una rueda de prensa ofrecida por Guadalupe Pichardo Escobedo mediante la que niega la afirmación del día anterior del doctor Elías Ibarra Torres en el sentido de que 25 parientes de la lideresa están trabajando en la Secretaría de Salud, a la que acuso de nepotismo.
Esta situación, como otras, no tendría por qué alcanzar a los medios, el instrumento idóneo es el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que la Ley de Responsabilidades debiera conocer del asunto, por lo que estimo que el secretario debió hacer del conocimiento al órgano interno de control de la dependencia para que iniciara la investigación, y si resultaba cierta la afirmación, hacerla del conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa para que sea ella la que resuelva si se trata de una falta administrativa grave y con ello garantizarle el derecho de audiencia a la lideresa, pero no manejarlo en medios como una verdad suplantando al Tribunal y provocando la réplica con una afirmación igualmente tronante en el sentido de que se trata de presión política, haciendo ver a la administración estatal como un ente que a través de ataques pretende reducir las exigencias de un sindicato la que se defiende diciendo que no todos los Pichardo son parientes suyos y que algunos de sus consanguíneos ingresaron a laborar en Salud antes de ser ella lideresa. Sobre este mismo tema con una información de Quadratín del miércoles de esta semana, se informa que el órgano interno de control de la Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Central de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán inicia investigación sobre gastos y nómina del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán General Lázaro Cárdenas (STSSSM). Este procedimiento legal puede culminar con un procedimiento administrativo sancionador, pero sobre todo con el derecho a audiencia por parte de la lideresa a efecto de controvertir las imputaciones, pero eso de sentenciar en los medios resulta reprobable, sobre todo ahora que existe en el estado un Sistema Estatal Anticorrupción, de lo anterior la necesidad de designar al fiscal ante la eventualidad de un ilícito y de designar a los magistrados especializados en anticorrupción en caso de una falta administrativa grave, porque de resultar improcedentes los señalamientos está expedita la vía penal para la dirigente de denunciar al funcionario.
Los líderes empresariales son ahora los que alzan la voz para que se haga la designación del fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados en la materia.

La nota internacional sobre corrupción la da Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica que renuncio por escándalo de corrupción. Y en el México la nota la dan los aspirantes a jueces de Distrito que “compraron” el examen y el Consejo de la Judicatura tuvo que declarar desierto el concurso.

Finalmente, el miércoles de esta semana el doctor José Becerril Leal, en la biblioteca del Congreso del Estado, impartió una conferencia con el tema del Sistema Estatal Anticorrupción dando un recorrido muy puntual sobre todo el entramado legislativo que tuvo que construirse en el estado para estar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda uno de los artífices de la legislación a esta forma afable (así es el maestro) de comunicar el tema acudieron principalmente empleados y funcionarios del Congreso, lo que evidencia el interés por seguir aprendiendo del tema, enhorabuena y generoso como es, puso a disposición el materia que preparo para esta reflexión legislativa.

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