Ismael Acosta García
México, un Estado pretoriano
Sábado 17 de Febrero de 2018
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No es que hayamos perdido la capacidad de asombro, es que aún vivimos el impacto colectivo que causó la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017.

Al paso de poco más de un mes se cuenta con nueve controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente el Concejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio Indígena de Cherán, acompañado por el Colectivo Emancipaciones, se sumó a diversos municipios del Estado de México, Yucatán y Puebla, así como al estado de Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su par de la Ciudad de México, para presentar sendas controversias constitucionales contra una ley que establece “el despliegue de militares en casos de amenaza a la seguridad por tiempo indefinido”, pero que en realidad atenta contra los más elementales derechos de manifestación pública y libre expresión de las ideas, y una violación flagrante de la autonomía de las entidades federativas y los municipios del país. No hay que olvidar que otro de los críticos preponderantes de esa ley ha sido el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos en México.

Evidentemente el ordenamiento referido conduce a la militarización del país, pretendiendo cubrir un vacío legal de más de diez años generado por la decisión absurda y siniestra de Felipe Calderón, ratificada por su lugarteniente Peña Nieto, de lanzar una controvertida ofensiva militar contra el crimen organizado a finales de 2006 que ha traído como resultado la escalofriante suma de más de 200 mil muertes y 100 mil desaparecidos. La guerra ha sido desigual. Entre el fuego cruzado de policías y ladrones ha quedado inerme el pueblo de México en un escenario verdaderamente espeluznante, sólo comparable al que se vive hoy en países en guerra del Medio Oriente.

El ordenamiento referido conduce a la militarización del país
El ordenamiento referido conduce a la militarización del país
(Foto: Cuartoscuro)

Esta lacerante realidad nos lleva a confirmar la verdadera característica del Estado mexicano. Un Estado pretoriano que sustenta su autoridad, poder y funcionalidad en el uso y abuso de su Ejército y Fuerzas Armadas mediante la utilización intensiva y discrecional de los aparatos militares. Estas caracterizaciones nos permiten entender lo que ha acontecido en los últimos doce años en nuestro país, donde se ha transitado aceleradamente de la alternancia democrática a un tipo especial de Estado pretoriano, donde el poder civil mismo está convirtiendo a las Fuerzas Armadas en el árbitro principal de los conflictos sociales, especialmente –pero no únicamente– en el ámbito de la seguridad pública.

Con el apoyo de los legisladores del PRI, del PAN y sus secuaces, se ha consumado lo que creíamos muy lejos –quizá imposible– de acontecer. México es un Estado pretoriano ilegítimamente constituido a partir de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior. Es una ley pensada para garantizar la seguridad, la fortaleza y la sobrevivencia del Estado, no de los ciudadanos. Está diseñada y orientada para proteger, blindar y dar más fuerza al gobierno, no a la sociedad. Los ciudadanos y la sociedad que se supone son los beneficiarios y el objetivo central de esta guerra emprendida por FeCal y asumida por su lugarteniente EPN, quedan fuera del amparo de la ley un vez más, como de hecho han quedado fuera y olvidados por la estrategia oficial misma. Por esa razón surgieron los autodefensas.

Los legisladores señalados han dotado al gobierno de las armas jurídicas y presupuestales para combatir al crimen organizado pero, ¿que ha pasado en la realidad? A partir de estos doce años la violencia se ha disparado en el país entero, y todos los indicadores evidencian que los resultados han sido desfavorables al gobierno. Por cada narco caído surgen decenas en su relevo, las ejecuciones se han disparado exponencialmente, las desapariciones suman decenas de miles, los territorios en poder de las bandas pasaron de cuatro a casi todas las entidades federativas, no hay una que no sufra esta calamidad; el consumo interno de drogas sintéticas, cocaína y mariguana se disparó; el narcomenudeo es hoy una de las actividades más atrayentes para nuestros jóvenes sin empleo y sin oportunidad de estudios, el tráfico de armas ha inundado ambas fronteras de nuestro país, las denuncias contra el Ejército por abusos y violación de derechos humanos pasaron de 182 mil a 230 mil en dos años. Ni qué hablar de los desplazados por la inseguridad, más de medio millón de mexicanos, en su mayoría mujeres y niños que han tenido que emigrar de su lugar de origen perdiendo sus hogares.

La ley aprobada es de corte draconiano, da potestad a las Fuerzas Armadas para realizar cateos y persecuciones en flagrancia, intervenir comunicaciones, tomar huellas dactilares a los aprehendidos, hackear páginas de Internet, disolver concentraciones “que atenten contra la seguridad pública” pero, sobre todo, eximir a las fuerzas castrenses de responsabilidad civil de sus actos. La ley que hubiésemos querido es una ley que proteja, blinde y asegure a la sociedad y los ciudadanos, no al Estado, al gobierno y al Ejército.

Por eso es que hoy cobra vital importancia la iniciativa que los comuneros de Cherán y el Colectivo Emancipaciones han emprendido con su controversia constitucional ante la más alta figura jurisdiccional de nuestro país. Les deseamos el mayor de los éxitos sabiendo que, en el peor de los casos, tendrán como futura instancia los tribunales del orden internacional. Un abrazo a mi amigo Orlando Aragón y a sus compañeros de Colectivo Emancipaciones. La historia los juzgará.

Es cuanto.

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