EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Diez años de justicia administrativa

José Padilla Alegre

Acaba de cumplir diez años en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa, lo anterior tomando en cuenta que empezaron sus actividades jurisdiccionales en enero de 2008 y desde entonces los particulares que se sienten afectados por algún acto de gobierno pueden acudir a esa instancia para llamar al orden y legalidad a cualquier conducta de las unidades burocráticas de la administración pública que afecte sus intereses apartándose del Estado de Derecho.
En ese lapso ha habido cinco magistrados formalmente, los fundadores Sergio Flores Navarro, María del Carmen González Vélez Aldana y Arturo Bucio Ibarra, posteriormente para suplir la muerte de la hasta entonces única mujer fue electa Griselda Lagunas Vázquez y Consuelo Muro Urista llegó en lugar del licenciado Flores Navarro, la que por cierto ya concluyo su encargo en virtud de que sólo fue elegida para culminar lo que le restaba del periodo del magistrado Sergio; desde la instauración del tribunal y a la fecha quien ha estado durante el tiempo del funcionamiento del tribunal es el magistrado Bucio, lo que lo convierte en el decano y presidente por este año.

Tribunal de Justicia Administrativa
(Foto: Cambio de Michoacán)

Dos han sido magistradas sustitutas, la primera, Ruth Reyna Vera, quien suplió en dos lapsos cortos a Sergio Flores Navarro y la hoy magistrada Araceli Pineda Salazar, quien ha cubierto las vacantes como la que ahora se da por encontrarse en trámite una nueva convocatoria para elegir al magistrado a la primera Sala, cabe señalar que realiza esas funciones por ministerio de ley al ser ella secretaria general de Acuerdos del Tribunal.

En dos décadas el Tribunal ha despachado en dos edificios, inicialmente en la calle Mariano Arista esquina con Doctor Juan N. Navarro, de la colonia Chapultepec Sur, y desde el 8 de septiembre del año 2014 en la Avenida Francisco I Madero Poniente 1622, Col. Nueva Valladolid, siendo este último ya patrimonio de la institución, es decir que en menos de diez años se hicieron de un edificio propio, lo que habla de un eficiente manejo financiero.

El personal que labora para el tribunal deben ser aproximadamente ochenta personas además de los defensores jurídicos elementos que también forman parte de la nómina y que constituyen la extensión del tribunal en lugares como Zitácuaro, Uruapan y Zamora en donde captan una serie de asuntos de los que conoce el Tribunal, además de la oficina exprofeso que tiene en esta ciudad ubicada en la calle Nicolás de los Palacios Rubios número 96-b, Colonia Nueva Valladolid en Morelia.

Finalmente, y con motivo de la primera década del tribunal su logo tiene ahora dos guirnaldas doradas que tienden a juntarse en la parte superior, es decir que no sufrió una transformación solo convirtieron a las dos líneas que forman un circulo en espigas de oro, lo que la hace lucir muy a tono con el festejo.
Expediente de varios. La fotografía que ilustra la primera plana de la edición del sábado pasado de este diario aparece Javier Corral caminando sobre la Avenida Morelos Sur a un lado de la Plaza Melchor Ocampo con dos personas un joven más atrás además de una señora en tercer plano y el pie de foto es una declaración de Corral en donde afirma que está librando una batalla contra la corrupción y en páginas interiores de este rotativo el mandatario estatal del Norte del país sostiene que su presencia en Michoacán obedece a una caravana que partió de Chihuahua y que culminara en Ciudad de México el domingo 4 de febrero de este año, con el lema “Por la Dignidad y la Justicia” cuando la anuncio hace cuatro semanas en la capital del país señalo que haría el recorrido ya que la Federación le había retenido ilegalmente setecientos millones de participaciones a su estado por represalias en contra del encarcelamiento a un ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en su estancia en Michoacán habla de un “pacto contra la impunidad” pero el domingo siguiente los medios nos dan cuenta de un acuerdo entre el mencionado Javier Corral y Alfonso Navarrete Prida Secretario de Gobernación celebrado el sábado 3 de febrero en donde acordaron entregarle vía Secretaria de Hacienda novecientos millones y la promesa de extradición del ex gobernador Duarte; con lo que queda en entredicho su recorrido cuando menos por lo que ve al tema de la corrupción, pues más bien se trataba de un capricho por el dinero retenido y como ya lo obtuvo habla de un triunfo del pueblo de Chihuahua en contra de la Federación so pretexto del combate a la corrupción; sin embargo su caravana siempre tuvo más tintes de campaña a favor de Anaya candidato de la coalición “Por México al Frente” que de combate a la corrupción, ya que como también lo ilustra la fotografía de la página 9 de la mencionada edición de este diario, en dicho acto recibió el apoyo de su partido con la presencia en el templete del dirigente estatal del Partido Acción Nacional y el del Partido Movimiento Ciudadano, por lo tanto se trata más de un acto de proselitismo en favor del candidato de su partido.

Se instaló el miércoles de esta semana el Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que previamente se había hecho la designación del Secretario Técnico en la persona de Ernesto Ramírez Ochoa, sobre el que habrá de girar todo el sistema anticorrupción en el estado, mismo que por su experiencia en la administración pública y sólida formación académica estará a la altura de las exigencias, sin duda una buena preselección por parte del Comité de Participación Ciudadana ya que los otros integrantes de la terna son personas igualmente calificadas, pero sin duda el acierto es del órgano de gobierno dela Secretaria Ejecutiva al haberse decidido por el perfil de Ramírez Ochoa.

Por otra parte con información en la edición del jueves de esta semana del Ricardo Rojas corresponsal de este rotativo en Zitácuaro, Michoacán la contraloría del Ayuntamiento en aquel municipio ha realizado la restructuración que ordena la Ley Anticorrupción del Estado incorporando a sus actividades las relativas al órgano interno de control a efecto de implementar las actividades necesarias para combatir la corrupción en ese municipio y vaya que en el mismo se han dado muestras de falta de ética en algunos funcionarios que han pasado por esa instancia de gobierno.

Sistema Nacional Anticorrupción. Mariclare Acosta Urquidi asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional este jueves, lo que implica que ya paso un año de ejercicio en el sistema anticorrupción y no sean visto resultados, denunciando Jaqueline Peschard la que concluye su cargo el disimulo del gobierno federal para su efectiva implementación ante la falta de información requerida y por la omisión en la designación del Fiscal y los Magistrados especializados e invita a los ciudadanos a involucrarse más en la implementación, esperemos que la nueva presidenta siga rompiendo inercias, por el bien del país.