José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Delitos especiales
Sábado 3 de Febrero de 2018
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No todos los delitos se encuentran regulados en el Código Penal, existe una serie de comportamientos al margen de la ley que se encuentran como tales en diversos ordenamientos y a estos se les conoce como delitos especiales. En este artículo abordaré delitos especiales que se dan con motivo del ejercicio de dos derechos diferentes.

Delitos en el amparo. En el título quinto de la Ley de Amparo, se encuentra un capítulo especial para los delitos en materia de amparo, como es el caso de aquellos promoventes (el quejos o su abogado) que hagan valer hechos falsos u omitan los que les conste en relación con el acto de autoridad en su beneficio o cuando presenten documentos o testigos falsos, serán motivo de una sanción privativa de la libertad y una multa económica.

Sexta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio.
Sexta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio.
(Foto: Especial)



También será responsable del delito de obstrucción de la administración pública la autoridad responsable que tratando de sorprender al juez de distrito le oculte la verdad o responda con un hecho falso cuando le requiera algún informe o cuando modifique sin motivo el acto reclamado para que el juez constitucional no se pronuncie sobre el fondo de un asunto o cuando no obedezca la suspensión del acto reclamado sin justificación alguna.

Igualmente los jueces y magistrados de distrito pueden cometer delito en aquellos supuestos en que procediendo la suspensión del acto reclamado la niega sin causa o motivo alguno o pongan en libertad al quejoso sin que tuviere derecho para ello.

Pero quizá la conducta más trascedente hacia la opinión pública sea la destitución de las autoridades que se nieguen a acatar una resolución de amparo, lo que ya ha dado lugar, sobre todo en la Ciudad de México, a la separación del cargo a jefes delegacionales por no cumplir con sentencia de amparo que implican el pago de prestaciones económicas a trabajadores con motivo de despidos injustificados que han ganado amparo para el efecto de que les cubran dichas prestaciones y son reiteradamente omisos, por lo que se les ha destituido, esta conducta que se traduce en un delito además tiene sanción pecuniaria y prisión de cinco a diez años.

Delitos laborales. En materia de trabajo también existe una serie de conductas que dan lugar a delitos, tal es el caso del ejercicio indebido de propio derecho (lo comete aquel que para hacer efectivo un derecho ejerce violencia), un ejemplo de este tipo sería en una huelga, cuando la mayoría de los huelguistas ejercen violencia sobre las personas o las propiedades; siguiendo con la huelga, puede darse otro delito y es el de abuso de confianza (disponer o sustraer de la cosa depositada), cuando en un estallido huelguístico se nombra depositario de la fuente de trabajo a la patronal y se le apercibe para que no haga mal uso de la misma o utilice para otros fines o realice la contratación de otras personas para laborar acciones que defraudan el propósito de la depositaria si el patrón llega a realizar alguna de las actividades que se le prohíben, daría lugar al abuso de confianza.

Son delitos contra la administración de justicia una serie de conductas y faltas especiales realizadas por el personal de las juntas de Conciliación y Arbitraje, dentro de las que podríamos enumerar las siguientes: ejercer las funciones de actuario, conciliadores, secretarios de acuerdos y auxiliares de junta sin título y sin cédula profesional, no podrán actuar como apoderados, asesores o abogados a patrocinando a ninguna de las partes, los actuarios no podrán hacer notificaciones contrarias a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo ni podrán hacer constar hechos falsos, los secretarios no podrán retrasar la tramitación de un negocio sin causa justificada, dar fe de hechos falsos.

El pago de cantidades por debajo del salario mínimo por parte del patrón constituye un delito laboral, de igual manera lo es en aquellos casos en que hagan aparecer en comprobantes cantidades no cubiertas al trabajador. También constituye un delito no permitir el acceso a los inspectores de trabajo a la fuente de empleo.

En la Ley Federal del Trabajo vigente (2013) se regula por primera vez el outsourcing o subcontratación, señalando que éste solo será sobre una parte de los servicios de la patronal, y el artículo 1004-C establece que cuando la subcontratación se utilice en forma dolosa ello constituye un delito.

Otra de las novedades, hablando de delitos en la Ley Federal del Trabajo, es el hostigamiento laboral, que consiste en que mediante el ejercicio del poder en una relación de subordinación laboral el agresor se dirige a la víctima mediante conductas verbales o físicas, es decir, con falta de respeto. Y el acoso sexual, que es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. Con una nota de la Redacción de este rotativo del sábado anterior se da cuenta de la participación de Michoacán en la primera Asamblea Plenaria de Contralores de México, a la que asistió con la representación del estado la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoem), Silvia Estrada Esquivel, y lo destacado del encuentro es que ya existe en el plan anual del trabajo que contiene acciones concretas en materia de corrupción al realizar políticas de fiscalización y control de recursos públicos que son la base del combate a la corrupción.

El domingo anterior fue necesario utilizar una figura legislativa para iniciar un procedimiento administrativo sancionador en la persona de auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, a través del juicio político, situación que estimo no hubiera sido necesaria si ya estuviera funcionando el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que de estar operando dicho sistema, en su momento el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) le hubiera hecho del conocimiento al órgano interno de control la falta de cumplimiento a la responsabilidad en su cargo e inmediatamente hubiera iniciado la investigación correspondiente y hubiera llegado a la misma conclusión que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso: omisión en el cumplimiento de su responsabilidad y obligación al no cumplir con la instrucción que el pleno del Congreso le hizo con fecha 26 de noviembre de 2014 a través del decreto 351, y ello se hubiera hecho del conocimiento a la Contraloría a través del informe de presunta responsabilidad administrativa para que la Secoem enviara al Tribunal de Justicia Administrativa y éste comenzara el procedimiento administrativo sancionador aplicándole la sanción que en derecho correspondiera y con ello los representantes populares estarían dedicados a su actividad sustantiva que es la creación de leyes; no que ahora empezará un jaloneo político para declarar improcedente el juicio político por parte del Partido de la Revolución Democrática, recordar que en ese instituto político está la militancia del aún auditor Superior de Michoacán y de otras fuerzas políticas interesadas en que dicho profesionista culmine su encargo, lo que tendrá en tensión a los representantes populares cuando precisamente hay pendientes por designar en el Sistema Estatal Anticorrupción, como son el fiscal Anticorrupción y los dos magistrados especializados. Esperemos que por bien del sistema anticorrupción este juicio político no vaya a diferir una vez más estas designaciones.

En la sexta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, celebrada en Ontario, Canadá, se aprobó un capítulo anticorrupción a propuesta de México por considerarlo indispensable para blindar los gobiernos participantes en dicho tratado, lo que habla de la importancia del tema anticorrupción en el mundo.

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