José Padilla Alegre
Dos instituciones agrarias
Sábado 13 de Enero de 2018
A- A A+

A Mirian y Kevin.

El mes de enero es significativo para la legislación agraria, baste señalar que la primera ley data del 6 de enero de 1915 y la reforma más reciente al artículo 27 constitucional, que dio origen a la ley agraria vigente, también es del 6 de enero pero de 1992, razón por la que no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar en este mes de dos instituciones que en la actual ley llevan el peso de la instrumentación de las actividades del campo y que al lado del procedimiento agrario son la piedra angular de esta actividad tan importante para la vida de nuestro país.

La Procuraduría Agraria tiene una serie de atribuciones en la ley, que consisten en representar, asesorar, conciliar, gestionar y denunciar; es decir, proporcionará servicios de orientación y asistencia, así como representación y gestoría administrativa y judicial; por lo tanto, es una instancia administrativa apta para resolver toda la problemática del agro que le es planteada, pero si no lo logra también funge como representante de los campesinos ante el Tribunal Unitario Agrario, es decir que por un lado es autoridad administrativa y al tener conocimiento en un conflicto atiende a las partes en sede administrativa a través de la conciliación o el arbitraje en su caso, y si no logra avenir a los inconformes, éstos quedan en libertad de acudir a la autoridad jurisdiccional, no sin antes ofrecerles la asesoría para representarlos legalmente ante el Tribunal, sin que ello constituya conflicto de intereses dada la gran cantidad de abogados con que cuenta la procuraduría, es decir que podría asesorar a las dos partes y con ello cumple una función de servicio social.

Otra de las funciones importantes de la procuraduría será asesorar a los campesinos cuando vayan a intervenir en cualquier acuerdo –contratos, convenios– en materia agraria, orientarlos y gestionar a su nombre ante las oficinas correspondientes lo relativo a permisos, concesiones, licencias o autorizaciones administrativas necesarias para poder explotar o aprovechar las tierras, bosques, aguas o algún otro recurso que le hubiera sido conferido.

Una más de las funciones de la procuraduría es lo relativo a la prestación de servicios técnicos de los necesarios para las actividades de los hombres del campo, y así encontramos que por disposición del reglamento interior de la Procuraduría Agraria, ésta debe realizar para los campesinos servicios periciales de auditoría relativa a la administración de fondos comunes a petición de la asamblea o del consejo de vigilancia.

El organismo al que me refiero le fueron transferidas varias de las actividades que realizaba la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que también se encarga de la organización y buen funcionamiento de los ejidos y comunidades, y para ello convocará a asamblea de los núcleos agrarios cuando las necesidades así lo ameriten, incluso para convocar a las personas morales –sociedades civiles o mercantiles– de las que formen parte esas formas de organización social; comparecer a esas asambleas para validar su legalidad o para impugnar los acuerdos tomados si fueren contrarios al derecho o a los intereses de los núcleos agrarios. En los proyectos de desarrollo –posibilidades de inversión en el campo mexicano– los ejidos y comunidades podrán destinar tierras de uso común para constituir los mencionados proyectos, y para que esos sujetos agrarios no sean víctimas de los asociados –capitalistas–, la procuraduría está en facultad de emitir opiniones técnicas sobre la viabilidad y certeza de los proyectos, la equidad en los términos y condiciones de asociación y de resultados por conducto de dos de las direcciones generales de la estructura de la procuraduría, como son la Dirección General de Organización Agraria y la otra la Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Una más de las funciones de la procuraduría es lo relativo a la prestación de servicios técnicos de los necesarios para las actividades de los hombres del campo, y así encontramos que por disposición del reglamento interior de la Procuraduría Agraria
Una más de las funciones de la procuraduría es lo relativo a la prestación de servicios técnicos de los necesarios para las actividades de los hombres del campo, y así encontramos que por disposición del reglamento interior de la Procuraduría Agraria
(Foto: Especial)


Al ser la Procuraduría Agraria un organismo que no pertenece a la administración pública federal y tener personalidad jurídica y patrimonio propio, está en la aptitud de proponer las políticas públicas en la materia para garantizar los derechos agrarios y los derechos humanos de los hombres del campo.

Además, contar con independencia económica al estar considerado su presupuesto en la Ley de Ingresos, le permite tener una estructura organizacional tan grande e importante como las actividades que desarrolla contando con un procurador, un subprocurador general, una secretaria general, una Coordinación General de Programas Interinstitucionales, una Coordinación General de Delegaciones, nueve direcciones generales, una Contraloría Interna. Además, con motivo de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, un órgano interno de control, delegaciones en cada entidad federativa, residencias y visitadurías especiales.
Finalmente debo decir que está facultada para presentar denuncia en caso de advertir algún delito.

Registro Agrario Nacional. Es una figura jurídica nueva en la ley agraria, es un organismo público desconcentrado de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy relacionado y subordinado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tiene autonomía técnica, financiera y administrativa, pero no cuenta con patrimonio propio ni personalidad jurídica y su función es llevar el registro sobre la propiedad de tierras de tierras ejidales y comunales y las modificaciones derivadas de estas; por tanto, sus actividades son de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, expedir certificados y títulos de naturaleza agraria, las operaciones originales y las modificaciones hechas a la propiedad de las tierras, los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal, comunal y las correspondientes a la propiedad de sociedades, así como inscribir la transmisión de derechos agrarios por sucesión y extender las constancias y copias certificadas de sus inscripciones y documentos.

Este registro, no obstante que es público, sólo las personas con interés jurídico pueden obtener las constancias que se expiden en él, lo que lo hace sui generis, aunado a que los efectos del mismo son meramente declarativos, pero con efectos frente a terceros.

La oficina en Michoacán del Registro Agrario Nacional es de una gran importancia y los servicios que presta son de primer nivel dejando atrás el paternalismo con el que anteriormente funcionaban las oficinas que trataban asuntos del campo, haciéndolas dignas para los que acuden a ellas y para los trabajadores mismo.

Expediente de varios. El lunes de esta semana, en una conferencia de prensa, se denunciaron por unos particulares y su abogado actos de corrupción en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este es un acto que si ya estuviera funcionando el Sistema Estatal Anticorrupción, el órgano interno de control de esa instancia debiera tomar como el primero y darle el tratamiento que la ley de la materia señala para estos casos y no dejar a la estridencia de los medios asuntos que merecen la atención de las autoridades administrativas.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad