Alma Gloria Chávez
Atentar contra la seguridad
Sábado 6 de Enero de 2018

Recordando a las tantas víctimas de un Estado de Derecho rebasado por la violencia, cuyas muertes han quedado en la impunidad.

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No deja de ser irónico que precisamente en temporadas festivas, en un país que se vuelca en celebraciones que distraen la atención de las mayorías, se modifiquen y aprueben dictámenes para leyes que tendrán repercusiones enormes para la vida de la nación. Es el caso de la Ley de Seguridad Interior, que a pesar de ser impugnada por numerosos actores políticos y sociales de México y del extranjero al considerar que con ella se pretende perpetuar la inconstitucionalidad de las Fuerzas Armadas, ya ha abierto la pauta para formalizar la participación de los elementos castrenses en tareas que competen a los cuerpos de seguridad civil.
Ha sido mi cercanía y participación con organizaciones y agrupaciones que defienden y promueven la educación en derechos humanos lo que me permite analizar concienzudamente todo lo referente al comportamiento de esos personajes que acceden a cargos o puestos de gobierno, y sobre todo cuando llegan a tomar decisiones que sólo favorecen los intereses de minorías (y no sólo nacionales), lesionando los derechos de los más.

Manifestación ante la Ley Seguridad Interior
Manifestación ante la Ley Seguridad Interior
(Foto: Cuartoscuro)

Muchas personas que, como una servidora, también permanecen atentas al devenir social y político del país, han hecho lo posible para advertir del espíritu general de autoritarismo y discrecionalidad que cobija a la Ley de Seguridad Interior, a todas luces protectora de intereses económicos inimaginables que han sacado a los militares de sus cuarteles para cumplir con la deshonrosa tarea inconstitucional de reprimir movimientos sociales (de defensa de recursos naturales, sobre todo), con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Algo verdaderamente devastador que pudimos conocer durante los diversos regímenes militares de países del centro y del sur de América.
Y bueno, conocemos las investigaciones y opiniones de quienes, especializados en temas políticos y económicos internacionales, también advierten de la cercanía existente entre algunos altos mandos militares del país con el Comando Norte, fuerza de élite internacional que cuenta entre sus aspiraciones con el control militar de nuestro continente.
En mi experiencia de vida y sin llegar a ser especialista en el tema, conozco lo que el artículo 129 constitucional establece y que traduzco en lo siguiente: en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. Esto es cuando no hay guerra declarada, el ejército debe estar en los cuarteles. Pero eso no lo toman en cuenta o no lo saben todas las personas y junto con los diputados que representan a la clase empresarial del país aplauden la presencia intimidatoria de soldados “armados hasta los dientes” para poner “orden” en cuestiones de seguridad interna.
Pocos sabemos que los dos planes de acción del ejército son el DN-I para conflictos internacionales y el DN-II para guerras intestinas, sin que sepamos que actualmente se hayan capacitado para hacer frente a las delicadas tareas de seguridad interna, normadas sobre todo para garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de toda persona. Sin embargo sí sabemos que desde los años 70 el Ejército es el autor de una serie de graves violaciones a los derechos humanos en México y que hasta se ha calificado de “ominoso” el alto número de ejecuciones sumarias cometidas por miembros del Ejército (casi todas impunes) documentadas por organismos de derechos humanos. Recuerdo un artículo del New York Times de 2016 cuyo titular mencionaba: “Excepcional eficiencia de militares mexicanos para matar”, y especificaba: “El Ejército Mexicano mata ocho enemigos por cada uno que queda herido… y por lo que hace a la Marina, el número es mucho mayor: aproximadamente 30 combatientes muertos por cada uno que queda herido”. No cabe duda: nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para matar.
Llama la atención que desde mediados de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una “acción de inconstitucionalidad contra códigos militares” y que la mayoría de los ciudadanos en México no hayamos reaccionado con la prontitud que el caso ameritaba. Muy pocos estuvimos atentos a este acontecimiento y menos aún al seguimiento y respuesta a lo que se planteaba. Los códigos militares, afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “no cubren los estándares constitucionales ni internacionales en materia de procedimientos penales, así como en atención a lo interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual afecta directamente a casi una veintena de los derechos fundamentales de las personas”.
De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad promovida, el Código de Justicia Militar, así como el Código Militar de Procedimientos Penales, violentan doce artículos de la Constitución, seis de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuatro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues bien, ambos códigos fueron aprobados el 29 de abril de 2016, precisamente el último día del periodo ordinario de sesiones del Legislativo y sólo algunas organizaciones de la sociedad civil hicieron serios cuestionamientos en contra, además, y sobre todo, a pesar de una serie de observaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al gobierno mexicano.
En la Editorial de conocido medio informativo nacional, recientemente dimos lectura a lo siguiente: “La aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Interior ocurrió justamente el mismo día en que el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el actual modelo de combate a la delincuencia en México –que tiene uno de sus puntos principales en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas– es muy preocupante. A la luz de los pavorosos resultados de ese modelo –un incremento de más de mil por ciento en los homicidios violentos entre 2006 y 2017–, el funcionario internacional se manifestó además por un ‘cambio de paradigma’ en la política de seguridad y en contra de legislar para ‘petrificar el statu quo’”.
“Más claro, ni el agua”, dice un antiguo refrán. La pretensión de quienes promueven la Ley de Seguridad Interior es convertir al Ejército, en contra de su origen popular y de su vocación de defensor de la nación y sus instituciones, en arma de represión contra los ciudadanos y al servicio de ese grupo que desea a toda costa perpetuarse en el poder.
Como ciudadanos es deber exigir la vigencia de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales para la recuperación del Estado de Derecho.

Sobre el autor
Alma Gloria Chávez Castillo. Oriunda de Pátzcuaro, realizó estudios formales en el lugar. Por interés personal complementó su formación con actividades artísticas como la pintura, la danza, el teatro y la pantomima. Su vocación de servicio le ha llevado a promover o insertarse en espacios culturales orientados a niños/as y jóvenes. Ha sido colaboradora fraterna con organizaciones indígenas de la región a través de espacios radiofónicos y prensa escrita. Promotora de lectura y cuenta-cuentos, fundadora y activista de grupos de mujeres, vive anhelando una sociedad libre de violencia.
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