Ramón Guzmán Ramos
Cuestionamientos de fin de año
Sábado 30 de Diciembre de 2017
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Este no ha sido un buen fin de año para miles de trabajadores del sector educativo en Michoacán. Muchos de ellos tuvieron que movilizarse y realizar acciones radicales para que el gobierno del estado les pagara su aguinaldo y demás prestaciones que les adeudaba. Otros, sin embargo, aunque se movilizaron, se quedaron sin estos beneficios que por ley les corresponden, incluyendo la última quincena de diciembre, que también se les debe. Ni qué decir de los profesores y empleados de la UMSNH: desde el 31 de octubre se encuentran en paro de brazos caídos, por lo que se les debe en materia de sueldos y prestaciones.

Manifestación del SUEUM
Manifestación del SUEUM
(Foto: Carmen Hernández )

Los trabajadores del sector educativo se han visto en la necesidad de abandonar sus centros de trabajo para tomar las calles y hacer pública su exigencia. Es probable que el 8 de enero del próximo año, como lo advirtió el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS), no reinicien las labores docentes si para entonces el gobierno de Silvano Aureoles Conejo no ha cumplido con el compromiso de pagarles a todos todo lo que se les adeuda hasta la fecha. ¿Quién podrá decir ahora que es culpa de los docentes y demás trabajadores administrativos y de intendencia? Es obvio que detrás de esta crisis existe la intención de afectar profundamente a la educación, presionando a través de distintos mecanismos para que la escuela pública se vea obligada a buscar fuentes alternas para su propio financiamiento. Es probable que estemos presenciando el inicio de un proceso lamentable de privatización de la educación pública.

Una de las condiciones que se necesitan para hablar del peligro de privatización es que el Estado se desentienda de su obligación constitucional para con la sociedad, por lo que se refiere al servicio educativo, que debe ser, entre otras cosas, totalmente gratuito. Esto lo puede hacer usando diversas modalidades, como la que se intentó en el Congreso local para ponerle precio a los distintos trámites que los alumnos y padres de familia tienen que hacer en los diferentes niveles educativos a lo largo del ciclo escolar o cada semestre. Hace tiempo, por otro lado, que el Estado no se hace cargo de resolver las necesidades de infraestructura que presentan las escuelas y ha dejado que sean los padres los que se hagan cargo de este costo. Otra de las formas drásticas que usa, como la que hemos estado viendo en estos días, es la actitud de abierta beligerancia que el Congreso local asume en contra de la UMSNH y el sector educativo en su conjunto, reduciendo dramáticamente el presupuesto que se les asigna cada año. Con ello elimina de tajo la posibilidad de crecimiento y de una mayor cobertura para satisfacer la demanda de ingreso de nuevos alumnos que se presenta cada año.

Lo que el Estado está haciendo con los trabajadores de la educación en todos los niveles lleva también esta intención. No sólo se trata de reducir el presupuesto destinado al pago de salarios y prestaciones, sino de ir eliminando paulatinamente sus derechos laborales. En estos momentos se encuentra bajo la mira la existencia misma de los sindicatos, lo que afecta directamente la contratación colectiva y la estabilidad en el trabajo.
A la UMSNH la quieren doblegar para que sus sindicatos acepten la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones. El Estado sabe que los sindicatos se ven obligados a presentar resistencia. No es que sus dirigencias de pronto se vuelvan sindicalistas y luchadoras, sino que se percatan de que sin sindicato se les acaba el negocio. En esta fase de la lucha toca a las bases trabajadores rebasar a sus dirigencias tibias y entreguistas y recuperar sus sindicatos, que desde su fundación han sido los órganos destinados a la organización y defensa de sus intereses legítimos. Una vez eliminada la resistencia de los trabajadores, el Estado pasaría a tomar medidas concretas para trasladar el costo de la educación directamente a los estudiantes y padres de familia.

Hasta ahora los trabajadores del sector educativo se han movilizado exclusivamente para reclamar que les paguen lo que se les debe. Desde luego que es una exigencia justa y legítima. Pero ante la magnitud del problema es evidente que no se pueden quedar allí. Aun cuando el gobierno de Silvano Aureoles les cubriera los adeudos, el problema de fondo persiste. Será cuestión de meses para que las cosas se vuelvan a poner igual o peor que ahora. Otra limitante es que las movilizaciones han sido aisladas, esporádicas, sin continuidad, sin una coordinación efectiva que pudiera partir de una visión colectiva para la aplicación de una estrategia de conjunto. El FESEMSS no logra convertirse todavía en esta dirección colectiva que el movimiento en su conjunto está necesitando.

Los trabajadores del sector educativo se enfrentan a lo que podríamos llamar un efecto de lo que es el problema de fondo. Sin dejar de luchar por que se les pague de inmediato lo que se les debe, tendrían que empezar a plantearse otro tipo de cuestionamientos. Tomar conciencia, por ejemplo, de que este efecto les viene de una causa que es necesario evidenciar públicamente. Tiene que ver con las políticas privatizadoras que el Estado mexicano ha venido adoptando desde hace tiempo y que se agudizaron con las reformas estructurales del llamado Pacto por México. De manera que el cuestionamiento de los trabajadores afectados tendría que ir hasta allá. El Estado mexicano obedece a los dictados de los organismos transnacionales, como la OCDE y el FMI, y no a los intereses legítimos de la sociedad. De allá le viene la orden de deshacerse de todas las propiedades y servicios que son de la nación para que puedan abrirse a la intervención de las grandes empresas y se privaticen. Es lo que el Estado mexicano ha estado haciendo con el petróleo, la energía eléctrica… y ahora la educación.

Uno no deja de extrañarse por qué una institución de educación superior como la UMSNH, que se encuentra entre las mejores diez del país, no pone en acción su mejor arma, que es el conocimiento, para emprender una estrategia de divulgación y concientización social sobre el problema. Para empezar, casi todos los estudiantes tienen prácticamente la mayoría de edad, de manera que se les debería convocar para informarles y que ellos asuman su propia postura al respecto. A estas alturas, el problema no es sólo de los profesores y empleados, es de toda la comunidad universitaria. Lo mismo aplica para los otros niveles educativos. La estrategia de luchar sectorialmente y sólo por el pago de los adeudos es limitada, podría decirse que hasta derrotista. Se requiere pasar de ahí a un cuestionamiento radical de las políticas públicas que el gobierno está adoptando para afectar tan gravemente a la educación pública, y pasa porque las bases rebasen a los líderes que no se pongan a la altura del gran desafío.

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