José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Amicus Curiae
Sábado 30 de Diciembre de 2017
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Las diferentes ramas del derecho tienen su lenguaje propio y en el derecho internacional de los derechos humanos encontramos la expresión latina Amicus Curiae, que consiste en escritos formulados por personas u organizaciones que sin ser parte en el asunto que se ventila se les permite opinar, es decir, son terceros ajenos al asunto pero enterados del tema, a los que se les escucha por medio de sus promociones en atención a la autoridad moral, bien por los conocimientos del tema o por pertenecer a una organización de derechos humanos con reconocimiento nacional, regional o mundial, cuya traducción sería “amigos de la Corte”.

Diputado Mario Armando Mendoza Guzmán
Diputado Mario Armando Mendoza Guzmán
(Foto: Especial)

El origen de la figura procesal en comento se encuentra en Roma, en el siglo IX (los abogados eran consultados por los jueces), y de ahí pasa al derecho inglés-Common Law- (para instruir o advertir al tribunal de algún error en que pudiera estar incurriendo) encontrando su mejor aceptación en el derecho natural y hoy reconocida en todas las Cortes de Derechos Humanos del mundo por la seriedad de sus opiniones en cuanto que está sustentada en el conocimiento del tema, es decir no se trata de una opinión ligera, frívola o sesgada sobre un tema de derecho por el contrario es una opinión de autoridad resultado de un conocimiento profundo sobre la materia a estudio, de orden doctrinario o social y en el que están en juego los derechos humanos, cuyo propósito es abonar en el análisis sobre el punto de controversia.

En el sistema jurídico mexicano no está permitido el amicus curiae al no estar legislado, pero sería pertinente incorporarlo en asuntos de derechos humanos o en aquellos que por su trascendencia sean necesarias opiniones autorizadas en los expedientes sobre todo en asuntos polémicos, controvertidos o de interés general con el propósito de ayudar a una mejor decisión del juzgador, sin que lo anterior sea un asunto de democracia jurídica, no es que los jueces deban escuchar a la sociedad entera y a partir de ahí resolver; no se trata de un asunto serio, con autoridad moral o doctrinaria que hoy solo lo encontramos en los medios de comunicación a partir de analistas o por entrevistas a expertos en el tema o en ocasiones por declaraciones de estos, los que no son tomados en cuenta y solo quedan en la opinión pública, sin la trascendencia que pudieran tener si se hicieran dentro de un expediente lo que obligaría al juzgador a pronunciarse sobre la pertinencia de los mismos, razonando porque son tomados en cuenta o en atención a que se desechan, lo anterior implica que los juzgadores mexicanos admitan las mencionadas opiniones jurídicas como una práctica procesal cotidiana.

Para que en poco tiempo a partir de la práctica aceptada se convierta en una norma imperativa, es decir obligatoria y puedan estar opinando dentro del cauce legal los grupos interesados en temas de derechos humanos y tópicos de importancia para todo el país; la adopción en nuestro sistema jurídico abonaría a la protección jurisprudencial de los derechos de las personas, en atención a comentarios serios e importantes sobre los puntos en conflicto dentro de los expedientes, pues debemos superar el esquema de los foros donde dan opiniones los especialistas en determinados temas, pero que nunca inciden en la solución de un tema en particular tratado en un expediente, hay asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde en su momento hubieran sido pertinentes opiniones amicus curiae como lo fue el juicio de Florence Cazzes, el asunto de la mariguana y por ahí viene la controversia constitucional sobre la Ley de Seguridad Interior para que los que hoy opinan, que se trata de un instrumento jurídico inconstitucional, viertan sus opiniones ceñidas a razonamientos lógico-jurídicos sustentadas en la ciencia del derecho.

Expediente de varios. En la edición del miércoles de esta semana el portal electrónico El Búho, da cuenta de un nuevo curso de capacitación sobre la implementación del sistema anticorrupción organizado por la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) sobre la aplicación de medidas del control interno y evaluación de riesgos para que a través del sistema de control interno verificar la exactitud y veracidad de la información contable y administrativa, así como promover la eficiencia en las operaciones financieras, a la que asistió personal administrativo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del Instituto de Planeación del Estado, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), así como de la Junta de Asistencia Privada y del Parque Zoológico “Benito Juárez” la capacitación fue impartida José Manuel Villavicencio González asesor externo de la Dirección General Adjunta Consultiva y de Mejora de la Gestión Pública Estatal de la Secretaria de la Función Pública.

El diputado Mario Armando Mendoza Guzmán en una entrevista para La Voz de Michoacán T V, declaro que es lamentable, que por la falta de acuerdos en relación al perfil del Fiscal Anticorrupción inicie el Sistema Estatal Anticorrupción el año próximo, sin esa figura tan importante y además sin la designación de los dos magistrados especializados en la materia.

Amable lector, que el año 2018 sea pleno de realizaciones.

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