Migración México-EU

Amnistía, perdón, justicia o militarización

Carlos Enrique Tapia

Con matices o sin matices, la propuesta de AMLO, que propagandística y políticamente provocó una andanada de odio pero ínfimo análisis, es discutible. En resumen, amnistía y perdón para buscar la paz. Y precisó después: explorar alternativas para la paz. La discusión tiene que incluir justicia o militarización, porque esto último se pretende imponer.

Este escribano no se opone a un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles combatiendo la violencia delincuencial, pero no puede ser permanente, sin controles, sin rendición de cuentas y sin respeto a los derechos humanos. Porque la Ley de Seguridad Interior, inconstitucional como la propia CNDH plantea, va por un Ejército sin controles.

Militarizar no resuelve el problema de las injusticias
(Foto: Cuartoscuro)

Quienes revisan la citada ley, impuesta por los diputados sin escuchar las múltiples voces internas y externas, no citan a la CNDH, la cual pone los acentos precisos a una norma que facilita aún más el uso discrecional de las Fuerzas Armadas no sólo en el combate a la delincuencia, sino contra todo lo que amenace a los corruptos.

Dicha ley no busca la justicia, no se pone del lado de las víctimas, como el precandidato del PRI afirmó. Los abusos de las Fuerzas Armadas, si bien no generalizables y menos cotidianos, han sido documentados por la CNDH. En Jalisco ocurrió el más reciente (2016), pero hay otros casos (Monterrey). Militarizar no resuelve el problema de las injusticias.

Porque la ausencia de justicia no es sólo parte del accionar del crimen organizado tanto en sus reyertas como contra la población civil, sino también el hecho de que casos en los que las Fuerzas Armadas han sido involucradas no se resuelven en favor de las víctimas. Entonces, el problema de la justicia es mucho más complejo y no se busca su solución.

Según algunos merolicos, el malestar contra la Ley de Seguridad Interior ha sido básicamente una reacción en redes sociales, descalificando las manifestaciones en Internet e ignorando las declaraciones de expertos internacionales y nacionales, instancias de la ONU, el informe de la CNDH y manifestaciones públicas en el Senado de la República.

Pero de eso se trata: descalificar opiniones serias y documentadas sobre una ley que no sólo es inconstitucional, sino que impone a las Fuerzas Armadas como el único actor para “resolver” el accionar de la delincuencia. Hay importantes evidencias sobre dicha instancia, a pesar de que en las encuestas es de las más confiables, pero su accionar es cuestionable.

Quienes apoyan la Ley de Seguridad Interior pretenden que los ciudadanos no la debatan, ellos tienen la razón, chayote o no de por medio, y su libertad de expresión no puede ser acallada, pero la de los demás es cuestionable, detrás hay intereses oscuros. La sociedad civil no puede expresarse libremente, menos ejercer su derecho a la información.

No es increíble el “a veces” violan los derechos humanos las Fuerzas Armadas de la derechista Cocoa Calderón. Su hermano las sacó a las calles, pero hasta la fecha la violencia delincuencial no ha terminado. Al contrario, sigue al alza –octubre de 2017, el mes más violento en años. Y como son delincuentes, no importan.

Del daño colateral a la criminalización, como Felipe Calderón caracterizó a los miles de muertos que durante su administración fue dejando a su paso la esquizofrénica guerra contra el narco que encabezó. Y aún no termina. Insisto: los delincuentes son también humanos, a pesar de las atrocidades que cometen; también los caídos colateralmente.

Obviedades. 1. En concordancia con Enrique Peña Nieto, su Reforma Educativa y desprecio por la educación pública, una diputada del PRI en Michoacán llamó a desaparecer sin reparos la UMSNH, sin importarle violentar la Constitución mexicana en cuanto a la educación pública. 2. La campaña propagandística de “valores” de Silvano Aureoles es poco creíble. Enfatiza el individualismo –exaltación neoliberal–, está llena de lugares comunes, simplezas, mentiras (“prosperidad”, no es un valor, es una meta economicista), responsabiliza de todo lo que pasa o deja de pasar a los michoacanos individualmente y muestra la adicción gubernamental por la propaganda, sin importar su costo para el erario público, nuestros impuestos. 2. El alcalde “independiente” de Morelia odia los cuestionamientos, sobre todo a partidistas, pero miente cuando afirma que no endeudará a los morelianos. Un crédito, en su más llana acepción, es un crédito, una deuda ¿o está solicitando otra cosa? 3. El rechazo de Mancera a unirse a la campaña de la triada corrupta PAN-PRD-MC está más allá de simbolismos; la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas a su lado, de quien se dice que podría decantarse por AMLO, exhibe un frente que nunca fue ciudadano y jamás lo será. El capricho personal de un Anaya repudiado por los panistas se cumplió, y le da a Enrique Peña Nieto lo pactado: detener a AMLO. 4. La “distribución” de candidaturas de la alianza PRD-PAN-MC en Michoacán, clara muestra de una política de intereses, cupular y desprecio por militantes y ciudadanos. 5. Y el “líder” del sindicato petrolero se “reelige” por otros cinco años y es felicitado por el representante laboral del gobierno en el que corrupción, impunidad, privilegios, exclusión y pobreza son materia corriente. 6. Inseguridad y delincuencia, corrupción y desempleo, las tres principales preocupaciones de los mexicanos en 2017, según el Inegi, mientras 88.8 por ciento de los mexicanos cree que los empleados públicos son corruptos; es decir, la corrupción es institucional, no cultural. Es parte de las estructuras gubernamentales. 7. Y las remesas siguen en cifras históricas, revelando un país y sus regiones dependientes de los ingresos de los migrantes, su importancia en la economía familiar y local, y la ausencia o inoperancia de políticas públicas. Última: El cardenal Sandoval Íñiguez promueve entre pobres y marginados la autoflagelación para salvar a sus amigos políticos, empresarios y clérigos corruptos de las llamas del Infierno.