El sexenio de la educación pública

Jueves 7 de Diciembre de 2017

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La crisis de la Universidad Michoacana es sólo un aviso de lo que podría venir en los próximos meses para el resto de la educación superior, pero no es el primer embate, es uno de los muchos que el gobierno ha efectuado sobre toda la educación pública, que a partir de la reforma puesta en marcha por la actual administración ha decidido ponerle fin a una era.

La Reforma Educativa, que como bien se ha señalado era una reforma administrativa y laboral, buscaba sobre todo debilitar la organización de trabajadores de la educación, el sindicato más fuerte de América Latina hasta entonces. Tan fuerte sería el ataque que había que deshacerse de la vieja aliada que lo dirigía.

La crisis de la Universidad Michoacana es sólo un aviso de lo que podría venir en los próximos meses para el resto de la educación superior
(Foto: Especial)

La lucha ha sido decidida, los profesores han dado una resistencia ejemplar, los normalistas igual, por ello no es casual que el Estado haya permitido o decidido que se les diera un castigo también ejemplar en 2014. Si los elementos más organizados y combativos de la educación pueden sucumbir, es cuestión de tiempo para que la ofensiva se desplace a otros espacios.

Los sindicatos en las universidades han perdido relevancia desde hace tiempo, mecanismos de beneficios personalizados han sido el principal instrumento para promover que los agremiados opten por otros medios y no por el de la organización laboral. Así que estos pueden ser fácilmente desmovilizados.

Pero no es sólo una cuestión de la represión del Estado y la respuesta de un grupo de organizaciones, es también la respuesta del resto de la sociedad civil, que ha mirado pasiva –o a veces agresiva, pero en contra de los trabajadores y estudiantes– cómo se va destruyendo la base de la educación pública, ya bastante desprestigiada.

Las universidades, particularmente las más grandes, y que también reciben más presupuesto, se han mantenido con un alto nivel de prestigio, en buena medida porque son espacios de élites. Pero considerando que al menos las élites gubernamentales actuales tienen muy poco o nada que ver con estas universidades, este puede ser un obstáculo menos.

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya han sido desprestigiados antes. En 1999 una campaña generalizada permitió que personas que nunca habían siquiera conocido a un estudiante de esta universidad pudieran asegurar que eran un montón de vagos y delincuentes.

Recortes al presupuesto educativo podrían desembocar en un malestar generalizado en la comunidad universitaria nacional, pero seguro para el gobierno es un riesgo que puede estar dispuesto a correr, en términos de números los estudiantes universitarios son una minoría nacional y una minoría que generalmente no vota, sino que incluso protesta en contra del gobierno y sus huestes.

Y si de protestas se trata tampoco es la más difícil de enfrentar, como quedó claro al final de las manifestaciones del movimiento #YoSoy132, que el 1º de diciembre de 2012 quedó prácticamente desmembrado y desmovilizado con la ayuda de la Policía de la Ciudad de México y una represión enfocada en desmovilizar a toda la sociedad.

Aún si la protesta fuera más allá de lo que pueden calcular, para eso han apostado por una Ley de Seguridad Interior que generalizará la represión bajo el argumento del combate a la delincuencia.

Sobre el autor

Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.