José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La Ley de Fiscalización de Michoacán
Sábado 25 de Noviembre de 2017
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Otro organismo importante del Sistema Estatal Anticorrupción es la Auditoría Superior de Michoacán, razón por la que el instrumento jurídico que la regula fue adecuado para contener disposiciones legales que le permitan realizar su papel, transformándose en la Ley de Fiscalización para el Estado de Michoacán de Ocampo a través del decreto 382 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 18 de julio de este año, al igual que las demás normas generales que servirán para el combate a la corrupción.

En la citada ley se regulan normas relativas a la administración, vigilancia y fiscalización de los bienes del estado y de manera particular lo relativo al funcionamiento de la Auditoría Superior, creando en este caso el Congreso del Estado una normatividad flexible en materia de auditorías en atención a que contempla hasta ocho tipos: legal, de cumplimiento financiero, presupuestaria, de desempeño, de inversiones fiscales, auditoría a las tecnologías de la información, forense e integral.

Por otra parte, la ley en comento define la fiscalización como la evaluación que en forma simultánea o posterior, independiente y autónoma, realiza la Auditoría Superior para verificar si los ingresos, el manejo, la custodia y aplicación de fondos y recursos públicos se ajustaron a la normatividad que regula su operación y si se cumplieron los objetivos y metas contenidos en los programas estatales y municipales, así como para evaluar el desempeño institucional y de los servidores públicos que administran, ejercen y aplican recursos públicos.

Respecto de los aspirantes a magistrados especializados, sólo falta una abogada por comparecer por inasistencia en el día y a la hora que le fue asignada y a la que se le ha dado la oportunidad de comparecer ante comisiones
Respecto de los aspirantes a magistrados especializados, sólo falta una abogada por comparecer por inasistencia en el día y a la hora que le fue asignada y a la que se le ha dado la oportunidad de comparecer ante comisiones
(Foto: Carmen Hernández )



Señalando que la fiscalización a través de su instrumento –la auditoría–, podrá hacerse de manera simultánea o posterior, independiente y autónoma de cualquier forma de control que realicen los órganos internos de las entidades burocráticas, los que deberán coadyuvar, es decir que hoy la ley de la materia cuenta con instrumentos aptos para el combate a la corrupción.

La Auditoría Superior será coadyuvante de la Secretaría de Contraloría ya que como una de sus obligaciones se encuentra promover las responsabilidades administrativas, elaborando el informe de la probable responsabilidad administrativa, la que turnará a la Contraloría para que ejercite la acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en casos graves.

También la ley le otorga facultades a la Auditoría para inconformarse de las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal de Justicia Administrativa a través de los recursos de revocación y reclamación cuando aquellos órganos en sede administrativa declaren improcedentes los procedimientos administrativos sancionadores o en sede jurisdiccional cuando se absuelva a los funcionarios en la tramitación de la acción de responsabilidad.

En la imposición de multas realizadas por la Auditoría (artículo 6 bis), ésta es autoridad administrativa y es apta para conocer y resolver el recurso de reconsideración.

La ley contempla una unidad encargada de vigilar el cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior y tendrá la obligación de imponer las sanciones por faltas administrativas no graves y de hacer del conocimiento de la Contraloría para que ejercite la acción de responsabilidad en caso de faltas administrativas graves. Me parece que algo parecido se podría implementar con respecto de los integrantes de los órganos internos de control a cargo de la contraloría, ya que sobre ellos nada dice la Ley Orgánica de la Administración Pública, unidad que estaría adscrita a la Secretaría de Contraloría, contando con la estricta separación a que se refiere las segunda parte del segundo párrafo del artículo 9 quinquies y siguientes de la ley en comento.

Expediente de varios. A las dos convocatorias que se encuentran en trámite para elegir a los dos magistrados anticorrupción y responsabilidades administrativas, así como al fiscal Anticorrupción, se sumaron dos convocatorias más una relativa a elegir magistrado administrativo para la primera ponencia a la conclusión del encargo de Consuelo Muro Urista, y la otra para designar al auditor especial de fiscalización de la Auditoría Superior, trascendiendo, según nota de Gabriel Envila en las páginas de este rotativo, que son seis los aspirantes: Marco Antonio Hernández Pedraza, Javier Álvarez Ríos, Rafael Renault Contreras López, Sergio García Cedeño, Luis Gerardo Barajas Sandoval y Antonio Palma Sepúlveda, de entre quienes saldrá el último jueves de este mes en una sesión extraordinaria a celebrar por el Congreso del Estado.

El martes de esta semana comparecieron ante comisiones los cinco aspirantes a fiscal Anticorrupción, los que a su manera, según trascendidos de prensa, delinearon su idoneidad y también como resultado de los mismos trascendidos los más aptos son Salvador Sandoval Rodríguez y Lauro Pallares Ramos, por lo tanto y dado que se trata de escoger el mejor perfil, de entre ellos saldrá el fiscal Anticorrupción.

Respecto de los aspirantes a magistrados especializados, sólo falta una abogada por comparecer por inasistencia en el día y a la hora que le fue asignada y a la que se le ha dado la oportunidad de comparecer ante comisiones para que manifieste su idoneidad para el cargo.

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