Julio Santoyo Guerrero
¡El agua se teñirá de rojo!
Lunes 13 de Noviembre de 2017
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Que nuestra civilización camina con paso acelerado hacia momentos críticos con respecto al acceso al agua es un asunto que casi todos saben; la gente sabe, y hay quienes saben más y otros que tienen responsabilidades institucionales para prever, remediar y evitar. Pero muy pocos, demasiado pocos, actúan hoy para que las devastadoras consecuencias en la vida de las personas, en sus actividades económicas, en la estabilidad política y en la vida del planeta, no lleguen a un punto sin retorno: el colapso terminal y la muerte.

Los gobiernos ya están llegando tarde a un problema que determinará el destino de la actual civilización, de sus prácticas productivas y de su estilo de vida, basado en el derroche y en la irresponsabilidad ambiental frente al planeta.
Los gobiernos ya están llegando tarde a un problema que determinará el destino de la actual civilización, de sus prácticas productivas y de su estilo de vida, basado en el derroche y en la irresponsabilidad ambiental frente al planeta.
(Foto: TAVO)

La velocidad con la que nos aproximamos en todos los continentes a puntos críticos con respecto al agua es mayor que la velocidad con la que los gobiernos del mundo logran consensos para diseñar políticas de responsabilidad global para proteger y mitigar el daño de prácticas no ambientales de uso del agua, pero todavía es más lenta la capacidad de respuesta que con acciones deben dar los gobiernos nacionales y locales al problema.

Los gobiernos ya están llegando tarde a un problema que determinará el destino de la actual civilización, de sus prácticas productivas y de su estilo de vida, basado en el derroche y en la irresponsabilidad ambiental frente al planeta. Lo que hoy es presentado miopemente por algunos políticos como un problema marginal que es abanderado por "activistas románticos", que frente a otras agendas prioritarias no merece más que una mirada lateral, en breve será, como ya lo es en algunas regiones del mundo, de México y de Michoacán, la agenda central, de la que dependerá la gobernabilidad, las estrategias económicas, la seguridad, la educación y la cultura, la migración social y la vida humana.

Una sociedad con dificultades para el acceso al agua es una sociedad que objetivamente camina hacia los bordes de la desintegración. Los propios ciudadanos deberíamos asumir con urgencia que las preocupaciones sobre el agua no se deben agotar en el recibo de pago y en el chorro que mana del grifo. La reflexión y toma de conciencia debe de ir hasta la condición planetaria del líquido, su relación con el cambio climático, su vínculo inseparable con los ecosistemas, el carácter predador de varias actividades productivas que la contaminan, la inhiben y la usan más allá de un esquema básico de sustentabilidad. La reflexión debe ir contra la cosmovisión utilitaria que domina la conciencia de nuestras sociedades, que sólo quiere ver al agua como una mercancía, como un objeto ajeno a sus múltiples y delicados vínculos con el mundo, no como un bien inenajenable que les pertenece a los ciclos vitales del planeta y de los cuales la especie humana somos sólo una parte, no sus dueños.

Como las instituciones del gobierno están llegando demasiado tarde a la crisis del agua a causa del propio desinterés del Ejecutivo federal, entonces, para comodidad y en honor a la estulticia de los funcionarios, éstos replican las prácticas insuficientes que venían realizando hace décadas. ¡Hurra por la insensibilidad!, ¡no pasa nada! Es así que pueden diferenciarse tres niveles de esta realidad: primera, lo que está escrito y existe en las leyes, la Constitución, el artículo 4 y el 27 y la Ley de Aguas Nacionales; la segunda, lo que dicen los funcionarios, que termina constituyendo el cuerpo del discurso oficial, y en el que casi no pasa nada y donde la burocracia tiene el control, y tercera, la realidad que se mira por doquier de desorden e impunidad, por ejemplo en Michoacán, donde cerca de 100 mil hectáreas de huertas aguacateras tienen sistemas recolectores de agua, infinidad de pozos perforados, muchos de ellos autorizados por la Conagua, que ya son causa de conflictos sociales agudos con las ciudades y pueblos del entorno, y ante los cuales esa institución está muda o es cómplice.

Por las evidencias debemos asumir que la frase estelar empleada por el presidente Peña en su Plan Nacional de Gobierno, de que "el agua es un problema de seguridad nacional", tiene que ser entendida como pura demagogia. En los hechos no existe ninguna política y acciones que se vean, que nos hagan decir, ahí está, el agua es asunto de seguridad nacional. Vemos lo contrario, prácticas de las instituciones, como la Conagua, que ponen en riesgo la seguridad nacional, que propician la violencia social. Entregan el agua al poder del dinero para soportar actividades productivas y comerciales no sustentables, en algunos casos haciéndose cómplices de la ilegalidad, más allá de la percepción de justicia, como cuando autorizan perforar pozos en huertas aguacateras instaladas en terrenos con cambio de uso de suelo.

Podría bastar que los funcionarios, atentos a la gravedad de la crisis del agua, asumieran en su código de ética, apoyándose en una interpretación humanista-ambientalista de los artículos 4 y 27 de la Constitución y de la propia Ley de Aguas Nacionales, políticas serias, preventivas, remediales, que supongan un replanteo de las malas prácticas que hasta ahora se ha seguido y que con rapidez han profundizado la crisis del agua.

Pero de qué sirve que académicos y ciudadanos sean convocados a foros para abordar el problema del agua si los funcionarios no funcionan. Por ejemplo, en el mes de agosto los pobladores y autoridades de la comunidades de Umécuaro, Nieves, Tirio, Loma Caliente, El Auxilio, Hojas Anchas y otras, solicitaron a la Conagua la revisión y cierre de una infinidad de pozos y sistemas de captura de agua, que están secando embalses, arroyuelos, humedales y pantanos de la región y dejan sin el líquido a los habitantes, solicitud que ha sido desoída, en tanto que sin obstáculo alguno los huerteros siguen perforando. Esto se llama atizar la inconformidad.

Se supone que los funcionarios deben ser los primeros en hacer valer el Estado de Derecho, pero al ser omisos están motivando el surgimiento de un conflicto social en esta región del municipio de Morelia. Son funcionarios que no sirven a quienes debiera investigar la Secretaría de la Función Pública, toda vez que tienen en sus manos denuncias sobre irregularidades en el aprovechamiento del agua y optan por la omisión, ¿o la complicidad con el poder del dinero?

Con este tipo de "servidores públicos" Michoacán ya está siendo rebasado por completo por la crisis del agua. La temporada de estiaje que viene, por el avance imparable de las prácticas productivas no sustentables, como el cultivo en huertas aguacateras a costa de bosques, será el marco inevitable de la agudización de conflictos locales por el acceso al agua. Ahí se necesitaría que instituciones como la Conagua fuese funcional, su papel parece que será ser parte del problema, no de la solución, y es que sus funcionarios no saben servir. Sin embargo, estamos seguros que llegado el momento de la confrontación social, de la cual son responsables, serán los primeros en criminalizar la inconformidad. Si las instituciones no toman el toro por los cuernos lo deberá hacer la ciudadanía o el agua se teñirá de rojo. ¡El gobierno tiene la palabra, es su reponsabilidad!

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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