José Padilla Alegre
La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción
Sábado 4 de Noviembre de 2017

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

A- A A+

Como el sistema estatal anticorrupción es un todo, sin duda la procuración de justicia deberá contar con un instrumento jurídico que le permita funcionar para cumplir con su parte, motivo por el que el Congreso del Estado realizo adecuaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo las que quedaron plasmadas en el decreto 370 publicado en el periódico Oficial del Estado el día 18 de julio de este año 2017 con vigencia al día siguiente de su publicación, por tanto las modificaciones relacionadas con las integraciones de las carpetas de investigación en hechos de corrupción están vigentes desde el miércoles diecinueve de julio de este año dos mil diecisiete.

Las que consisten en que al adicionársele la fracción VI al artículo 23 a la Ley en comento se introduce en la estructura básica de la procuraduría la Fiscalía Anticorrupción y con ello un artículo 23 bis que identifica, define y señala el objetivo de la fiscalía especializada, además establece que su designación será a cargo del Congreso por una mayoría calificada es decir las dos tercera partes de los diputados presentes al momento de la elección, previa convocatoria para elegir al mejor perfil entre los participantes; que deberá contar con una estructura administrativa propia para el desarrollo de sus actividades, que en materia de servicios periciales se apoyara en la unidad con que cuenta la procuraduría para esos servicios.

Sobre el particular y antes de entrar en funciones la Fiscalía de la materia empezara a funcionar prácticamente sin el apoyo técnico especializado determinante, ya que no es posible que una oficina con especialidad en anticorrupción no cuente con una unidad propia en anticorrupción, dado que lo que se va a resolver estará sustentado en temas con un alto grado de dificultad y dejárselo a una unidad general no garantiza que las acusaciones se sostengan y que eventualmente esa sea la salida fácil a los corruptos del sistema; por lo que se impone que el Congreso enmiende este aspecto y se modifique el párrafo tercero de este artículo 23 Bis para que ahora señale que la Fiscalía contara con una unidad administrativa en materia de servicios periciales de alta especialidad en anticorrupción.

Continuando con los comentarios al artículo identificado, la fiscalía contara con un presupuesto propio y su titular presentará un informe anual al procurador sobre sus actividades y resultados el que además será público, mismo que también será enviado al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso del Estado.

En cuanto a las responsabilidades en que pudieran incurrir el personal adscrito a la Fiscalía, como a todos los servidores públicos se les aplicara la Ley de Responsabilidades Administrativas, además su actuar será supervisado por la Auditoria Superior del Estado, por la Dirección General de asuntos internos de la Procuraduría y por la Contraloría o el órgano interno de control que se deba instaurara al interior de la Procuraduría.

Marco Aurelio Nava Cervantes.
Marco Aurelio Nava Cervantes.
(Foto: Especial)

Por su parte el artículo 23 ter. Se refiere a las funciones de la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

Además de la investigación y persecución de los delitos de corrupción y el ejercicio de la acción penal de los mismos, participa como integrante del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, diseñara e implementará estrategias para prevenir y combatir los hechos de corrupción, así como fomentar la cultura de la legalidad, en sus investigaciones tendrá de todas las instancias de gobierno las mayores facilidades e incluso podrá pedir información a los bancos los que tendrán que proporcionarla y nunca antepondrán el secreto bancario, desarrollar mecanismos de análisis de información fiscal, financiera y contable para investigar los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, generar herramientas para identificar patrones de conducta en materia de corrupción, emitir guías y manuales técnicos para formular dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable en materia de corrupción, asegurar los bienes de los imputados y de los que formen parte del entramado de corrupción del servidor público o particular, promover la extinción de dominio de los imputados y coadyuvantes de los diferentes tipos penales de corrupción.

Por su parte el artículo 23 quárter fija un sistema de especialización por un lado, en atención a que la corrupción solo tiene como límite la capacidad mental del delincuente y que los tipos penales son muy específicos, de ahí que la Fiscalía Anticorrupción para el desarrollo de sus funciones contará con Ministerios Públicos especializadas por cada uno de los delitos a que se refiere el Código Penal; el mismo artículo decreta la forma de organización de las mencionadas agencias del Ministerio Público especiales de acuerdo con la organización territorial de la procuraduría.

Toda vez que el personal de la Fiscalía requerirá de una especialidad en anticorrupción el titular de la Fiscalía podrá dar vista –poner a disposición- del Procurador a los Ministerios Públicos y policías que no cumplan con el perfil, lo anterior fundada y motivadamente a efecto de no violarles sus derechos fundamentales, según se desprende del párrafo cuarto del artículo 39 del ordenamiento tantas veces mencionado.

Expediente de varios. A propósito de la Ley Orgánica de la Procuraduría la que hoy regula todo lo relacionado con anticorrupción en la Procuraduría, los nombres de los cinco aspirantes a Fiscal Anticorrupción son: Lauro Pallares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez y Marco Aurelio Nava Cervantes a los que ha trascendido se les practicaría un examen de control y confianza y su designación podría ser el último miércoles del presente mes de noviembre.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

El aeropuerto y su consulta

DEL 68 AL 2018

Las reformas a la ley burocrática del estado

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad