José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El Código Administrativo, su adecuación
Sábado 28 de Octubre de 2017
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Uno más de los instrumentos normativos necesarios para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción es el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que fue adecuado mediante el decreto 383 del 12 de julio de este año del 2017 por el Congreso del Estado, reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 18 del mes y año en cita instrumento jurídico que fue reformado en 38 artículos, adicionado en 25 y derogado en 9.

Sobre el particular de los artículos modificados se comenta lo siguiente: se le adiciona al Tribunal en concordancia con el Sistema Estatal Anticorrupción la competencia para conocer de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares por faltas administrativas graves.
Ahora podrá tramitarse el procedimiento en línea, es decir que todo en formato electrónico, a semejanza del procedimiento federal y del amparo.

Al aumentar de tres a cinco los magistrados, habrá tres para los procedimientos administrativos propiamente dichos y dos especializados en anticorrupción y sanciones administrativas y cuando sesione en órgano colegiado para tratar asuntos administrativos del Tribunal o en lo relativo a los recursos judiciales ahora se denominara pleno lo que antes era una sala.

Ahora podrá tramitarse el procedimiento en línea, es decir que todo en formato electrónico.
Ahora podrá tramitarse el procedimiento en línea, es decir que todo en formato electrónico.
(Foto: Cuartoscuro)



El artículo 154 del Código, y que se refiere a la competencia, ahora señala que también conocerá y resolverá de controversias en contra de acciones de sindicatos y partidos políticos respecto de acciones y disposiciones que reciban y ejerzan con recursos públicos.

Respecto de las atribuciones de los magistrados en el código vigente, se les otorga la facultad de resolver sin necesidad de encontrar su anuencia en sus pares, según se desprende de la primera fracción del artículo 163 que señala: “Son atribuciones de los magistrados”. I. resolver los asuntos que se les turnen, esto en contraposición a lo que establecía anteriormente cuando señalaba que los magistrados debían formular proyectos de resolución (los que debían llevar a un pleno para su votación y aprobación por los otros magistrados). Lo que hoy señala el Código es verdaderamente trascendente desde el punto de vista jurisdiccional, ya que las ponencias, sin decirlo con sus letras, el Código se convierten en salas unitarias con facultades de resolver de manera autónoma sobre cada uno de los asuntos que les toque conocer; lo anterior además en concordancia con el 272 del multi referido Código que establece “…la sentencia será emitida por el magistrado al cual se le haya turnado el asunto…”, aunado a que el pleno desde el punto de vista jurisdiccional sólo se reunirá para acordar los recursos procesales que establece el Código.

Hoy, por disposición del último párrafo del artículo 164 del Código, tienen fe pública, además del secretario general de acuerdos, los magistrados, los secretarios de estudio y cuenta así como los actuarios y el contralor o el titular del órgano interno de control.

Durante el procedimiento y como una más de las razones para promover incidente de previo y especial pronunciamiento, encontramos a la tacha de testigos, según se desprende de la fracción V del artículo 266.
En abono a la certeza jurídica se le adiciona al segundo párrafo del artículo 281 una carga administrativa-jurisdiccional para el magistrado que resuelva, en sentido de darle el aviso a la autoridad correspondiente de que cuenta con el improrrogable plazo de quince días para cumplir con la sentencia, la que una vez que acate dentro del plazo mencionado comunique a través de un informe del cumplimiento a cabalidad del resolutivo apercibido que no cumplir por exceso o defecto o no rinda el informe se aplicara una multa de cien a cinco mil veces el valor de la unidad de medida independientemente de la sanción de su superior aplican las medidas y sanciones para el incumplimiento de la suspensión decretada en el procedimiento.

El procedimiento administrativo de faltas graves. Quedó comentado en la colaboración relativa a la tercera parte de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, por lo que para situarnos en lo relativo al procedimiento ante el Tribunal Administrativo sólo haré un resumen que me permita situarme en los comentarios del apartado correspondiente del Código de Justicia Administrativa.
Una vez detectada una posible responsabilidad administrativa por actos de corrupción, se inicia la investigación por parte de la Auditoría Superior, misma que al concluir se plasmará en un informe de presunta responsabilidad administrativa. Si la misma es grave se iniciará el procedimiento sancionador por responsabilidades administrativas ante la unidad burocrática de que se trate, con la recepción del informe y desarrollo de una audiencia que se le llama inicial por parte de la autoridad substanciadora y posteriormente dentro del plazo de tres días remitirá las actuaciones al Tribunal de Justicia administrativa, notificando a las partes el envío para que comparezcan ante dicha instancia.

Una vez que llega el expediente al Tribunal Administrativo, éste deberá notificar la llegada del expediente a esa instancia con efectos de avocamiento a las partes y posterior a la notificación de referencia ordenará una audiencia de pruebas dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación, una vez desahogados los medios de convicción, declarará un periodo de alegatos de cinco días comunes para las partes, una vez transcurrido el periodo de alegatos de oficio se declarará cerrada la instrucción y se citará a las partes para oír sentencia, la que deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días hábiles, el cual podrá ampliarse por otros 30 días cuando el asunto lo amerite por la complejidad del negocio, la resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable; también se hará del conocimiento a los denunciantes y a la oficina burocrática para su ejecución.

Expediente de varios. A través de los medios de comunicación ha trascendido que son 40 los aspirantes a las dos magistraturas anticorrupción. Y sólo cinco a la Fiscalía especializada en anticorrupción. Seguiremos dando cuenta del desarrollo de ambos procedimientos.

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