José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Delitos de corrupción en Michoacán
Sábado 21 de Octubre de 2017
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Otro instrumento jurídico que fue necesario adecuar para la implementación del sistema anticorrupción en el estado fue el Código Penal para incorporar en él delitos por conductas antijurídicas que constituyan corrupción y que deben ser sancionadas a efecto de combatirla; lo anterior no significa que antes de esta reforma no se contemplaran sanciones para conductas impropias de los servidores públicos, lo que ahora se legisló fue de manera específica sobre todas las personas que intervienen en la preparación, ejecución y resultados de la corrupción y las sanciones a que se hacen acreedores quienes intervienen de acuerdo con su grado de participación, sean servidores públicos o particulares.

Por lo que se define por primera vez en el Código Penal del Estado que es un servidor público para el efecto de considerarlo imputado en el supuesto de que realice conductas contrarias a un comportamiento ético en el desarrollo de su trabajo y que las mismas lesionen el patrimonio de las finanzas públicas o reciba una cantidad de dinero que no le corresponda por su desempeño laboral o faciliten o beneficien a particulares que tienen tratos con la administración pública.

Los delitos en materia de corrupción actualmente son ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y delitos de servidores públicos.

Una de las lagunas que existía anteriormente para poder sancionar a custodios y mandos medios y superiores encargados de los centros penitenciarios era la falta de un tipo penal, por los desórdenes administrativos o de gobierno en las cárceles o los gobiernos intramuros de las prisiones, conductas de corrupción que no se pueden explicar si no fuera por la complacencia de dicho personal y para corregir reitero esos actos de corrupción el Congreso del Estado legisló considerando ejercicio ilícito de servicio público las conductas de todas aquellas personas que teniendo un empleo, cargo o comisión en los centros penitenciarios, faciliten o fomenten la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los internos, así como el ingreso de personas con fines de comercio sexual; de tal manera que tres prácticas reiteradas en los centros de Readaptación Social como son el lenocinio-prostitución, el uso de celulares, así como cualquier medio de comunicación electrónico, y el consumo de bebidas embriagantes y drogas son tipificadas como delito desde el 19 de julio del presente año, ya que no se pueden entender sin el disimulo, anuencia o de plano autorización por parte de los encargados del orden y sus jefes hacia el interior de las cárceles las actividades mencionadas.

En lo que respecta al delito de abuso de autoridad, destacan entre otros como supuesto a sancionar el que los servidores públicos tengan en su nómina a aviadores, es decir a personas que cobran sin realizar trabajo alguno o que celebren contratos por servicios que no se van a realizar pero que sí van a erogar cantidades de dinero de las finanzas públicas, así como autorizar o contratar a personas inhabilitadas por alguna resolución. Otorgar charolas, es decir otorgar identificaciones oficiales a personas que no desempeñan ninguna actividad en la administración pública.

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(Foto: Cuartoscuro)

Otra conducta que en el vigente Código Penal es un delito es la desaparición forzada de personas, ilícito en que por las noticias de la página roja participan en muchos de los cuerpos policiacos y sus jefes contando con la complicidad de particulares que actúan con la autorización de los autores intelectuales, y en el que participan junto con las corporaciones policiacas en la detención, arresto, aprehensión o privación de la libertad en cualquiera de sus formas o se facilite tal privación, y una vez que se les solicita información sobre esos hechos los niegan. El ejemplo más reciente de este ilícito lo cometió el depuesto presidente municipal de Álvaro Obregón al ordenar a policías de su municipio que detuvieran levantaran a unas personas que se encontraban en una tienda de abarrotes en la demarcación de ese municipio, posteriormente los privaron de la vida y los fueron a tirar al municipio de Cuitzeo, ilícito por el cual están procesando al munícipe y a sus policías.

El Legislativo michoacano en el apartado del Código Penal que comento aglutinó una serie de malas prácticas que funcionarios y empleados han desarrollado para hacerse de recursos ilícitos, bien aprovechando las atribuciones del ejercicio de gobierno o dejando de cumplir con sus obligaciones para igualmente acrecentar su patrimonio en perjuicio de particulares, como ejemplo de las primeras podemos señalar el otorgamiento de concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del estado de manera ilícita, y como ejemplo de las segundas sería cuando un funcionario es omiso al no verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión; estas y otras conductas dan lugar al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, también comete este delito el servidor público que le dé un aplicación distinta a los dineros públicos etiquetados para determinado pago o realice con esas cantidades de dinero un pago ilegal –fin a la licuadora financiera–.

Ejercicio abusivo de funciones. Es otro tipo penal y consiste como su nombre lo indica en actividades ilícitas que le produzcan beneficios económicos al funcionario público que lo realiza o a sus parientes hasta el cuarto grado, aprovechándose de su cargo.
También como delito de corrupción está el tráfico de influencias el que cometerá el servidor público o un particular cuando participen en conductas ilícitas apoyándose en su responsabilidad o cuando la cercanía del particular con los servidores públicos los convence para tomar decisiones que no están apegadas a derecho.

Finalmente al Código Penal se le modificó el título relativo a los delitos contra la administración de justicia, adicionándole en el capítulo I los delitos cometidos por servidores públicos en cuyo artículo 260 se establecen hasta 35 supuestos en los que se actualiza el tipo penal de referencia, los que para la función jurisdiccional son todos aquellos que atenten contra el debido proceso y en la procuración de justicia, son una serie de prácticas realizadas por los ministerios públicos generalmente en perjuicio del ofendido, los que antes eran motivo de impunidad por el representante social y ahora podrán ser sometidos a una carpeta de investigación y su consignación en caso de comprobarse la conducta ilícita.

Expediente de varios. El día 9 del presente mes la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán tomó el acuerdo de lanzar dos convocatorias, una para la elección de dos magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa especializados en anticorrupción y responsabilidades administrativas, y la otra para la designación del fiscal Anticorrupción. Esta última, de acuerdo con sus bases, será mediante un proceso transparente ya que serán públicos todos los momentos del desarrollo de la elección, en las dos con un periodo de cinco días –del 16 al 20 de octubre de este año 2017– para que los aspirantes presenten solicitud y currículum, así como documentos que avalen el perfil o la idoneidad, se advierte que en ambas elecciones se privilegiarán los conocimientos sobre ambas actividades, con lo que se garantiza que llegarán los mejor preparados e instruidos sobre la labor a realizar.

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