José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Sábado 7 de Octubre de 2017

(Tercera y última parte)

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En esta colaboración analizaré el procedimiento administrativo que da lugar a los dos procedimientos jurisdiccionales con los que la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas sanciona las faltas administrativas; señalando que en los tres procedimientos y en sus medios de impugnación se deberá respetar el debido proceso y, por tanto, la presunción de inocencia.

El procedimiento sancionador por responsabilidades administrativas no graves. Se llevarán ante las secretarias y órganos internos de control. Este procedimiento inicia cuando la autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad presentada por la autoridad investigadora, la que dentro de los tres días siguientes dictará un auto de admisión o prevención –en este último caso será cumplida la misma también en un lapso de tres días, si el auto fuere de admisión dentro del mismo ordenará el emplazamiento del presunto responsable a una audiencia inicial, la que fijará dentro del lapso de diez a quince días posteriores al emplazamiento, a la que también citará para que comparezcan a las demás partes– para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y ofrecer pruebas si lo estiman conducente; la audiencia inicial sólo es con el propósito de que el presunto responsable conteste la imputación y ofrezca pruebas con lo que concluye la audiencia de referencia. En los quince días posteriores la autoridad substanciadora emitirá acuerdo sobre admisión de pruebas ordenando las diligencias para su preparación y desahogo, y una vez desahogadas las pertinentes se abre un periodo de alegatos por cinco días comunes para las partes y al concluir este último periodo se declarará cerrada las instrucción y se cita a las partes para oír resolución, la que se emitirá en un plazo no mayor a 30 días hábiles, pudiendo ampliarse por una sola vez por otros 30 días. Contra la resolución en esta instancia cabe el recurso de revocación, el que se tramitará ante la autoridad que lo emita, y contra esta resolución se hará valer el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

El procedimiento sancionador por responsabilidades administrativas graves o faltas de particulares. Iniciará con la recepción del informe y desarrollo de la audiencia inicial a que me réferi en el procedimiento anterior por parte de la autoridad substanciadora y posteriormente dentro del plazo de tres días remitirá las actuaciones al Tribunal de Justicia Administrativa, notificando a las partes el envío para que comparezcan ante dicha instancia. La autoridad jurisdiccional verificará que la falta descrita en el informe sea de las consideradas como graves; de no ser así regresará el expediente a la autoridad substanciadora para que reasuma la competencia y continúe la tramitación hasta imponer la resolución correspondiente.

Y en aquellos casos en que el Tribunal advierta que se deriva una falta grave diversa por la que se consignó el expediente, ordenará a la autoridad investigadora la reclasificación y la subsecuente tramitación, pudiendo marcar lineamientos para su cumplimentación. Una vez que el Tribunal asuma la competencia al haber purgado los vicios o porque el expediente llegó debidamente integrado, se avocará al conocimiento del asunto notificando a las partes, y dentro de los siguientes quince días hábiles emitirá el acuerdo de admisión de pruebas ordenando su preparación y desahogo. Concluida dicha etapa abrirá el periodo de alegatos por cinco días, de oficio cerrará la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que en derecho corresponda, la que emitirá en 30 días hábiles posteriormente pudiendo dada la complejidad del asunto disponer de 30 días más, el resolutivo que se dicte será notificado personalmente al presunto infractor y al denunciante para su conocimiento y al jefe inmediato para su ejecución. Este resolutivo puede ser atacado a través de un amparo indirecto (artículo 107, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo).

Los dos procedimientos jurisdiccionales a que me he referido deben estar precedidos de una investigación que se inicia una vez detectada una posible responsabilidad administrativa por actos de corrupción, pudiendo iniciarse de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías competente o externas, pudiendo también iniciarse por denuncia anónima, en cuyo caso la parte denunciante tendrá las garantías de la secrecía, es decir, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de la persona que denuncie las presuntas infracciones, las que podrán hacerse del conocimiento de manera electrónica.

La investigación. La realizará la Auditoría Superior en cuanto órgano investigador, la que efectuará de oficio las auditorías necesarias, siempre que lo requiera la indagatoria, las personas físicas o morales, públicas o privadas, sujetas a investigación deberán estar atentos a los requerimientos de la autoridad investigador, para proporcionar la información requerida igualmente en cooperación de la investigación, todos los órganos relacionados a los que se les pida información deberán proporcionarla; la autoridad investigadora cuenta con medios de apremio para obligar a los sujetos requeridos a la entrega de la información. Al culminar la investigación, dependiendo del resultado al que se hubiere llegado la Auditoria Superior, lo plasmará en un informe de presunta responsabilidad administrativa, pudiendo realizar con el mismo cuando menos tres acciones; la primera, en caso de un ilícito presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; la segunda, si la falta administrativa no es constitutiva de delito se dará vista a la secretaría o unidad burocrática que corresponda a efecto de que procedan de acuerdo con la falta administrativa detectada –grave o no grave– y una tercera opción es el no ejercicio de procedimiento sancionador, que culmina mediante el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, el que puede reabrirse si surgen nuevos indicios, y si no hubiere prescrito –tres años para las no graves y siete años para las graves– la falta administrativa; contra la abstención procede el recurso de inconformidad por parte del presunto responsable.

Por otra parte, la calificación y la conclusión de que se trata de hechos considerados no graves pueden ser impugnados mediante el recurso de inconformidad por parte del denunciante cuando considere que las irregularidades son graves o de plano se colocan en el supuesto de un delito.

Procedimiento del recurso de inconformidad. Será resuelto por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, substanciándose mediante el escrito de inconforme que se presentará por conducto de la autoridad investigadora dentro de los cinco días siguientes posteriores a la notificación de la calificación o de la abstención, documento que contendrá los agravios, las razones y fundamentos de la indebida calificación o por el no ejercicio, acompañando las pruebas que sustenten la inconformidad, una vez que reciba el escrito la mencionada autoridad, deberá formular un informe que sustente la calificación o abstención y de ambos documentos correrá traslado al sujeto beneficiado con la calificación o abstención para que comparezca a defender su derecho ante el Tribunal; también deberá remitir el expediente junto con el escrito del recurso y el informe a la autoridad que resolverá el recurso.

Finalmente, por lo que ve al recurso de inconformidad, contra la determinación de la Sala no existe medio de impugnación alguno, es decir su resolutivo es cosa juzgada o verdad legal (a pesar de lo que dice la ley en comento estimo que este resolutivo puede combatirse en amparo).

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