José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas
Sábado 9 de Septiembre de 2017
A- A A+

Las faltas administrativas no graves de los servidores públicos son no cumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones; faltarles el respeto a los compañeros y particulares que atienda, no denunciar los actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas, desobedecer las instrucciones de sus superiores relativas a su desempeño en el trabajo, omitir su declaración de situación patrimonial y de intereses, dar un mal uso a la documentación e información relacionada con su actividad y no impedir o evitar un mal uso de la misma, dejar de vigilar que el personal a su cargo realice con diligencia sus actividades encomendadas, no rendir cuentas del ejercicio de sus funciones, no colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que esté obligado a participar, pasar por alto la falta de protesta de los particulares cuando éstos van a realizar cualquier tipo de contrato con la administración pública en el sentido de no ser empleados del servicio público o que siendo efectivamente integrantes del gobierno dicha contratación no cae en un conflicto de intereses, cuando se infrinjan daños o perjuicios por culpa o negligencia en el desarrollo de sus funciones, recibir recursos públicos sin tener derecho a ellos y sin reintegrarlos. Quien cometa las faltas anteriores será sancionado por los órganos internos de control mediante amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión –de uno a 30 días naturales–, destitución e inhabilitación temporal tomando en cuenta el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, las condiciones y los medios de ejecución, así como la reincidencia en caso de incumplimiento de obligaciones. Existiendo dos casos de excepción o posibilidad de no sanción cuando no haya sido sancionado el trabajador por la misma falta (hecha la ley hecha la trampa, para su incumplimiento) y si no existió dolo en la conducta del servidor.

Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son cohecho, peculado, abuso de funciones, desempeñar sus funciones a pesar de encontrase en un conflicto de intereses, realizar tráfico de influencias aprovechando un cargo público
Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son cohecho, peculado, abuso de funciones, desempeñar sus funciones a pesar de encontrase en un conflicto de intereses, realizar tráfico de influencias aprovechando un cargo público
(Foto: Cuartoscuro)

Las faltas administrativas graves de los servidores públicos son cohecho, peculado, abuso de funciones, desempeñar sus funciones a pesar de encontrase en un conflicto de intereses, realizar tráfico de influencias aprovechando un cargo público, desacato al servicio público, obstrucción de la justicia en la investigación, substanciación respecto de faltas administrativas. Para los supuestos a que se refiere este apartado, las sanciones las impondrá después del procedimiento correspondiente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, consistentes en suspensión del empleo, cargo o comisión –de 30 a 90 días naturales–, destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica e inhabilitación temporal de uno a diez años y de diez a 20 años dependiendo del monto de la afectación. En la aplicación de estas sanciones, a criterio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más sanciones de acuerdo con la gravedad de la falta administrativa grave, pero siempre se deberán considerar al momento de imponer sanciones los daños y perjuicios, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, sobre todo el de la antigüedad, su circunstancias socioeconómicas, el contexto y los medios de ejecución, la reincidencia y el monto del beneficio.

Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Considerando que son particulares los prestadores de servicios a la administración pública y que estos en cuanto seres humanos también son susceptibles de provocar o caer en corrupción, la ley en comento prevé una serie de conductas que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas graves, tales como: soborno, participar en procedimientos administrativos a pesar de estar inhabilitado o impedido para ello, participar en procedimientos administrativos como prestanombres o por interpósita persona, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de investigación cuando el particular cuente con información necesaria para una investigación y no la proporcione a pesar de ser requerido de la entrega de la misma. El acuerdo de particulares con uno o más sujetos para obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida, entendiendo por ésta toda relación de trabajo con un servidor público dentro de año siguiente al que dejo de laborar para la administración pública. Las sanciones para los particulares por las anteriores infracciones también serán impuestas por el Tribunal y serán de orden económico, inhabilitación e indemnización por los daños y perjuicios, así como la disolución de la sociedad respectiva tratándose de personas morales las que hubieren delinquido.

Faltas de particulares en situación especial son las realizadas por particulares en tiempos de campañas electorales o de transición de gobierno que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios derivados del ejercicio de gobierno. Este proceder ilícito no tiene sanciones, pero la interpretación a partir de los principios generales del derecho es de que se tiene que sancionar como faltas administrativas graves, seguramente los legisladores la colocaron como especial por la temporalidad en la que puede ejecutarse; es decir, durante el proceso electoral y su culminación, como lo es la toma de protesta del vencedor de la elección.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. Con dos posicionamientos importantes, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana han fijado su postura respecto a dos pendientes para terminar de conformar la estructura administrativa que le dé la operatividad al sistema.

Uno de ellos fue el lunes de esta semana, en el sentido de que si el Senado determina ratificar a los 18 magistrados anticorrupción propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto sin abrir la discusión a la sociedad, violaría los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto, declaró Luis Manuel Pérez de Acha en cuanto integrante del mencionado Comité.

El otro fue el miércoles de esta semana que transcurre en el sentido de que ante la crisis política en la Cámara de Diputados –sin mencionarla– sugirieron el nombramiento de un procurador General de la República “de transición” y de conceso para que a su vez se convirtiera en fiscal General de la República.

A manera de respuesta, desde la Presidencia de la República se desistió de la propuesta de que el actual procurador General de la República se convirtiera en fiscal por nueve años, por lo que al instalarse la Cámara Baja y con el acuerdo pactado de no insistir en la propuesta presidencial, se asegura la no continuidad del actual procurador y con ello se disipan sospechas y nubarrones. Ojalá que con ello se garantice un fiscal general independiente ya que ello será determinante para nombrar al fiscal Anticorrupción idóneo.

Sin duda que el Comité de Participación Ciudadana está siendo un protagonista en la conformación del andamiaje administrativo para la operatividad anticorrupción.

Sistema Estatal Anticorrupción. El jueves de esta semana quedó conformada la lista de donde saldrán los nueve integrantes del Comité de Selección que habrá de hacer en su momento la designación del Comité de Participación Ciudadana.
Por parte de la academia las propuestas son Marco Antonio Tinoco Álvarez, Carlos Salvador Rodríguez Camarena, Javier Eliott Olmedo Castillo, Francisco Ramos Quiroz, José Antonio Herrera Jiménez, José Francisco Martínez López, Raúl Martínez Rubio, Héctor Pérez Pintor, Claudia Eréndira Cortés Núñez.

Por parte de la sociedad civil están las siguientes propuestas: Martha Esther Maqueo Márquez, Jaime López Martínez, Rafael Renault Contreras López, Agustín M. Arriaga Díez, Lidia Nava Vázquez, Andrea Araceli Farías Olvera, Luis Navarro García, Gregorio Roberto Ramírez Delgado, María Eugenia Landa Bravo, Martha Beatriz Flores Romero, Rubén Flores Muñoz.

Independientes: Mario Alberto Gómez Maldonado, Gustavo Zavala García, Elva Paloma Moreno Méndez, Alejandro Larios Trujillo, Gilberto Armando Barriga Sosa, Andrés Medina Guzmán.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad