Julio Santoyo Guerrero
Inseguridad, esa letal costumbre
Lunes 4 de Septiembre de 2017
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Nos hemos acostumbrado a vivir en la inseguridad. De la protesta masiva, organizada y activa de años previos, que exigía ordinariamente al Estado mexicano el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, hemos pasado a la reacción fugaz, desarticulada, aislada, de los días que corren. Esperando la respuesta de las instituciones del Estado mexicano que han anunciando estrategias, una tras otra, para atacar de fondo los factores que motivan la inseguridad, la violencia criminal, nos hemos asumido como observadores que sólo seguimos dando testimonio de que las cosas no han cambiado y que los delincuentes siguen ahí apropiándose de los espacios públicos y aterrorizando la vida de muchos.

El gobierno de Peña no puede avanzar en su estrategia anticrimen si primero no asegura el combate frontal contra la corrupción en todos los ámbitos de las instituciones de la República
El gobierno de Peña no puede avanzar en su estrategia anticrimen si primero no asegura el combate frontal contra la corrupción en todos los ámbitos de las instituciones de la República
(Foto: TAVO)

No se ha tenido la determinación desde el gobierno federal para combatir este problema con eficacia. No obstante el compromiso prioritario que éste manifestara ante los mexicanos, desde el inicio del sexenio para recuperar la seguridad, desarticulando cárteles y bandas delincuenciales, reformando el sistema de justicia, replanteando la organización policial y depurándola, los resultados no son halagüeños. A un año de que concluya el mandato peñista, la inseguridad, en general, no es mejor que cuando él asumió la Presidencia. Las muertes y desapariciones ocasionadas por la actuación criminal no han bajado sus indicadores; al contrario, se han incrementado. Y si bien algunas regiones del país han mejorado, otras más se han sumado a la lista de ciudades o regiones peligrosas.

Y parecería que el combate contra la delincuencia es de tal complejidad que estaría lejos del alcance de las instituciones mexicanas. Y en realidad esta visión de impotencia es la que suele alimentarse a través de la publicidad gubernamental. Como si se estuviera luchando contra la mítica hidra de siete cabezas, que cortando una le crecen dos nuevas. Como si en realidad quienes están al frente de las instituciones estuvieran aplicando la mejor estrategia y los esfuerzos más denodados, y que a pesar de ello el objetivo fuera imposible por una suerte de misterio insondable.

En estrategias tan delicadas como las diseñadas para combatir a la delincuencia organizada, sin embargo, tienen un gran frente de debilidad. El fenómeno de la corrupción pulveriza cualquier estrategia por mejores sustentos científicos que tenga. Y ha sido la corrupción la que ha hecho fracasar y provocará el fracaso de las mejores jugadas pensadas para abatir la inseguridad. La corrupción expresada como vínculo de gobernantes y delincuentes, que genera protección, que otorga información, que ofrece medios para lavar dinero ilícito, que asegura impunidad a la hora de comparecer ante la justicia.

Ahí está la clave. El gobierno de Peña no puede avanzar en su estrategia anticrimen si primero no asegura el combate frontal contra la corrupción en todos los ámbitos de las instituciones de la República. Y nadie al frente de las instituciones de México podrá tener resultados eficaces en materia de seguridad si antes no decide acciones profundas para eliminar la corrupción en la conducción de las instituciones y si éstas no transparentan su actuar de cara a la sociedad. Tampoco lo hará quien sólo se asuma como hombre bien intencionado, porque el problema es sistémico y arraigado en la vida institucional del país, no es asunto de iluminados espirituales.

Es una tragedia que los mexicanos miremos el problema de la inseguridad como paisaje costumbrista. Es un hecho que hemos perdido la capacidad de asombro y de indignación. Tan bien se ha colado el accionar criminal a nuestras vidas que los delincuentes no tienen empacho en compartir a través de las redes sociales, como actos moralmente "legítimos", las ejecuciones y torturas de sus víctimas, y muchos no dudan en compartirlas como la noticia fugas del día, sin que mueva a repudio y a la acción organizativa para retomar la exigencia al gobierno de que tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de nuestras vidas y de nuestro patrimonio. Debemos suplir la costumbre por la indignación y la acción, si no lo hacemos dejaremos avanzar al crimen y seguiremos permitiendo la simulación gubernamental.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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