José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas
Sábado 2 de Septiembre de 2017
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Responsabilidad administrativa. Son actos u omisiones que vayan en demérito de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que los servidores públicos deben desempeñar sus empleos, cargos o comisiones y que implican sanciones administrativas. Por tanto, los principios que deben observar todos los empleados del servicio público sin importar su rango son la legalidad y la eficiencia.

En el estado de Michoacán, armonizando las leyes anticorrupción con las federales se promulgó una serie de ordenamientos el 18 de julio del presente año, entre ellas la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, misma que en esta ocasión habré de comentar.

Esta ley tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinar las obligaciones y sanciones de las personas físicas que realizan la función pública. La ley también tiene como obligación establecer sanciones a los particulares relacionados con faltas administrativas graves.

Derivado de esta ley, los servidores públicos deberán ajustar su desempeño laboral con estricto apego a las disposiciones de su rama de la administración pública y las relativas al Sistema Estatal Anticorrupción. No utilizar su empleo, cargo o comisión para beneficio personal o de un tercero, así como tampoco deberá recibir ningún tipo de contraprestación por sus servicios, salvo los señalados en el presupuesto de su unidad burocrática por su trabajo. Dar a las personas el mismo trato en general, por lo tanto no habrá preferencias de ninguna índole en el desempeño de su trabajo para nadie. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, de ahí que no podrá ni dilapidar ni realizar un falso ahorro que perjudique a la administración pública, ya que esto último es un subejercicio y también constituirá una falta administrativa –no grave–. En cuanto representante de una autoridad está obligado el servidor público a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Evitar el conflicto de intereses –que sus intereses personales, familiares o de negocios no interfieran con su ejercicio en la administración pública– y abstenerse de realizar cualquier trato o promesa que comprometa al Estado.

El diputado Mario Armando Mendoza Guzmán
El diputado Mario Armando Mendoza Guzmán
(Foto: Especial)



En términos de la ley en comento, las responsabilidades administrativas son faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves y delitos.

La ley establece mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas. Para contener a la corrupción la ley señala mecanismos generales de prevención como: criterios específicos para cada una de las unidades administrativas donde presten sus servicios los servidores públicos, un código de ética –pendiente de redactar–. En materia de rendición de cuentas se debe instrumentar un sistema de evolución (declaración) patrimonial –será del conocimiento público– que consiste en la manifestación de todos los haberes patrimoniales con que cuentan todos los empleados del servicio público y que les generan ganancias. Un sistema de declaración de intereses –estará disponible al público– a efecto de saber cuáles son las actividades particulares en las que se desenvuelve el servidor público y cómo éstas pudieran estar relacionadas con su empleo en la administración pública, pero sobre todo, que ambas pudieran crear un conflicto. Constancia de declaración fiscal, esto significa que la persona que esté obligada, con base en sus ingresos, a darse de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es para algunos empleados, pero sobre todo para funcionarios, para tener certidumbre de qué activos le generan ganancias y ello relacionado con los sistemas anteriores, tener control sobre posibles actos de corrupción a partir del incremento desproporcionado de sus ingresos y considerando sus antecedentes que no se vayan a presentar una combinación actividades que den lugar a un enriquecimiento inexplicable.

También como parte de la rendición de cuentas toda aquella persona que se vaya a incorporar al servicio público deberá ser verificado que está libre de inhabilitación.

De la misma manera los particulares –contratistas– deberán estar bajo escrutinio mediante un protocolo de actuación de contrataciones, por lo que en cada operación comercial deberán llenar un formato en el que manifiesten sus vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses, además de una manifestación bajo protesta de decir verdad que ese particular en su condición de contratista no está inhabilitado para celebrar contratos con los órganos del estado.

Fe de erratas. En la edición del Periódico Oficial del Estado número 74 de fecha 18 de julio de este año de 2017 advierto las siguientes omisiones, hasta el artículo 48 de la ley de referencia:
1. En el artículo 3 fracción X falta una palabra que se refiere a una unidad burocrática que también es órgano dentro de los municipios.

2. En el artículo 9 párrafo tercero en la segunda línea después de Faltas Administrativas, le hace falta la palabra “graves”.

3. En el artículo 17 después de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción falta el conector “que”.

Expediente de varios. Sistema Estatal Anticorrupción. El diputado Mario Armando Mendoza Guzmán hace un llamado al Instituto Electoral de Michoacán, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal de Justicia Administrativa e Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en cuanto organismos autónomos para que por un lado modifiquen sus leyes orgánicas para adecuarlas a la Ley Estatal Anticorrupción y como consecuencia de lo anterior convocar a un concurso de selección para elegir a nuevos titulares de sus órganos internos –contralores– para estar acordes con la legislación de la materia, según declaración a medios el miércoles de esta semana que concluye.

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