Julio Santoyo Guerrero
Juegos de fuerza
Lunes 21 de Agosto de 2017
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Han dicho que no las grandes asociaciones de productores de aguacate de Michoacán. Dicen que no firmarán el acuerdo para la recuperación y sustentabilidad ambiental que les propone el gobierno de Michoacán. Les parece injusto que aquellos productores que han desmantelado bosques para plantar aguacates tengan que replantar el 30 por ciento de sus predios con árboles del bosque nativo que derribaron y deban pagar siete mil pesos anuales por hectárea para generar el fondo de recursos para invertir en servicios ambientales.

Les importa un bledo que la mitad de las 250 mil hectáreas de ese cultivo estén fuera de la ley porque han hecho cambio de uso de suelo no autorizado, les importa un soberano cacahuate que las poblaciones originarias a donde han llegado sus plantaciones
Les importa un bledo que la mitad de las 250 mil hectáreas de ese cultivo estén fuera de la ley porque han hecho cambio de uso de suelo no autorizado, les importa un soberano cacahuate que las poblaciones originarias a donde han llegado sus plantaciones
(Foto: TAVO)

La irresponsabilidad, la insensibilidad y la ausencia total de compromisos ambientales con los michoacanos y su derecho al agua y a un medio ambiente sano son los componentes de la ética ecocida de estos malos ciudadanos. Les importa un bledo que la mitad de las 250 mil hectáreas de ese cultivo estén fuera de la ley porque han hecho cambio de uso de suelo no autorizado, les importa un soberano cacahuate que las poblaciones originarias a donde han llegado sus plantaciones estén sufriendo la escasez de agua porque para ellos primero son sus aguacates y luego el derecho humano al vital líquido, les importa un rábano que les demuestren con datos duros que para abastecer de agua esas 250 mil hectáreas de aguacate se necesita de la captación hídrica de 875 mil hectáreas de bosque templado y que sólo nos quedan 1.2 millones de hectáreas de ese tipo de bosque, y que ya es vidente el déficit; les importa un comino que en su ilegal labor destructiva hayan devastado infinidad de ecosistemas ocasionando una drástica diminución de insectos polinizadores, además de las abejas, que tienen repercusiones en la productividad de sus propias huertas y en la agricultura en general; la ceguera pragmática del dinero les impide ver el daño ambiental irreversible que le están ocasionando a los sustentos de vida que tiene la entidad y a los cuales nos debemos los más de cuatro millones de habitantes que la poblamos.

Recuperar el 30 por ciento de los predios plantados ilegalmente y pagar la bicoca de siete mil pesos anuales por servicios ambientales ha sido una propuesta excesivamente blanda del gobierno. Y así lo interpretaron los managers que orientan a los poderosos capitales que se mueven en el sector aguacatero, por eso han dicho que no, y porque quieren una propuesta más blanda aún, o peor, pretenden la "legalización" sin más de toda la destrucción y el cochinero que han hecho con nuestro medio ambiente. Es decir, una visión codiciosa que debe ser frenada y que, de permitirse, alentaría la continuidad destructiva de los bosques. La pedagogía sería clara, gobierno débil-aguacateros fuertes: continuidad en el cambio de uso de suelo. Un juego de fuerzas que el poder del oro verde le quiere imponer al Estado de Derecho y a las instituciones: "enderezar" lo torcido, sin consecuencias, sin compromisos.

El gobierno debe cambiar la estrategia. La inercia de la codicia y la percepción de poder de las grandes asociaciones les seguirá llevando por el camino de negar la firma de un acuerdo semejante si no se pone de por medio el ejercicio de la ley y si no se diseñan nuevos mecanismos de regulación.

Desde hace tiempo se ha insistido en que debe emitirse la norma ambiental del aguacate michoacano. Se trata de un instrumento que tenía que existir desde hace años y que su aplicación oportuna pudo haber evitado los catastróficos niveles de deforestación que hoy tenemos. Hoy esta norma es imprescindible y debe otorgarse certificación sólo al aguacate producido bajo requisitos ambientales precisos y verificables, por ejemplo, que no provenga de plantaciones instaladas a costa de la deforestación y del ecocidio.

Si los malos y ecocidas aguacateros no desean firmar un acuerdo blando y deficitario para el medio ambiente, se camine entonces urgentemente al establecimiento de la Norma Ambiental y se excluya del mercado legal la producción generada por aguacateros que han violado las leyes ambientales. Se proceda entonces, como lo mandata la ley, a la desinstalación de sus ilegales huertas y se les obligue a replantar la flora nativa que destruyeron. Norma ambiental que será bien vista como lubricante negociador en las mesas de acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que será aplaudido por la Comunidad Económica Europea y China, seguidores consecuentes de los Acuerdos de París.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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