Julio Santoyo Guerrero
Acuerdo para recuperar los bosques
Lunes 7 de Agosto de 2017
A- A A+

Durante muchos años las políticas de protección ambiental en Michoacán no rebasaron el papel en que estaban escritas y la aplicación de las leyes en la materia era la excepción. Las condiciones no podían ser mejores para el crecimiento ilegal del cultivo aguacatero que, respaldado por una política gubernamental de beneficios marginales a quienes eran propietarios de los bosques, que desmotivaba su posesión y cuidado, terminó por arrastrar a miles de propietarios a cambiar los pinos por los aguacates o a vender a "buen" precio la hectárea de bosque a los grandes capitales frutícolas para convertirlas en oro verde.

De acuerdo con datos oficiales, año con año se venían (vienen) incorporando a la ilegalidad aguacatera alrededor de 20 mil hectáreas, dando como resultado que a la fecha prácticamente la mitad de ese cultivo esté instalado contra la ley en terrenos forestales. Si en Michoacán se puede hablar –por aproximación– de 200 mil hectáreas aguacateras, debe considerarse que la mitad, 100 mil, están al margen de la ley. El oro verde genera una renta elevada y atrae capitales importantes. Sin embargo, los datos no deben verse sólo desde la perspectiva técnico-productiva, de la cantidad de millones que este producto genera. El problema es que la devastación, la pérdida de bosques y aguas está llevando a que colapse el amplio, complejo e interconectado hábitat en que vivimos todos los michoacanos.

El ejercicio ciudadano del derecho a un medio ambiente sano no puede pensarse sin el compromiso desde abajo, de los pueblos, las comunidades y las ciudades, que supone la organización y la participación para detener la crisis ambiental y para hacer cumpli
El ejercicio ciudadano del derecho a un medio ambiente sano no puede pensarse sin el compromiso desde abajo, de los pueblos, las comunidades y las ciudades, que supone la organización y la participación para detener la crisis ambiental y para hacer cumpli
(Foto: TAVO)

La firma de un acuerdo, que en ese horizonte realizó el gobierno estatal el 2 de agosto con pequeños productores de Madero, Acuitzio, Tzitzio y Tacámbaro, y en el que se establece el compromiso de recuperar para la reforestación hasta el 30 por ciento de los predios participantes y el pago por servicios ambientales de siete mil pesos anuales por hectárea, es un avance importante. Si el acuerdo también lo firman los grandes productores ilegales, los michoacanos tendremos una recuperación de 30 mil hectáreas, lo cual es bastante positivo.

Es obvio que habrá, desde la codicia y el cinismo, resistencias a esta propuesta. Ya el viernes 4 de agosto algunos productores de Zacapu, Coeneo, Villa Jiménez, Tlazazalca y Purépero lo rechazaron bajo el argumento de que es lesivo a la economía familiar, lo que es totalmente falso: una hectárea de aguacate produce entre ocho y diez toneladas anuales y cada tonelada se paga entre 20 mil y 30 mil pesos. El pago de siete mil pesos anuales por los servicios ambientales no demerita la rentabilidad del cultivo. Es una pifia, o franca desvergüenza, sostener que la producción de aguacate genera marginalidad.

Como respuesta, el gobierno debe modificar la estrategia, tiene que adelantar urgentemente el decreto para establecer la Norma Ambiental del Aguacate Michoacano, de tal manera que todas aquellas huertas que han sido instaladas sobre la base de la destrucción forestal y de ecosistemas, a menos que se acojan al acuerdo, deberán quedar excluidas. De otra manera la destrucción de los bosques continuará imparable. Está visto que muchos productores ilegales sólo ven el color de los billetes que ingresan a sus bolsillos, no asumen su responsabilidad legal, ni menos la autoría ecocida que está precipitando a la entidad a la catástrofe. En sentido estricto el Estado no debería estar negociando la aplicación de la ley. Vaya, no tienen cara para condicionar su ingreso a la legalidad. Quieren amnistía, pero con el Estado y la sociedad de rodillas. ¡Eso no debe permitirse!

No obstante que el acuerdo significa un avance, debemos decir que para una satisfactoria plenitud ambiental debe contener de manera explícita el tema estratégico del agua. Una gran cantidad de localidades han sido rodeadas y literalmente asfixiadas por huertas aguacateras ilegales que han ocasionado la disminución o extinción de sus mantos acuíferos y han instalado enormes hoyas que retienen el agua que debería, por ley, correr por los arroyuelos y recargar los mantos freáticos. Es imprescindible un estudio de impacto ambiental en cada microcuenca hidrológica y ahí donde las huertas van contra el derecho humano de los pobladores de acceder al agua deben ser desinstaladas y recuperadas a su vocación natural.

Tampoco está incluido el tema de los cañones antigranizo, que por su propósito manifiesto son una violación a las leyes ambientales. En este caso todos los productores deben comprometerse a desinstalarlos o el gobierno debe aplicar operativos específicos para su erradicación.

Por su parte, las instituciones de salud del gobierno deben generar un informe sobre el impacto en trabajadores y en la población abierta del uso masivo de químicos en las huertas aguacateras. Un asunto sobre el cual no se conocen datos estadísticos pero sí localmente de casos recurrentes de personas afectadas por entrar en contacto con ellos; por ejemplo, con Paraquat, un plaguicida muy toxico. De la misma manera deben conocerse los alcances de la contaminación a tierras y aguas pues de acuerdo con datos de la UNAM, cada año se utilizan en las huertas más 450 mil litros de insecticidas, 900 mil litros y 30 mil toneladas de fungicidas y de fertilizantes.

El acuerdo por sí mismo –debemos ser realistas– no detendrá la codicia, algunos productores se sentirán negativamente alentados por él (los de la región Zacapu creen que es un acto de debilidad gubernamental), e incluso pueden generar una ola de deforestación para presionar a una nueva etapa de legalización de más huertas. Es preciso que tanto el gobierno federal como el estatal desarrollen urgentemente programas que incentiven económicamente la silvicultura y el cuidado y generación de agua, pero que también se piense con los productores en la instalación de plantaciones silvícolas en huertas aguacateras como alternativa económica.

El ejercicio ciudadano del derecho a un medio ambiente sano no puede pensarse sin el compromiso desde abajo, de los pueblos, las comunidades y las ciudades, que supone la organización y la participación para detener la crisis ambiental y para hacer cumplir la ley. ¡De esa participación depende que se frene la devastación ecológica de Michoacán!

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
Comentarios
Columnas recientes

La relatividad del cambio

¡Pero si ya son gobierno¡

La reforma educativa es con Gordillo

¿Derogación educativa o moderada reforma?

Matando la lluvia a cañonazos

Electricidad, el olvido de los pioneros.

El nuevo consenso

También son dueños del cielo

La familia y el árbol

El impulso

Que prevalezca la paz

La alianza que no fue.

Encuestas: falibles o simple manipulación

Alemán y los límites de la libertad

El olvido electoral del medio ambiente

Manual para vencer la credulidad y la falsedad electoral

El obsequio michoacano para AMLO

La prioridad

Democracia dinástica

El agua, ¿asunto de seguridad nacional?

A quien corresponda: SOS, prevaricación ambiental

Elecciones limpias o ganar a toda costa

El arte del engaño y el caso Anaya

Los trabajos de los justificadores

Desdén suicida

Ni ven ni escuchan

¿La peor elección?

El rito de la fantasía del cambio

Época de oportunismo, demagogia y espejismos

Votos y nada más

La mayoría imposible

¿Ya en serio... cómo le van a hacer?

Nos quedan los atajos de la política mágica

La tierra es plana, el cambio climático es una mentira

Una Presidencia desierta

Entonces, ¿otra vez se perdió la guerra?

¡El agua se teñirá de rojo!

No se pierde lo que no se tiene

Estas nuevas independencias

Sí, ¿pero cuál es la fórmula?

El boom de los independientes

Nieves y Umécuaro, donde vale más un aguacate que la vida de una familia

Desbordados de fraternidad

Desde Madero, construyendo un Área Natural Protegida

La política que tenemos... y que somos.

Inseguridad, esa letal costumbre

El precio político del proteccionismo de Trump

Juegos de fuerza

Cada loco con su guerra

Acuerdo para recuperar los bosques

Gratitud a los maderenses

Líderes "ejemplares"

Escépticos, desconfiados e indignados

Contrarreforma ambiental

Los ecocidas son genocidas

¿Ganaron los aguacateros talamontes?

Justicia en obra negra

Hoy comienza

Creer en la democracia

El aguacate del narco

Desafío al Estado

Piromanía y codicia

Los padrinos del ecocidio

¡Que se jodan los bosques y las aguas de los michoacanos!

La espléndida guerra de Trump

El consenso antisistémico

La carcajada del aguacate ilegal

El poder de los ciudadanos

Sin concesión al ecocidio

Delincuencia ambiental... ¡organizada!

La sucesión presidencial y de cultura cívica

No cualquier unidad nacional

La defensa de México

El futuro está en el pasado

Dios salve de Trump a Estados Unidos y al mundo

Y sin embargo cambiamos

Furia sin cabeza

2017, el año del enojo social

Candidez de los buenos

La sucesión de la incertidumbre

La política del neoproteccionismo

La caja de Pandora que abre Trump

Beneficios de la debilidad institucional

Cuestión de confianza

¿Y después del repudio a la política y los políticos, qué?

Lobos del planeta

La ordinaria inseguridad

Gobierno de consenso para lo que falta

El arrogante Trump y el pequeño Peña

Dos largos años aún

Decreto para la popularidad

¿Diálogo o garrote?

¡Siguen ahí!

El discreto gasolinazo del débil presidente

¿Es que nuestros bosques morirán?

¿Como caballeros o como lo que somos?

Pintaron su raya

No es el conflicto en turno, es la ruta del país

No es la flama, es que todo está seco

La sacrosanta corrupción

Actualidad de la oposición

Atraco a los bosques

La trampa

Bagatelas en lugar del oro

Que arda la corrupción, no los bosques

Ceguera antilaboral

No había entrado a un lugar parecido

La sorpresa

El que da y quita

El arte de inducir olvido y confusión

Crónica de 3 desacatos o el reto a las instituciones ambientales

Sierra de Madero: deforestó, robó, se burló de juez federal y está libre

¿Otra vez perdiendo, otra vez el infierno?

No es la envidia, es la fragilidad

¿Qué esperaban?

Julio Santoyo Guerrero

Mireles, la venganza de un sistema omiso

¿Quién quemó Roma?, ¿acaso Kate del Castillo?

Por una jodida placa

Reconsideración

Pagar y castigar

El tino de Arnaldo

Silvano y Nuño

El traje del gobernador

Voluntarismo y gobernabilidad

Los vulnerables municipios

El bono de confianza

Silvano y el recurso de la política

Días de mea máxima culpa

El paso decisivo

Libres y cortesanos

Informe oficial de la realidad

Silvano y el minotauro de papel

No debe pasar

Sembradores de lumbre

Los hombres del presidente

Ojalá sólo fuera el organigrama del gobierno

\"Inteligencia, honestidad y huevos, si no va a valer madres\"

De resultados y de oficio político debe ser

El respiro del 7 de junio

La era del nuevo comienzo

¡Votamos por la democracia!

Y sin embargo, allí está la delincuencia

Mentiras estelares

03paty11

El retorno de los videos

Las encuestas como propaganda

De frivolidad y propaganda negra

Candidatos: sanar la duda

Conciencia de la responsabilidad cívica