José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La reglamentación constitucional
Sábado 5 de Agosto de 2017

A- A A+

La Constitución es el documento político-jurídico fundamental de cualquier país ya que en ella se encuentra el ideario filosófico-social, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos y los temas sustantivos, los que posteriormente serán regulados en otros ordenamientos de menor jerarquía llamados leyes reglamentarias, que tienen la función específica de regular de manera pormenorizada cada una de las actividades de la vida nacional; por tanto, en la norma fundamental sólo deben quedar anunciados los temas importantes y se trata de un documento conciso y, por ende, breve. Sin embargo, a nuestra norma fundamental, como también se le conoce a la Constitución, desde su creación se le han incorporado algunos contenidos que corresponden a leyes reglamentarias, sólo con el propósito de constitucionalizarlas y con ello asegurar sus respeto al encontrase jerárquicamente en lo más alto, dando con ello lugar a una reglamentación constitucional.

Sistema Estatal Anticorrupción. En relación con la elección del Comité Ciudadano y de los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa, total transparencia ha dicho el diputado Mario Armando Mendoza.
Sistema Estatal Anticorrupción. En relación con la elección del Comité Ciudadano y de los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa, total transparencia ha dicho el diputado Mario Armando Mendoza.
(Foto: Cambio de Michoacán)



Lo anterior por una deficiencia de técnica legislativa y por eso tenemos una Constitución que se aparta de lo que debe ser una hoja de ruta y se ha convertido en toda una bitácora de viaje, que registra de manera innecesaria todas y cada una de las incidencias de la travesía llamada México.

La explicación del yerro legislativo o ¿acierto social? tiene un origen político, desde la propuesta constitucional de Venustiano Carranza en 1916 la materia de trabajo llego en el artículo 5° como una “garantía individual”, mediante la cual “a nadie se le obligaba a prestar trabajos personales sin la justa retribución”, además de establecer “como obligatorio el contrato de trabajo sólo por un año”, y fue promulgada como una garantía social.

La transformación de garantía individual a social se dio por la participación de los diputados obreros, conscientes de su condición de clase, ya que lo lacónico de una prestación de trabajo como ha quedado asentado en el párrafo anterior no correspondía a toda una clase social, y así encontramos que en la sede de Querétaro, las diputaciones de Veracruz y Yucatán presentaron dos iniciativas de reforma al artículo 5°, las que le adicionaron al texto propuesto: “La jornada máxima de ocho horas, la prohibición del trabajo nocturno industrial de las mujeres y niños, así como muchas otras cuestiones”, adiciones que exasperaron al diputado Lizardi al oponerse a la “reglamentación” dentro de la Constitución, el resultado fue que el artículo 123 fue presentado con una serie de regulaciones en el mismo texto constitucional y así fue promulgado.

Con lo anterior nace un largo debate que prevalece hoy día en el Constituyente Permanente, ya que una corriente de estos considera que en la norma fundamental sólo deben quedar anotadas cuestiones esenciales y para el tema que nos ocupa hubiera sido suficiente con señalar en la Constitución la filosofía del derecho del trabajo y el contenido de éste remitirlo a una ley secundaria (Ley Federal del Trabajo), por tanto, sólo bastaba dejar anotado en la norma fundamental el artículo relativo al trabajo, y la otra corriente de constituyentes sostenía que debían quedar en el texto constitucional una regulación mínima de disposiciones en materia de trabajo, habiendo prevalecido esta última, misma que lideraba el diputado Manjarrez.

El asunto no es menor y es motivo de reflexión junto con usted, amable lector, en esta colaboración, ya que en nuestros días ese es el debate a propósito de la Constitución, sólo normas generales o éstas y algunas reglamentaciones, además de las orgánicas, con lo que empieza a robustecerse nuestra Constitución al aparecer en su contenido con un gran número de páginas, ya que además de anotar las cuestiones esenciales, también se reglamenta, por lo que empieza a perder su esencia, y cualquier situación que quiera garantizarse el Constituyente Permanente lo incorpora en el texto de la Constitución, por lo que ha dejado de ser una norma esencial para convertirse también en una ley que en el mismo texto se reglamenta, esto por la falta de respeto de la clase política a las normas secundarias, por eso es que los grupos sociales se empeñan en incorporar sus derechos –reglamentarios– a la Constitución aunque no tengan ese rango, pero cuando menos les garantiza el ejercicio del control constitucional –amparo, controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad–.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. Esperando que comience a funcionar el sistema nacional de la materia ahí está el delegado de Tláhuac, en Ciudad de México, con un enriquecimiento inexplicable cuando menos por lo que ve a la casa, pues no basta con que haya sostenido ante el Congreso de aquella demarcación que no está involucrado en el narcotráfico.

Sistema Estatal Anticorrupción. En relación con la elección del Comité Ciudadano y de los magistrados especializados del Tribunal de Justicia Administrativa, total transparencia ha dicho el diputado Mario Armando Mendoza.

Seguimiento. En el expediente del divorcio sin expresión de causa –incausado– del que di cuenta la semana pasada, se verificó la audiencia preliminar, está agotando en sus dos primeras etapas –fijación de la litis y conciliación–, aun cuando se decretó el divorcio, sigo sosteniendo que es una audiencia que a nada práctico lleva su realización, en la materia civil que es de la que proviene la familiar, cuando se da el allanamiento, sólo se pide la ratificación y enseguida se dicta sentencia; por tanto, en materia familiar debiera ser de la misma manera, no sólo para honrar su origen, sino para cumplir con el principio de concentración de la oralidad, es decir, la menor cantidad de trámites procesales posibles; ya la parte demandada aceptó a cabalidad todas prestaciones que se le reclaman con el allanamiento, no se le debe torturar a la pareja con tener que presentarse ante el juez familiar con alguien que ya no se quiere ver, por lo que, insisto, deberá purgarse esa mala práctica procesal.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad