Violencia colectiva

Alma Gloria Chávez

Organismos de derechos humanos reconocen que esa guerra contra la delincuencia organizada ha cobrado más víctimas inocentes que involucradas en el asunto.
(Foto: Cuartoscuro)

A pesar de los empeños del gobierno federal y sus voceros al querer presentar ante los distintos foros nacionales e internacionales (sobre todo ante estos últimos) la imagen de una nación estable y de prácticas institucionales fundadas en la democracia, los hechos reales e inocultables de lo que aquí sucede se saben y conocen a detalle por quienes medianamente se encuentran informados del acontecer mundial. Y algo tiene que ver con nuestra vecindad con Estados Unidos.

Sin embargo, resulta sorprendente el hecho de que un gran porcentaje de la población nacional (incluida la que ha vivido situaciones violentas en el entorno que habita) niega, finge o pretende no darse cuenta de lo que sucede y hasta parece ser consigna no hablar de “cosas negativas” que, en palabras de un periodista local, “podrían ahuyentar al turismo”.
Y eso que resulta tan ambiguo (saber y fingir, ocultar o no hablar del asunto) permite y alimenta la corrupción y la impunidad… además del temor y la desconfianza.

Lo cierto es que cualquier persona y de cualquier edad sabe que México ha dejado de ser la “patria suave y armoniosa que nos abrigaba cual madre amorosa” para convertirse en un territorio inseguro y plagado de distintos tipos de violencia, sobre todo a partir de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” impulsada por el gobierno federal desde hace más de una década, que ha propiciado innumerables actos violatorios a los derechos civiles por parte de personal militar (Ejército y Marina) y cuerpos de seguridad estatales.

Organismos de derechos humanos reconocen que esa “guerra contra la delincuencia organizada”, que ha cobrado más víctimas inocentes que involucradas en el asunto, ha servido de fachada para que el Estado, a falta de respuestas ante reclamos ciudadanos como los aumentos a gasolina y alimentos, la pérdida del valor adquisitivo por los bajos salarios, el desempleo, la inseguridad, el cierre de fábricas y pequeñas empresas, el desabasto de medicamentos, el recorte a rubros tan importantes como la educación y la cultura, entre otros muchos temas, haga uso indebido de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para criminalizar y responder de manera represiva contra la disidencia y el creciente descontento popular.

El incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos también queda patente cuando sabemos que México se encuentra entre los primeros lugares de discriminación, de inseguridad, de pobreza, homofobia y misoginia… además de los daños cada vez mayores al medio ambiente. E igualmente, en la amplia brecha de desigualdad, sustentada sobre todo por la corrupción y la falta de rendición de cuentas de quienes “gobiernan” y trabajan en funciones públicas. En estos ámbitos (de la política y de la administración pública) sólo se aplica la ley a quienes se desea “hacer a un lado”.
Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor reconocimiento a escala global, en su último informe sobre el continente americano, al repasar los principales temas de violaciones a derechos humanos cometidos en la región, entre los que destaca la falta de acceso a la justicia y las políticas erróneas en materia de seguridad pública, los asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y ambientales, así como contra periodistas, en el caso de México asegura que “las autoridades se muestran reacias a aceptar las críticas fundadas en la verdad y que han llegado al extremo de negar la evidente crisis de derechos humanos que enfrenta el país”.

Solamente este organismo internacional ha recibido y tiene denuncias comprobadas de la desaparición de al menos 30 mil personas y miles más que han perdido la vida a consecuencia de operaciones “de seguridad” en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Documenta también el desplazamiento de personas de manera interna en el país a consecuencia del clima de violencia al que se ven sometidos y los abusos, extorsiones, asesinatos y desapariciones de migrantes en su intento de cruzar el país.

La violencia contra las mujeres sigue suscitando honda preocupación y se han declarado “alertas de violencia de género” en los estados de Jalisco y Michoacán. En las pasadas elecciones de junio, el partido oficial en el poder, aun haciendo uso de sus viejas prácticas de cooptación de votos, perdió varios gobiernos en diferentes estados. El plan de seguridad de diez puntos anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014 todavía no se ha aplicado en su totalidad (ni se ven resultados positivos) y tampoco se ha cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, mucho menos contra las desapariciones a manos de agentes no estatales.

Cada mañana en los medios noticiosos se escuchan y leen noticias que hablan sobre enfrentamientos armados o ejecuciones, quedando en duda la identidad de los autores. “La violencia aumentó notablemente –mencionan las mismas autoridades”. Se registraron 36 mil 056 homicidios hasta finales de noviembre del año anterior, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto. Y en respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, las autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas, además del encarcelamiento de civiles.

Este es el panorama de la violencia en el país (en tiempos electorales) al que especialistas en salud mental han denominado “violencia colectiva”, y cuyos efectos, según estudios recientes, han logrado disminuir un año la esperanza de vida, en promedio, entre la población.