José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
El juicio oral familiar, comentarios
Sábado 29 de Julio de 2017

padillaalegre@hotmail.com

A- A A+

Los juicios orales familiares en el distrito judicial de Morelia, para su desarrollo no cuentan con las instalaciones adecuadas.
Los juicios orales familiares en el distrito judicial de Morelia, para su desarrollo no cuentan con las instalaciones adecuadas.
(Foto: Especial)

A casi un año (26 de septiembre de 2016) de la implementación de los juicios orales familiares en el distrito judicial de Morelia, para su desarrollo no cuentan con las instalaciones adecuadas, es decir que carecen de salas de Oralidad, por lo que las audiencias –preliminar y de juicio– se están llevando a cabo en los privados de los jueces habilitados para tal efecto con sillas y un operador de cámara en mano que es quien realiza la video filmación para el registro electrónico correspondiente, lo que si bien es cierto no demerita la oralidad, sin embargo una de las características de la función jurisdiccional es la forma y en este caso por forma es una Sala de Oralidad en Materia Familiar que ubique a las partes en un juicio auténticamente oral, que obligue a los litigantes a preparar su caso y que lleguen a la audiencia a una verdadera contienda judicial y no “a la litigada de oído”, como se le llama en el argot a esa plática orientadora o sugerente con el juez para que le quede claro cuál es el objetivo del cliente y porque el cúmulo de actividades del abogado en el expediente, dado que lo coloquial del privado del juez hace parecer a la audiencia del juicio como una plática de conciliación y no una contienda judicial, lo que incluso ha dado lugar a varias suspensiones de las audiencias porque los profesionales del derecho que intervienen en ese tipo de juicio no consideran importante el que se les otorgue un poder (artículo 982), además de que ignoran la manera como se confiere el mandato judicial ahí en la audiencia en los términos del artículo invocado y por ello carecen de voz en el juicio toda la tramitación la llevan por propio derecho del interesado y diferir o posponer la audiencia causa un perjuicio para todos los involucrados, audiencias que por cierto tardan en ser señaladas para su desahogo y volver a esperar turno o fecha en perjuicio de los promoventes pero sobre todo pierde su esencia el juicio oral de concluir en un plazo breve, en estos momentos los juicios de divorcio sin expresión de causa o incausados están tardando aproximadamente cuatro meses cuando debieran ser resueltos a lo mucho en mes y medio.

Segundo comentario. En la práctica forense el juez familiar es uno, no obstante que el Código de la materia (artículo 930) señala que el procedimiento estará a cargo de un juez de instrucción y de un juez oral, por tanto, de dos jueces diferentes, a semejanza del procedimiento penal; sin embargo, en la práctica cotidiana un mismo juez realiza las dos funciones –instrucción y oralidad–, e incluso, como ya se dejó anotado en el comentario anterior, en contravención al artículo 941 del código invocado la audiencia deberá celebrarse en la Sala Oral, mismas que se realizan en el privado de los jueces; cabe hacer la aclaración que en este derecho no es necesario que sean jueces diferentes como en el penal; por lo anterior se impone una reforma al Código en ese sentido para que esté acorde con la realidad, es decir, darle vigencia a un derecho positivo –aquel que se observa a pesar de no estar legislado–.

Tercer comentario. La omisión de oralidad en los juicios familiares. No obstante que desde el 26 de septiembre del año pasado (2016) en Morelia y desde 2015 en el resto del estado los juicios son orales, en la práctica profesional no se ha logrado la oralidad, si se entiende a ésta como la participación de los litigantes en intervenciones que no requieren más que de apuntes o notas y es el estudio del caso el que le da sustento a la oralidad; sin embargo, los litigantes, por pereza, falta de destreza o habilidad, falta de interés lo que hacen es verbalizar, es decir que prácticamente leen en cada una de sus intervenciones, a semejanza de aquellos profesores que en lugar de explicar dictan, porque no preparan la clase para exponerla, de tal suerte que con esa verbalización están dejando de observar los principios de celeridad y economía procesal, ya que leer en una audiencia de juicio nada le abona celeridad ni a la economía procesal, pues ahora lo que antes se decía en una promoción queda en el registro electrónico, con lo que ello implica de retraso en el procedimiento oral, ya que ahora el juez tiene que escuchar lo que antes leía.

Cuarto comentario. El allanamiento. Se encuentra regulado en el artículo 980 del Código Familiar, señalando que en el supuesto de que se dé la aceptación de las pretensiones por parte de la parte demandada, deberá el juez de Instrucción remitir al juez de Oralidad el expediente para que cite a las partes a la audiencia del juicio, a condición de que no existan derechos de menores ni de aquellos irrenunciables; a pesar de lo anterior, es práctica judicial (expediente 370/2017, Juzgado Quinto Familiar) decretar audiencia preliminar, pese a que el asunto en concreto no presenta controversia por dirimir; por tanto, se está alterando el procedimiento sin necesidad y en lugar de la audiencia preliminar se deberá realizar la audiencia del juicio para oír sentencia, seguramente se trata de una distracción dentro del procedimiento; cabe precisar que en el asunto en concreto el juzgado ordeno incluso que las partes comparezcan al Centro de Mediación lo que agrava el descuido; será por aquello de que en la visita al Juzgado por parte del Consejo de la Judicatura les vaya hacer una observación por no cumplir con el procedimiento ¡quizás!

En este procedimiento, al igual que otros a los que denominan orales, no lo son totalmente ya que los asuntos contienen una gran cantidad de actuaciones por escrito, generalmente la inicial es decir la demanda, así como la contestación y otra serie de actuaciones que requieren el registro en papel (artículos 960, 970, 972, 974) y sólo las audiencias de pruebas y la del juicio, son orales, de lo que se concluye que estamos ante procedimientos mixtos más que orales.

Por último, me llama la atención que en el trámite del expediente de divorcio sin expresión de causa a las partes les requieren la escolaridad y una pregunta sobre el estado civil antes del matrimonio, supongo que será para alguna estadística del tribunal o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya que los asuntos familiares se han convertido en un problema por el numero sobre todo de divorcio conclusión a la que se arriba por el número de Juzgados familiares solo del Distrito Judicial de Morelia, donde funcionan siete juzgados familiares y uno más que está por entrar en funciones con una carga aproximada de mil 500 a mil 700 expedientes en cada juzgado resultan un número importante, ya que estamos ante un número similar para los juzgados civiles, de tal suerte que el Tribunal atiende el mismo número de asuntos civiles que los de orden familiar y dentro de estos últimos un número muy importante son los divorcios.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. Se sigue manifestado el grupo de organizaciones que conforman a Vamos por Más, señalando que son un movimiento que articula a más diversas organizaciones de la sociedad civil en torno a una causa en común el combate a la corrupción con propuestas concretas, para un cambio en la forma de hacer gobierno, cuyo propósito es participar en la política para que sus demandas queden bien articuladas en leyes en políticas públicas en estructuras proceso y acciones con una sola finalidad el combate a la corrupción.

Sistema Estatal Anticorrupción. Para la contralora en el estado, el disponer del marco jurídico nos coloca en un 97 por ciento de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que según Silvia Estrada, de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, Michoacán se encuentra en el tercer lugar de efectividad, pero sólo en la implementación legislativa, y a la ex legisladora se le olvida que el sistema local –estatal–, en términos de la legislación federal, debía entrar en operación, no en la adecuación de las leyes, las que, dicho sea de paso, se hicieron prácticamente en el límite del plazo.
Por su parte, el gobernador constitucional del estado ingeniero Silvano Aureoles Conejo en la reunión nacional de procuradores celebrado en la capital del estado el miércoles de esta semana, señaló que el andamiaje legislativo del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra listo para hacerle frente a la corrupción.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad