Julio Santoyo Guerrero
Líderes "ejemplares"
Lunes 24 de Julio de 2017
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Hace ya algunas semanas, cuando la prensa reportaba que en Copítero, municipio de Tacámbaro, se había desmantelado una extensa huerta aguacatera por parte de la Mesa de Seguridad Ambiental y miraba las fotografías que evidenciaban la destrucción inmisericorde del bosque que antes ahí existía y observaba las características de los supuestos propietarios que se manifestaba en las fotografías del reportaje, pensaba que aquellos no podían ser los dueños, que la inversión para desmontar tantas hectáreas e instalar hoyas y sistemas de riego era de muchos millones, y la apariencia de los detenidos no representaba el hecho.

Adrián Iturbide Mejía  Presidente de la APEAM
Adrián Iturbide Mejía Presidente de la APEAM
(Foto: Cuartoscuro)

En días pasados la prensa informó que el verdadero dueño, el promotor del ecocidio en Copítero, era ni más ni menos que el presidente de la APEAM (Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán), Adrián Iturbide Mejía, quien se había presentado ante un juez federal para ampararse contra la supuesta acción ilegal de la entonces Semarnacc. Amparo que el propio juez le habría sobreseído, es decir, negándole la razón jurídica.

La repugnante ética ambiental del líder de APEAM, que con su ejemplo motiva a que otros con la misma codicia tomen la motosierra y la maquinaria pesada para "limpiar" tierras forestales y convertirlas en huertas aguacateras o de otros frutos, ha dado como resultado un movimiento retrogrado de búsqueda de impunidad para la destrucción ambiental que en nada contribuye a la preservación de nuestros recursos naturales y al uso sustentable de los mismos.

Es común que los dueños de grandes capitales que buscan inversiones rentables en el agro se dirijan al sector aguacatero por el alto rendimiento que este genera, y que sabiendo que las tierras agrícolas disponibles para el cultivo legal prácticamente están agotadas, recurren a la compra de predios forestales con la intención de desmontarlos y hacer el cambio de uso de suelo. A sabiendas de la ilegalidad en la que incurren, utilizan un modus operandi casi siempre presente en las grandes huertas para tratar de escurrir el bulto y salir airosos: comprar a precios atractivos los predios forestales de su interés, aprovechando la falta de estímulos a la actividad silvícola de los campesinos originarios; ofrecer a esos campesinos trabajo "permanente" para asegurar su subsistencia aunque al medio año los corran; emplear prestanombres, que suelen ser sus mayordomos, para evitar los contratiempos que la eventual aplicación de la ley les genere y para no ser expuestos públicamente por los delitos ambientales que cometen en aras de su codicia; contratar fundamentalmente trabajadores de municipios distantes para evitar la empatía y confraternidad con los pobladores afectados por las huertas instaladas; armar o motivar el uso de armas a sus trabajadores con la justificación de la seguridad y el robo por parte de los pobladores originarios, generando tensión y amedrentamiento para no ser denunciados; entrar en contacto con los sectores políticos de la región a quienes adulan u ofrecen recursos para apuntalar sus carreras políticas a cambio de protección y espacios de cabildeo para proteger sus intereses y no ser tocados por la ley.

Los intereses del aguacate ilegal en Michoacán, el que para producir ha tenido que deforestar y robarle el agua a las poblaciones originarias, y que es una vergüenza frente a los productores que lo están haciendo dentro de las normas legales, es poderoso y ha tocado al sector más retardatario de la clase política michoacana, que incluyendo senadores, diputados federales y locales, buscan –hipocresías aparte–, concederle a los ecocidas aguacateros una patente de Corso para su infame ataque al medio ambiente.

Estos "ejemplares" líderes, desde el presidente de APEAM, como los Orihuela, y hasta sus epígonos en el Congreso local, para fortuna del medio ambiente michoacano han sido derrotados jurídicamente y, según informes oficiales, por lo menos en cuatro casos de seis, los jueces federales les han sobreseído los amparos, otorgándole la razón a la autoridad estatal en su intervención para desmantelar las huertas ecocidas.

Sin embargo, el papel relevante que estos personajes tienen en las instituciones públicas y al frente de la poderosa APEAM, hace que sus liderazgos se constituyan en el peor ejemplo que los ciudadanos puedan apreciar en materia medio ambiental, pero también, por suerte, en el referente de lo que todos los ciudadanos debemos rechazar enérgicamente.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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