José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
Polémica judicial
Sábado 22 de Julio de 2017

padillaalegre@hotmail.com

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un Tribunal Colegiado ubicado en el estado de Guerrero, emitió un criterio relevante (23/06/17) que dio lugar a la tesis jurisprudencial número 2014628, que en esencia permite la revisión de los casos de los internos que habiendo delinquido en el sistema anterior y se encuentren en prisión en el vigente, por no ser grave su delito en el sistema actual, podrán ser revisados sus procedimientos a efecto de continuar su proceso en libertad, lo que les permitiría la libertad a una cantidad muy considerables de internos ya que resulta pertinente recordar que en sistema acusatorio y adversarial únicamente diez supuestos o delitos son los que traen aparejada prisión, esta situación ha dado lugar a la controversia ya que por ejemplo, el gobernador de la Ciudad de México considera que cuando menos en la capital del país serían cuatro mil personas las que podrían salir en libertad provisional.

La anterior situación ya fue planteada al interior de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y ante el procurador General de la República con el propósito de que el Ministerio Público se oponga, ya que en injustos no graves en el anterior sistema, la representación social podía hacer la petición de que se negara el beneficio de la libertad en caso de reincidencia de delitos graves o cuando por las circunstancias y características del delito cometido la liberación del imputado sea un riesgo para el ofendido o para la sociedad, para con ello impedir que sean liberados reos peligrosos o reincidentes cuando menos.

Sobre el tópico, el ministro José Ramón Cossío Díaz, en una entrevista para El Universal publicada el 12 de julio de 2017 a propósito de la polémica determinación, manifestó durante una rueda de prensa que con su decisión el alto Tribunal no ordenó la liberación inmediata de los reos. La orden fue clara: abrir la opción a una audiencia para que los internos puedan solicitar dicha revisión de libertad, misma en la que tendrán que argumentar las razones para que suspenda la prisión preventiva y tanto el Ministerio Público como las víctimas pueden refutar la petición.

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(Foto: Especial)

Otra situación polémica es la relativa facilidad con la que son puestos en libertad los que delinquen en el actual sistema, lo que se debe la mayor parte de las veces a fallas en la integración de la carpeta de investigación a deficiencias en los servicios periciales y a aprehensiones al margen de la ley o de plano a la fabricación de delincuentes como suele trabajar la policía ministerial en nuestro estado; el caso más reciente en nuestro estado fue la libertad que le otorgó un juez a la persona que le imputaban la muerte del papá de la diputada local Rosa María de la Torre Torres, situación que hizo perder los buenos modales políticos al gobernador del estado y en una reunión nacional celebrada en esta ciudad de Morelia, acusó a los jueces de estar facilitando la salida de las personas que captura la Procuraduría General de Justicia del Estado y de no ser consecuentes con los esfuerzos del gobierno, lo que obligó a un posicionamiento al Poder Judicial en pleno, hecho del conocimiento a la opinión publica en su edificio sede, donde en voz de su presidente, Marco Antonio Flores Negrete, pidieron respeto y ofreciendo el funcionamiento del ejercicio del poder que representa en beneficio de la sociedad michoacana.

El lamento de la libertad de los imputados dentro del término constitucional no es exclusivo del ingeniero Silvano Aureoles, en todo el país los gobernadores se quejan de la facilidad con la que obtienen la libertad las personas que son detenidas, inconformidad que también ya llevaron al interior de la Conago con el propósito de que se amplíe el catálogo de delitos graves; pero bien poco dicen de capacitar o enmendar los errores de personal a su cargo, que son las verdaderas razones de que alcancen la libertad los imputados.

También sobre el particular, el ministro Cossío se manifestó: en una declaración de prensa, ampliar el catálogo de delitos graves sería un retroceso a la reforma de 2008, ya que no es la reforma la que está fallando y colocando a delincuentes en la calle, sino la falta de capacitación de policías, peritos y ministerios públicos.

Exhortó a los tres poderes a hacer un diagnóstico y a partir de ese resultado hacer los ajustes necesarios pero deben dejar de señalar culpables, ya que no es un sistema deficiente en su totalidad, lo que estamos enfrentando como sociedad es la falta de entrenamiento de algunos de los operadores cotidianos del sistema.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. En derecho, los plazos son fatales y se cumplen, y así sucedió con la fecha de entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2017, por ello, a partir del martes de esta semana, se encuentra vigente dicho sistema, aunque incompleto, ya que no está designado el fiscal Anticorrupción, así como tampoco los magistrados administrativos especializados y varios estados de la republica aún no armonizan la legislación que ya es decir mucho, la puesta en marcha esta con varias deficiencias, esperemos que por la importancia y la trascendencia del tema se atiendan esos pendientes.

Como la sociedad fue un factor determinante en la creación de este sistema y dado que no se encuentra ni completo ni acabado en la víspera se manifestaron una vez más, ahora con el lema “Vamos por más”, señalando que adicionalmente a lo legislado hace falta la ciudadanización de los organismos autónomos.

Sistema Estatal Anticorrupción. Como la entrada en vigor del sistema anticorrupción era a nivel nacional, en el estado, el titular del Ejecutivo promulgó las leyes que para ese efecto fueron armonizadas con la legislación nacional, de tal suerte que entre leyes nuevas como la del Sistema Estatal Anticorrupción y la Estatal de Responsabilidades Administrativas, además de las adecuaciones al Código Penal y al Código de Justicia Administrativa en el estado se cuenta con siete ordenamientos en materia de anticorrupción, pero nada más falta mucho por hacer conformar el comité de selección que constará de cinco miembros, dos diputados y tres ciudadanos, con lo que en Michoacán aparte de que sea la ciudadanía quien conduzca el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana, que es en quien se apoya la ejecución técnica del sistema anticorrupción, en próximas colaboraciones habré de ocuparme de cada una de las leyes en particular.

En Michoacán, por cuestiones presupuestarias, entrará plenamente en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción en enero de 2018.

En el estado también la sociedad civil se manifestó a través del grupo #VamosPorMás.

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