Hugo Rangel Vargas
Al diablo con sus instituciones
Viernes 8 de Abril de 2016
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Los documentos revelados recientemente sobre la operación de transferencia de capitales offshore de parte de la empresa panamericana Mossack Fonseca, dan cuenta del carácter profundamente especulativo con el que operan los grandes capitales en la actualidad; mismos que tienen a su servicio intrincadas redes tecnológicas y corporativas que son usadas para burlar o cooptar a los aparatos estatales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, agrupación que reveló los conocidos Panamá Papers, ha evidenciado en sus indagatorias que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales han colaborado con la firma Mossack Fonseca desde la década de los 70. Simplemente la financiera HSBC y sus filiales crearon más de dos mil 300 empresas offshore.

Las investigaciones derivadas de los análisis de los documentos descubren la operación de sociedades de alrededor de 30 de las 500 personalidades más adineradas del mundo que figuran en la lista de la publicación Forbes, mismas que maniobran con toda ligereza en aproximadamente 200 países del mundo.

Edificio Arango Orillac
Edificio Arango Orillac
(Foto: Cuartoscuro)

En México, el escándalo ha tocado a diversos y poderosos empresarios cuya acumulación de riqueza ha sido cuestionada por haberse hecho a través de mecanismos poco claros y al amparo de la colaboración con el poder público. Juan Armando Hinojosa, Emilio Lozoya, Ricardo Salinas Pliego, Alfonso de Angoitia, son algunos de los nombres a los que se han mencionado en las indagatorias sobre los documentos filtrados.

Si en Islandia la impudicia condujo a la renuncia del primer ministro, en México la condena ha llegado a trastabilleos de la autoridad sobre la legalidad o no de las operaciones de los empresarios mexicanos vinculados a empresas offshore a través del consorcio panameño.

Y es que más allá de tratarse de actos ilegales o moralmente deleznables, las revelaciones de los Panamá Papers han puesto en tela de cuestionamiento al entramado institucional que regula las operaciones financieras de carácter internacional, y en el país han dejado en claro que el epicentro real del poder se encuentra en las grandes corporaciones empresariales que han sabido hacer valer el carácter de clase del Estado.

En el centro de las discusiones que podrían abrirse a partir de este hecho debe colocarse la capacidad regulatoria de los estados nacionales, así como la pertinencia del llamado secreto bancario. En nuestro país, la desregulación de la banca y en general de los mercados financieros, han puesto de rodillas al estado mexicano frente a los intereses de los grandes corporativos.

El amplísimo terreno de argumentaciones que han sostenido esta necesidad de recuperar la capacidad rectora del estado sobre el sistema financiero, otorga autoridad moral en plena campaña electoral a un hombre como Bernie Sanders, quien desde hace años había señalado con claridad los riesgos ahora devenidos en realidad según lo detallan las investigaciones ya mencionadas.

Para la clase política mexicana, las operaciones destapadas por estas investigaciones que involucran a empresarios coludidos con el sistema político desde hace décadas, dan tela de que cortar al más claro aspirante de la izquierda mexicana a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyos señalamientos sobre los contubernios entre políticos y empresarios hoy parecen encontrar un agente propagandístico en los hechos relatados por los Panamá Papers.

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