Julio Santoyo Guerrero
Contrarreforma ambiental
Lunes 3 de Julio de 2017
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Mientras las leyes ambientales eran laxas y no tenían dientes, manos ni pies, y las actuaciones de defensa ambiental se perdían en la burocracia, los capitalistas que invertían en la compra de predios para hacerles cambio de uso de suelo y dedicarlos a cultivos altamente rentables vivían en bonanza, era el estado perfecto para hacer negocios.

Durante el boom del aguacate ilegal (el aguacate cultivado en tierras forestales) esta fue la plataforma institucional que aplaudieron los ecocidas y que rogaron que jamás terminara para dar cumplimiento a su demencial sueño de convertir todos los bosques de coníferas en flamantes y prósperas huertas aguacateras. En muchos casos trascendió que hicieron llegar recursos para financiar las campañas de diputados, presidentes municipales y senadores para asegurar lealtades desde los órganos de gobierno y proteger su rapacidad ambiental.

En la LXXIII Legislatura fue presentada en meses pasados la iniciativa para determinar el delito de ecocidio, que debiera consensuarse y aprobarse para bien de nuestros ecosistemas.
En la LXXIII Legislatura fue presentada en meses pasados la iniciativa para determinar el delito de ecocidio, que debiera consensuarse y aprobarse para bien de nuestros ecosistemas.
(Foto: Cuartoscuro)

En agosto de 2016, la LXXIII Legislatura aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para darles dientes, pies y manos a las instituciones ambientales e iniciaran la contención de la destrucción ambiental que está ocurriendo en Michoacán. Reformas que, debe decirse, son modestas de cara a los avances que en otras latitudes del planeta ya se realizan para proteger el medio ambiente, pero que constituyeron un paso importante para detener la devastación de nuestros bosques.

Sin embargo, los malos aguacateros, los que violan la ley, los que talan anualmente once mil hectáreas de bosque para convertirlas a huertas, se han sentido ofendidos. ¿Cómo es que a ellos, los poderosos señores del dinero, se les va a impedir continuar con su obra civilizatoria de cambiar los "improductivos" pinos por los progresistas y enriquecedores aguacates? Así que han movido la fuerza de su poder fáctico, han instaurado la "doctrina Orihuela" de la muerte de los bosques por la vida del oro verde y desde el Senado, la Cámara Federal de Diputados y ahora desde la LXXIII Legislatura, conspiran afanosos para tirar la reforma de 2016 y obtener la impunidad para quienes han delinquido ocasionando ecocidio e impidiendo el derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano.

México ocupa el lugar 95, entre 146 naciones, en calidad y eficiencia de leyes y políticas para proteger el medio ambiente. De acuerdo con Forbes, en 2013 México se situaba en el lugar 20 de 21 naciones calificadas por la inversión en acciones verdes para amortiguar los daños contra el medio ambiente. El propio Inegi reconoce que nuestro país destaca con uno de los índices más elevados de destrucción ambiental, lo que le representa una pérdida equivalente al 8.8 por ciento de su Producto Interno Bruto. En el plano global México ocupa el primer lugar por especies en peligro de extinción.

Esta es nuestra dramática realidad pero al diputado local Roberto Carlos López García le interesa más tener contentos a los ecocidas y a los Orihuela que proteger la biodiversidad michoacana. Su iniciativa de contrarreforma, que no debe pasar, es una descarada acción para proteger a la delincuencia ambiental organizada y para otorgarles impunidad. En la LXXIII Legislatura fue presentada en meses pasados la iniciativa para determinar el delito de ecocidio, que debiera consensuarse y aprobarse para bien de nuestros ecosistemas; sin embargo, parece que duerme (explicable o inexplicablemente) el sueño de los justos. Ya se verá si el resto de los diputados y la sociedad permitimos la contrarreforma ambiental o exigimos que se reconozca y castigue el delito de ecocidio.

Michoacán merece legisladores comprometidos con el medio ambiente, no cómplices de la destrucción ecocida que está precipitando a nuestra entidad al colapso. No necesitamos una contrarreforma, necesitamos leyes más puntuales que contribuyan a la sustentabilidad ambiental.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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