José Padilla Alegre
EL DERECHO Y SUS GLOSAS
La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado
Sábado 1 de Julio de 2017

Para Cinthia, Diana Paola, Roxana y Édgar Onofre, que hoy comienzan una estancia académica en Colombia.

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Diputado Mario Armando Mendoza.
Diputado Mario Armando Mendoza.
(Foto: Carmen Hernández )

Los problemas económicos del Congreso del Estado, de los que dieron cuenta los medios de comunicación hace aproximadamente un mes, por el requerimiento de pago de varios laudos en contra del Poder Legislativo, me hacen recordar la expresión utilizada por un ex presidente del Tribunal Burocrático un día, del que no recuerdo su fecha pero de la administración gubernamental del maestro Godoy, donde en esa ocasión le estaban requiriendo al presidente alguna información respecto de la cantidad de dinero que por concepto de laudos que existían en contra de la administración pública estatal, por lo que dicho funcionario urgía a su secretaria para que le llevara “la carpeta azul”; no me enteré cuál sería la cantidad de dinero, pero desde entonces trato de imaginar qué cantidad se les adeuda a los trabajadores despedidos de gobierno del estado y de los ayuntamientos que se requiere guardar el dato en una carpeta.

Para dimensionar este problema nos debe servir de referente una declaración a Grupo Marmor del 24 de julio de 2016 por parte del anterior presidente del Tribunal Burocrático, quien admitía que los ayuntamientos michoacanos tenían adeudos por unos 330 millones de pesos por laudos perdidos frente a trabajadores que fueron despedidos injustificadamente. Explicaba en aquella ocasión el licenciado José Miguel Jiménez Martínez que muchas de las veces los ayuntamientos hacen caso omiso al cumplimiento de estas órdenes de carácter administrativo, lo que al paso de los años se traduce en laudos millonarios y que existen requerimientos económicos pendientes de cumplir desde 2008.

Ahora analicemos algunas situaciones que no estaban contempladas en la cantidad anterior para tratar de saber en cuántos millones se habrá incrementado. Tratando de encontrar la respuesta veamos cinco casos.

1- Congreso del Estado, Morelia. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 2015, en una nota de El Sol de Morelia, de Erandi Torres Martínez, señalaba que se gastarían alrededor de seis millones de pesos para el pago de laudos laborales que ganaron en tribunales ex empleados que demandaron en su momento a este Poder. Siendo los laudos en promedio sobre un millón 200 mil pesos.

No sabemos cuánto gastó en 2016, pero en este año (2017), en abril, ya traía un requerimiento de al menos 20 millones de pesos.

2- Ayuntamiento de Tzintzuntzan. Desde febrero de este año la administración de este municipio les adeuda a 23 trabajadores por un procedimiento iniciado en 2011, resuelto apenas en este 2017, ocho millones de pesos más salarios caídos por cada día que se incumpla con el laudo, tocándoles a cada ex trabajador aproximadamente 350 mil pesos.

3- Secretaría de Educación en el Estado. Por la nómina y el número de empleados y la cantidad de problemas resulta difícil de cuantificar.

4- Ayuntamiento de Charo. Debe casi cuatro millones de pesos a doce trabajadores, destacando el adeudo a un ex asesor por un millón de pesos y a una trabajadora anda rondando el adeudo a estas fechas por medio millón de pesos, y siguen corriendo los salarios caídos, siendo en promedio 320 mil pesos para cada trabajador.

5- Ayuntamiento de Morelia. En julio 2016, según una nota de Provincia firmada por Rosamaría Sánchez Rincón, el gobierno municipal de Morelia enfrenta un total de 19 laudos laborales heredados, que representan una contingencia superior a los trece millones de pesos, confirmó Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario de Administración de la comuna capitalina, y la circunstancia que no se hayan generado en esta administración no significa que puedan ignorarlos, en este caso le corresponde aproximadamente millón y medio a cada trabajador. Lo anterior suma 51 millones de pesos.

Pero, ¿por qué esas cantidades tan considerables?, y ¿ese acumulado millonario cuando menos en la muestra presentada? Las razones son muchas desde la inestabilidad laboral en ayuntamientos y administración pública, lo que permite en cada cambio de gobierno despidan a los que están laborando para poner a los incondicionales y cubrir pago de cuotas de campañas, sobre todo cuando se da la alternancia de partidos, fenómeno que también se presenta en el propio Tribunal Burocrático.

Ahora mismo, desde la llegada del actual presidente (17/10/2016) a la fecha hay más personal contratado que los ocho que fueron despedidos a principios de año, otro motivo es que cuando ya está el conflicto laboral en el Tribunal, en lugar de buscar la solución a través de la conciliación hacen oposición al procedimiento para que al resolver le toque a la siguiente administración el pago sin importarles los salarios caídos que son un acumulado por todo el tiempo que dure el incumplimiento y a la administración que le toca recibir el laudo hace lo mismos, pero ahora a través del amparo con el propósito de que sea hasta la siguiente administración la que cubra dicho importe, una más de las razones es que el Tribunal no cuenta con suficientes dictaminadores y expedientes citados para laudos traen un atraso de cuando menos cinco años. Imagínese, amable lector, están resolviendo ahora asuntos de 2012 y algunos de 2013.

Otro motivo para que se eleven las cantidades por encima de lo laudado lo constituye la falta de fuerza legal –coercitividad– de la ley para cumplimentar por parte del Tribunal sus propias resoluciones; en efecto, el órgano jurisdiccional carece de determinaciones, por lo que no emite medidas coercitivas y sólo se ciñe a simple requerimiento, y si no se da el pago ordena el embargo, que casi nunca se realiza, sin explorar la gran gama de posibilidades que hay, como intervención de la caja de la Tesorería, embargo de las cuentas bancarias ya del gobierno del estado o de los ayuntamientos, e incluso de la intervención de las participaciones federales o municipales, dependiendo del demandado, situación que vulnera el artículo 17 constitucional ya que con autos que no autoriza este tipo de medidas más inmediatas y eficaces, impide el acceso a la justicia; pese a que la Corte ya se ha pronunciado en diversas ejecutorias en ese sentido, de ahí que se aumente la tortuosidad del procedimiento laboral burocrático cuando se tienen que promover diversos amparos para que un juez federal obligue al Tribunal a requerimientos efectivos para cumplir con el laudo y por ende con el acceso a la justicia.
Por lo tanto, la ley de los trabajadores al servicio del estado y los municipios requiere una reforma en este apartado. Un ejemplo digno de adoptarse es el del Código de Justicia Administrativa, que señala medios de apremio consistentes en requerimiento, multa directamente al salario del funcionario y la destitución del personal o funcionario omiso.

Expediente de varios. Sistema Nacional Anticorrupción. La noticia sin duda de la semana es la información publicada por el influyente periódico estadounidense The New York Times cuando señala que el gobierno mexicano estaría espiando, entre otros, a activistas anticorrupción; en lo que parece una trama de película del genero thriller, donde el responsable aparente –el gobierno– no lo es, sino que se trata de un funcionario acucioso de alto nivel que queriendo quedar bien con su jefe autorizó la compra para indagar la vida de periodistas incómodos para el sistema, de activistas de derechos humanos y desde luego de activistas anticorrupción, y ese eficiente funcionario apunta al entonces procurador Murillo Karam, y claro, la actual administración, si tiene esos aparatos que le permiten indagar vidas y actividades, bueno, pues los pone en uso con los resultados ya descritos, por si no fueran pocos los desaciertos de la administración pública federal o será para que no descubran a Enrique Peña Nieto o a su esposa en otro acto de corrupción o a los integrantes de su gabinete. Veremos en qué termina este lance.

Sistema Estatal Anticorrupción. El diputado Mario Armando Mendoza, ante empresarios de la Coparmex, el jueves de esta semana, hablando del sistema anticorrupción se comprometió a que en la designación de los cinco integrantes del Comité Ciudadano y del fiscal Anticorrupción no habrá cuotas de partido, pero le pidió a la sociedad civil no ampararse en grupos partidarios para alcanzar esas posiciones ciudadanas, ya que la selección de quienes habrán de cumplir ambas funciones serán a través de una convocatoria abierta y transparente para captar los mejores perfiles, y que en el caso del fiscal los exámenes serán públicos y en ambos casos los perfiles son ciudadanos y no políticos.

Por lo que ve a la legislación, se comprometió ante el gremio patronal que antes de que entre en vigor el Sistema Nacional (18/07/17) quedará conformado el paquete de leyes del sistema anticorrupción para el estado, ya que a más tardar el 12 de julio habrá una nueva Ley Orgánica del Estado, la Ley de Fiscalización y el Código de Justicia Administrativa será adicionado con el apartado anticorrupción.

padillaalegre@hotmail.com

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