Leopoldo Chassin Ramírez
La palabra andante
Sigue el fast track en la Universidad Michoacana
Lunes 26 de Junio de 2017

Es hablándonos no matándonos como habremos de entendernos.

Melchor Ocampo.

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Ya se ha hecho costumbre que el Consejo Universitario y quienes lo han encabezado incumplan la Ley Orgánica en lo referente a lo que establece el capítulo III y los artículos 4 y 5, a los que haremos referencia en su oportunidad.

Como deberíamos saber, el Consejo Universitario recién aprobó la semana pasada el “Reglamento del proceso de ingreso para cursar los niveles medio superior, técnico superior universitario y licenciatura”, que en opinión de algunos académicos, empleados y estudiantes, se ha convertido en un instrumento que violenta las garantías individuales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aspecto de una Sesión de Consejo Universitario
Aspecto de una Sesión de Consejo Universitario
(Foto: Carmen Hernández )

El actual rector de la Universidad Michoacana y el Consejo Universitario, tratando de sustentar su actuar en la Ley Orgánica, declaran en el escrito que aprueba el reglamento lo siguiente: “Doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 22 fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, en conjunto con la Comisión Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la Universidad, y con fundamento en los artículos 1 y 5 fracción I del mismo ordenamiento...”. De igual forma, en el mismo escrito se lee: “El H. Consejo Universitario, como máxima autoridad de la Casa de Hidalgo y de conformidad con el artículo 12 fracción I, tiene atribuciones para: expedir y modificar el estatuto universitario, los reglamentos, normas y disposiciones generales, inherentes a la organización y funcionamiento de la Universidad”.
Omitieron el capítulo III, veamos.

La transgresión



La Ley Orgánica, en el capítulo III “De los fines”, establece en el artículo 4 que: “La Universidad tiene como finalidad de servir al pueblo... que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales. Las actividades que realice la Universidad estarán encaminadas a estimular y respetar la libre expresión de las ideas... a alentar en su vida interna y en la proyección hacia la sociedad, las prácticas democráticas, como forma de convivencia y la superación social”.

En el artículo 5 se lee: “Para el logro de sus fines, la Universidad deberá: 1) Formar profesionistas, técnicos, profesores universitarios, investigadores y artistas... inculcarles un acendrado espíritu de justicia y solidaridad con todos los pueblos que luchen por su libertad e independencia”. Se presupone que también el nuestro.

Es evidente que en lo referente a las atribuciones de rector y Consejo Universitario, ambos transgreden lo que se estipula en los artículos 4 y 5, pues en ningún momento se puso a consideración de la comunidad universitaria, el nuevo ordenamiento, violentando así las prácticas democráticas, la justicia y solidaridad.

Los “representantes” de profesores, alumnos y director que conforman el Consejo Universitario, suplantaron la voz de los que dicen representar, sepultaron la democracia, convirtiéndose en sí en una calca de lo que hacen diputados y senadores.

El reglamento



El cuerpo del nuevo reglamento contiene asuntos que violentan las garantías individuales establecidas en las Constitución federal y estatal, como también el espíritu de lo establecido en el capítulo III de la Ley Orgánica.

En el artículo 4 del reglamento se lee.

“El proceso de ingreso integra los siguientes elementos: I. Determinación de la capacidad de la oferta educativa de la Universidad”.

Una de las razones por las que la UM permaneció cerrada por once semanas fue el argumento nunca mostrado por la autoridad universitaria de la falta de espacios en diversas facultades. No se mostró con antelación el número de espacios disponibles y mucho menos el registro histórico de estudiantes aceptados en años anteriores. ¿Y el hablándonos y no matándonos de Melchor Ocampo?, ¿y la transparencia cuándo?

En los artículos 13 y 14, se trata lo referente a la capacidad de la oferta educativa que cada Consejo Técnico determinará. La información sobre oferta educativa de cada facultad no está disponible en los sitios de la UM. ¿Cuántas secciones o grupos se redujeron el presente ciclo escolar?, ¿y la transparencia, pa’cuándo?

El colmo es lo que establece el artículo 25 del reglamento.

“La Universidad negará o cancelará el registro o inscripción de cualquier aspirante o alumno que incurra en alguno de los siguientes supuestos:

“I. Realizar actos que tiendan a debilitar los principios básicos de la Universidad, y las actividades universitarias”. ¿Y los de la autoridad?

“II. Incitar o participar en desórdenes que originen la suspensión de labores universitarias o que pongan en peligro el prestigio de la Universidad.

“III. Realizar actos que afecten el honor y la moralidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

“IV. Hacer uso de cualquier tipo de violencia en contra de cualquier miembro de la Universidad o del patrimonio universitario”. ¿Y la autoridad que derribó rejas en el pasado conflicto?
“V. Proporcionar información falsa o hacer uso de cualquier documento apócrifo”, ¿y cuándo no se proporciona la información?

“VI. Haber sido expulsado definitivamente de alguna otra institución educativa del país o del extranjero”. ¿Y si es disidente de una dictadura?

Al leer lo que dice el Santo Oficio en su artículo 25, el corazón se encoge, pues se percibe el odio que esconden los que tratan de imponer su pensamiento único y en contra de los que pretendan afectar su estado de confort. Hidalgo, Morelos, Ocampo hubieran corrido la misma suerte si se les aplicara lo expuesto en los incisos anteriores.

Los principios básicos de la Ley Orgánica que se establecen en el capítulo III “De los fines”, quedan sepultados por la máxima autoridad ante lo expuesto en el artículo 25.

¿Qué fin tendrán los cientos de estudiantes que se manifiestan para exigir un espacio en la educación pública?

Imagine el caso de un estudiante que haya sido expulsado, digamos, de alguna de las universidades que hoy están en lucha en la defensa de la gratuidad o en contra del autoritarismo ¿Castigarán a los estudiantes de la UM que exigen la gratuidad?, ¿y quién castiga a la autoridad que viola las Constitución del país y del estado en cuanto a la gratuidad?

Esto recuerda cuando en los años 80 del siglo pasado, en la Normal Superior que estaba centralizada en el Distrito Federal, se exigía a los estudiantes de nuevo ingreso firmar un documento donde se comprometían a no participar en actividades disidentes, con lo que conculcaban sus derechos políticos porque, según las autoridades, representaban un peligro.

Para rematar, las autoridades son “el juez y la parte”, es decir, los que elaboraron el reglamento serán los mismos que juzgarán. ¿Justicia?

Y si aplicáramos la justicia, ¿qué fin tendrían los funcionarios de la UM que destrozaron puertas y rejas de la UM?

Sobre el autor
Leopoldo Chassin Ramírez Profesor de medio tiempo de la UMSNH Colaborador de Cambio de Michoacán desde 1997 Inconforme social Simpatizante zapatista desde 1994 Utópico empedernido Amante de la tradición
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